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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo resolverán dudas acerca de los derechos de los segundos ocupantes y los terceros intervinientes en Putumayo.

En lo corrido del 2019, la entidad ha adelantado en el departamento las respectivas tareas de orientación a cerca de 40 personas que han sido reconocidas como terceros intervinientes en municipios como Orito y Puerto Asís.

Mocoa

A través de la mesa bilateral que se ha desarrollado en dos oportunidades en Putumayo, y atendiendo a una acción conjunta entre la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), están siendo adelantadas acciones para resguardar los derechos de las comunidades y los solicitantes.

La Magdalena* es una vereda ubicada en Orito, región en la que se encuentra el predio reclamado por  Felipe Jojoa*. Hace 17 años fue desplazado de su tierra debido a presiones ejercidas por grupos ilegales que operaban en la zona. Jojoa es uno de los 2.305 solicitantes de restitución, cuyo proceso se encuentra vigente.

Su caso, al igual que otros 300, cuenta con una variación: actualmente, sus tierras están habitadas por varias familias. Por esta razón, funcionarios de la Unidad les han presentado las herramientas estatales existentes, para que puedan actuar como terceros intervinientes. Así mismo, han sido identificados los habitantes que se encuentran implicados en el proceso.

Acto seguido, aquellos casos inscritos que tienen terceros intervinientes son identificados y remitidos a la Defensoría del Pueblo que, de acuerdo al estudio realizado a los mismos, define el número de familias que serán representadas en los estrados judiciales por el órgano de control.

En Putumayo, más de 700 casos han sido presentados ante los jueces y 14 opositores han sido reconocidos como segundos ocupantes, convirtiéndose en beneficiarios del proceso.

Si desea conocer al respecto o se encuentra en un proceso de restitución, el próximo martes 20 de agosto la directora encargada de la Unidad de Restitución de Tierras en Putumayo, Catalina Delgado; y el un delegado  de la Defensoría  del Pueblo, en Putumayo estarán al aire en la emisora La Primera Estéreo 107.3 FM, a las 6:30 de la mañana, para responder las dudas de quienes atraviesen un proceso de restitución como opositores o terceros intervinientes.

* Nombres cambiados.

Rescatado en el rio Amazonas el científico Manuel Elkin Patarroyo

En la foto el científico Manuel Elkin Patarroyo y sus acompañantes

Mocoa/Colprensa

Por: German Arenas Usme

En la noche de ayer sábado  Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas sobre el río Amazonas, la Armada de Colombia logró el rescate del científico Manuel Élkin Patarroyo y tres ciudadanos colombianos, quienes se encontraban en actividades de investigación.

Según lo informado a la Agencia Colombiana de Prensa (Colprensa) por el general Sergio Alfredo serrano, comandante de la Fuerza naval del Sur, con base en Leguizamo Putumayo,  la motonave, en la que se transportaba el doctor Manuel Elkín Patarroyo, el profesor Hernán Roldán de la universidad Nacional, una colaboradora y el piloto de la embarcación; habría quedado a la deriva, luego de que al parecer se presentaran fallas técnicas del motor, a la altura de Puerto Nariño (Amazonas), lo que obligó a los tripulantes, al percatarse del siniestro, a establecer comunicación con el Comando de Guardacostas del Amazonas, que de inmediato, activó una operación de búsqueda y rescate, y permitió la ubicación de la motonave y sus ocupantes, quienes fueron auxiliados y conducidos, sanos y a salvo, hasta el muelle “Victoria Regia”, de Leticia.

El general Serrano, indico que las labores de rescate se efectuaron hacia las 12 de la noche, donde personal de Guardacostas del Amazonas, recibió al doctor Patarroyo y a sus acompañantes, para luego realizarles una valoración médica y verificar que no tuvieran ningún tipo de complicación de salud.

Por su parte Patarroyo, agradeció a los miembros de la Armada de Colombia por el rescate, y por las labores que desarrolla la institución protegiendo los ríos y costas, en el sur del país.

Los rescatados fueron trasladados en la mañana de este domingo a la ciudad de Leticia, donde tienen su base de operaciones científicas comento una fuente oficial cercana al científico.

Los indígenas y sus líos de tierra en el Putumayo

En la foto: resguardo Buena Vista, comunidad Siona/URT

Mocoa/Colprensa

Por: Germán Arenas Usme

Desde hace mucho tiempo las comunidades Siona y Nasa, en el selvático departamento del Putumayo al sur de Colombia,  han sido víctimas del conflicto armado, viven en condiciones vulnerables y comparten territorio en Puerto Asís bajo Putumayo. La primera acudió a la justicia transicional para lograr la ampliación y restauración de su resguardo, pero el proceso se estancó porque la segunda se encuentra en parte de su terreno y busca titulación. No obstante, tras superar intentos fallidos, lograron un convenio para superar sus diferencias.

El jueves 21 de marzo del 2019 se realizó en el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Mocoa una audiencia de conciliación de controversias interétnicas que permitió desencallar la solicitud de los Siona, pues, aunque los dos pueblos comparten territorio desde hace 40 años, existe controversia por una zona.

Los orígenes de esta historia se remontan al arribo de nueve familias Nasa al Putumayo, que abandonaron sus tierras huyendo de los embates del conflicto armado en el departamento de Cauca. Los mayores Siona de esa época aceptaron la llegada a su espacio ancestral de los caucanos desplazados, quienes, con el paso del tiempo, se fueron organizando y constituyeron su propio cabildo, inscrito ante el Ministerio del Interior.

Tras ser expedida la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el resguardo Buenavista, del pueblo Siona, solicitó la ampliación y otras medidas. Sin embargo, como en su interior está asentada la comunidad Nasa, se convocó a la audiencia de conciliación.

Esa instancia fue creada a la luz del Decreto Ley 4633 de 2011 que regula la Ley de Restitución de Tierras para los pueblos indígenas, el cual estableció que cuando dos comunidades tienen intereses sobre un mismo sector, deben resolver esa controversia en el marco de su derecho propio y sus costumbres.

Para este caso, la jueza convocó el incidente de conciliación para el pasado 21 de marzo, en vista de que las comunidades no pudieron ponerse de acuerdo durante la fase administrativa del proceso, cuando la Unidad de Restitución de Tierras recaba la información para presentar la demanda, ni el pasado mes de diciembre cuando llamó por primera vez a las partes para tal fin.

Por esa razón, la del jueves 21 de marzo fue la última oportunidad que tenían los Siona y los Nasa para lograr un acuerdo, porque la norma sólo permite aplazar dicha audiencia una vez. De no llegar a buen puerto, las diferencias las resolvería la togada, quien dio tres meses a las autoridades tradicionales para que consultaran a sus comunidades y formularan un principio de conciliación.

Y en la tercera ocasión hallaron un punto de encuentro. Acordaron la cesión de un área para que los Nasa formalicen su territorio, luego de que un topógrafo establezca un polígono tras realizar un recorrido con la Guardia Indígena y las autoridades de cada comunidad, excluyendo los lugares que son considerados sagrados para los Siona.

La juez especializada aceptó ese principio de acuerdo y dio plazo hasta el  31 de mayo para que un topógrafo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) acompañe a las comunidades en la delimitación del territorio ancestral Siona que pasaría a ser Nasa, como tal sucedió.

“El acuerdo al que llegaron las autoridades fue bajarle a la línea que los Nasa estaban pidiendo como resguardo, sacando esos sitios espirituales de los Siona. Se pusieron de acuerdo con hitos geográficos y referencias por ríos”, explica una persona que conoce las dinámicas de la región, quien agrega que “parte del acuerdo territorial es reconocer el arraigo con el territorio que tienen los Nasa; reconocer una defensa conjunta del territorio en contra de la actividad petrolera y extractiva; y la recuperación de ese territorio que ha sido fuertemente golpeado por la coca”.

Ese principio de acuerdo evitó que la magistrada estableciera esos límites, lo cual hubiera podido generar tensiones entre las dos comunidades al afectar el uso del territorio y las tradiciones de cada comunidad. Y, de paso, desencalló un proceso que no avanzaba desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la formalización de ese sector beneficiaría a los Nasa por cuanto destraba las medidas cautelares que fueron emitidas a favor de los Siona en el proceso de restitución de tierras. Además, como explica un investigador que le hace seguimiento a esos casos, si la togada valida el acuerdo de cesión ancestral, la ANT tendría que constituir el resguardo de los indígenas originarios de Cauca sobre el polígono que las comunidades acordaron.

En la foto: Indígena comunidad Siona Putumayo

Invitado no deseado

Los indígenas Siona también esperan que la futura sentencia de restitución permita el retorno de sus desplazados a la comunidad y librarse de las minas antipersonal que fueron instaladas en su territorio. Foto tomada de la página web de la Onic.

Más allá de ese importante principio de acuerdo, la audiencia del jueves salió a la luz pública por una alerta temprana que emitió el resguardo Buenavista del pueblo Siona, pues la empresa Amerisur Exploración Colombia, que figura como parte opositora del proceso de restitución de tierras, acudió a la audiencia de diálogo entre las dos comunidades.

Esta compañía petrolera, filial de la británica Amerisur Resources plc, adelanta exploraciones petroleras en el llamado Bloque Platanillo de la cuenca del río Putumayo, y es cuestionada por no cumplir cabalmente con el requisito de la consulta previa con comunidades étnicas, que exigen las normas colombianas y el Convenio 179 de la OIT.

En el documento que las autoridades Siona le remitieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Presidente de la República y a diferentes entidades estatales, denuncian que la empresa petrolera Amerisur invadió escenarios propios de resolución de controversias interétnicas consagrados en la ley.

“La presencia unilateral, arbitraria y violenta de la Empresa Petrolera Amerisur en un espacio de confianza que sólo le compete a las autoridades étnicas, ratifica su actuar indebido y de mala fe que irrespeta el Gobierno propio y presiona a los pueblos indígenas a entablar un diálogo para simular procesos de acercamiento, desconociendo los mandatos de las autoridades que han reiterado en diferentes espacios, propios e institucionales, el rechazo de la explotación de hidrocarburos dentro de su territorio ancestral e incumple con las Medidas Cautelares otorgadas al territorio ZioBain del Resguardo Buenavista por el Juzgado de Restitución de Tierras”, criticó esa autoridad ancestral.

Asimismo, señaló que el Juzgado de Restitución de Mocoa convocó a la petrolera a la audiencia de conciliación, desestimando la petición de exclusión de ese opositor que realizó la Unidad de Restitución de Tierras dos días antes de que se celebrara. Finalmente, por petición del Gobernador de Buenavista, de su defensa y de la Procuraduría General de la Nación, los representantes de la empresa se retiraron de la diligencia judicial.

A pesar de que los apoderados de la petrolera abandonaron el Juzgado, el resguardo considera que ese evento produjo un “intercambio de argumentos que generaron tensión y desconfianza en la institucionalidad”; y en su alerta temprana reiteró “que los actos de la Empresa Amerisur Colombia constituyen una agresión sistemática y revictimización del Pueblo indígena Siona del Resguardo Buenavista, hostigando a las autoridades étnicas a entablar diálogos que han sido rechazados en diversos espacios”.

Al respecto, un funcionario que conoce los pormenores del caso, recuerda que la Corte Constitucional expidió la sentencia C-404 de 2016, en la que estableció que son ilegales los ejercicios de conciliación con opositores en el marco de procesos de restitución de tierras, y cuestiona la convocatoria de la empresa a una audiencia de conciliación en la que sólo debían estar los Siona y los Nasa.

Asimismo, aclara que el Decreto Ley 4633 sí permite la conciliación entre comunidades indígenas y que los Nasa no llegan al proceso como un opositor, sino como un pueblo al que el Estado también le tiene que respetar su cosmovisión y mirada diferencial del territorio: “Llegan como víctimas del conflicto y también como autoridades étnicas. Por eso se permite el ejercicio de derecho propio, de acuerdos entre autoridades indígenas. No se entiende cuál era el papel que se le quería dar a Amerisur en una audiencia de conciliación de controversias”.

Por otro lado, el resguardo Buenavista también expresó su preocupación y recordó que “ha denunciado el continuo hostigamiento y presión al que la empresa Amerisur Exploración Colombia nos ha mantenido sometidos en su pretensión de avanzar en la implementación de actividades de exploración y explotación de los proyectos PUT 12 y PUT 9, desconociendo nuestro derecho a la autodeterminación, violentando nuestras disposiciones internas y poniendo en riesgo nuestra integridad física, cultural”.

Además, la empresa ha sido cuestionada en diferentes ocasiones por la manera como realizó la consulta previa que permitió la exploración de recursos petroleros en la región; y los indígenas también han alertado por los daños ambientales de su operación, como lo denunciaron en noviembre de 2016 y el pasado mes de febrero. (Leer más en: Los pueblos indígenas buscan ‘freno’ a la explotación de su territorio)

De ese modo, la nueva alerta temprana termina con un llamado de atención para que se “tomen las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en el trámite de restitución de derechos territoriales, así como la protección de nuestra vida, libertad e integridad étnica y cultural”. Y así, como sus ‘hermanos’ de la comunidad de Tëntëya, ubicada en el vecino municipio de Orito, en Buenavista esperan que se cumplan sus expectativas de restitución. (Leer más en: Indígenas Siona ganan una batalla por su supervivencia).-

 

Entregada la calle Cesar Hoyos

En la foto. jose Castro, Angie Hoyos, Alexander Mejia

Mocoa

En un acto público el alcalde de Mocoa, José Castro, en compañía del director general de Corpoamazonia, Alexander Mejía, puso al servicio de la comunidad del barrio Esmeralda y Obrero II Etapa, la calle Cesar Hoyos, la cual fue pavimentada por la administración municipal en una alianza con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y el ejército nacional.

La pavimentación hace parte de las 13 calles que la actual administración municipal viene pavimentando dentro del contexto reconstrucción.

Jesús Jaramillo, presidente de la junta del barrio Obrero II Etapa, agradeció en nombre de la comunidad la pavimentación no solo de esta calle sino, de tres más de la localidad.

Jaramillo, señalo que hace 40 años se venía en una lucha ante las autoridades para que se pavimentaras dichas calles pero siempre había como respuesta un no rotundo bajo el argumento de que no había presupuesto para tal fin. “Hoy tenemos que decirle gracias alcalde José Castro, porque escucho el clamor de los habitantes del barrio y de otros que se benefician de la pavimentación.

Los mismos residentes del barrio le solicitaron al mandatario local que continúe con la mejora de otras calles adyacentes.

Calle ,Cesar Hoyos

La vía fue bautizada como la calle Cesar hoyos, en honor a un trabajador de Corpoamazonia que por más de 20 años se desempeñó como el conductor de la dirección general de la corporación ambiental Corpoamazonia.

“No es un homenaje individual sino, colectivo para todos los hombres y mujeres que perdieron la vida en la avalancha del 1 de marzo del 2017 que enluto a más de 350 familias en Mocoa, entre ellas varias de la corporación”. Argumento Luis Alexander Mejia bustos, director general de Corpoamazonia.

Angie Hoyos, hija de Cesar, recibió la placa que reposara a un lado de la vía, como un homenaje a ese ser, servicial que siempre estuvo dispuesto en ayudar a sus compañeros y amigos y que con una sonrisa a flor de labio desbordaba de alegría sin importar el momento ni las circunstancias.

“Mi padre siempre estará vivo entre nosotros, porque a las personas que siempre se le recuerda para bien nunca morirán en la memoria que tuvieron la oportunidad de compartir con él”, manifestó Angie, con una sonrisa heredera de su padre.-

 

 

 

El Fondo Colombia Sostenible amplía plazo para convocatoria de proyectos estructurados en Putumayo

 

El Fondo Colombia Sostenible amplía plazo para convocatoria de proyectos estructurados en Putumayo, Caqueta y Nariño/Colprensa

Puerto Asís/Colprensa

Por: German Arenas Usme

El Fondo Colombia Sostenible anunció una modificación a los términos de referencia de la Convocatoria de Proyectos Estructurados para los 41 municipios donde avanzan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los departamentos de Putumayo, Caqueta y Nariño.

Así lo refirió el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en su más reciente visita al departamento del Putumayo, el pasado 8 de agosto.

Según el consejero Archila, las nuevas fechas de radicación de las propuestas son los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de agosto de 2019 en Mocoa (Putumayo), Florencia (Caquetá), Pasto y Tumaco (Nariño), en las sedes regionales de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Es requisito indispensable que los proyectos estructurados se presenten en medio impreso debidamente foliado con sus respectivos anexos y en medio magnéticos (CD o USB).

Es de recordar que el propósito de esta convocatoria, la cual es financiada con recursos donados por los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, es promover estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental, que beneficien mínimo a 65 familias por cada proyecto, a fin de proteger el capital natural y mejorar los ingresos de la población rural.

Algunos de los proyectos agropecuarios sostenibles que pueden aplicar son los sistemas agroforestales, piscicultura y ganadería sostenible, entre otros; y negocios verdes no agropecuarios como ecoturismo, aviturismo, turismo de aventura y los productos provenientes del aprovechamiento sostenible del bosque como resinas, aceites esenciales y colorantes naturales, entre otros.

La información puede ser consultada en el portal web www.colombiasostenible.apccolombia.gov.co

La geografía de la convocatoria

Para esta convocatoria se priorizaron 41 municipios afectados por la violencia, que a su vez registran elevados porcentajes de deforestación y conflicto de uso del suelo en tres departamentos.

Putumayo (9 municipios): Mocoa (su capital), Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Caquetá (16 municipios): Florencia (su capital), Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso.

Nariño (16 municipios): Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Leiva, Los Andes, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaute, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco.

 

Se instaló la Comisión para la Protección de los 15 pueblos indígenas del Putumayo.

 

Alberto Brunori, Representante de la Alta Comisionada de las naciones Unidas, para los Derechos Humanos.

Bogotá/Colprensa

Mediante una ponencia de Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se busca la protección de los 15 pueblos indígenas del Putumayo, que se encuentran en alto riesgo por la violación de sus derechos Humanos.

Textualmente el señor Brunori, inicio su ponencia manifestando: “Es un honor para mí, en Representación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, acompañar la instalación de un espacio interinstitucional de intercambio y concertación en apoyo a las medidas de protección territorial de los quince pueblos indígenas que habitan actualmente la región fronteriza del Putumayo, algunos de ellos desde su ancestralidad, otros que llegaron hace más de sesenta años en busca de territorios sanos y productivos y aquellos que llegaron recientemente desplazados por la violencia.

Trece (13) de estos quince (15) pueblos, han sido valorados como pueblos indígenas al riesgo físico y cultural, estos son: Awa, Korebaju, Embera, Emberakatío, Inga, Camëntsá, Kofán, Nasa, Siona, Murui, Pastos, Kichwas, Yanacona y Pijaos. Todos, a excepción de los Pastos, están explícitamente considerados como pueblos en riesgo de extinción por la Corte Constitucional (Auto 004 del 2009).  En disminución progresiva se encuentran los pueblos Korebaju, Siona y Murui .   Recientemente – año 2014-  familias desplazadas del pueblo Misack llegaron al territorio completando así los quince (15) pueblos indígenas que actualmente habitan en la región.

Y es por esta razón que nuestra Oficina desde su mandato y presencia en Putumayo –ha sugerido al Estado Colombiano una atención prioritaria a la situación de los pueblos indígenas del Putumayo, de manera directa y a través de los organismos e instrumentos internacionales relacionados como el CERD[1], el EPU[2]y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas[3]; dichas instancias han recomendado al Estado Colombiano actuar a favor de los derechos de los pueblos indígenas y han alertado sobre las afectaciones a sus derechos y garantías de pervivencia física y cultural en especial la necesidad de garantizar sus derechos territoriales.

Indudablemente tenemos que reconocer los importantes esfuerzos realizados por el Estado colombiano por garantizar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Sin embargo frente a la magnitud de los retos en este ámbito, falta todavía mucho por recorrer.

Los estándares internacionales y la Constitución Política de Colombia reconocen el derecho inalienable, imprescriptible e inembargable del derecho al territorio de los pueblos étnicos – indígenas y afrodescendientes-.  La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas insta a los Estados a establecer mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos. (Artículo 8, numeral b) y señala que “Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” (Artículo 26, numeral 2) e insta a que “Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.[4]

En este sentido, la interlocución y el diálogo técnico con las entidades responsables de la política de tierras (Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras), el dialogo con el gobierno nacional en cabeza de las carteras con mayores competencias con este caso, tales como Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de agricultura, entre otros, son decisivos.     Sin duda el Ministerio Publico como garante en representación del Estado, constituye elemento central para la incidencia a partir de la Promoción de los mecanismos legales para el reconocimiento e implementación de los procesos de protección territorial en el marco constitucional y legislativo del país.   En esta labor nos hemos acompañado y apoyado mutuamente con la Defensoría del Pueblo Regional Putumayo y agradecemos el especial esfuerzo de sus funcionarias y funcionarios por la protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos.

Finalmente, aun cuando no están presentes en este recinto, reitero mi especial saludo a las autoridades de estos quince pueblos indígenas quienes el pasado mes de mayo presentaron después de un arduo trabajo por más de 18 meses, una solicitud y propuesta de reconocimiento y protección a sus más preciadas garantías de pervivencia, física y cultural que es su derecho al territorio.  Cada pueblo a través de sus autoridades hizo entrega a las entidades aquí presentes en el nivel regional de una solicitud de protección a sus derechos territoriales a través de la Ruta Étnica de Protección, dando así la oportunidad al Estado y al gobierno colombiano, de cumplir con los deberes constitucionales y con las recomendaciones que los organismos e instrumentos internacionales han reiterado en los tres últimos años.  Estamos seguros, que esta opción representa una contribución a una solución estructural al riesgo de exterminio que estos pueblos hoy presentan”.

Gentil Duarte, quiere imponer su ley en el Putumayo

En la foto: Alias, Gentil Duarte/Colprensa

Mocoa/Colprensa

Por: Germán Arenas Usme

En diciembre del 2017 en la región selvática de Puerto Colombia, jurisdicción del municipio de San Miguel, en el bajo Putumayo en límites con el país del Ecuador,  se registró un enfrentamiento armado entre integrantes de las disidencias del frente primero de las Farc con disidentes del frente 48, dejando un saldo de 16 muertos entre los dos bandos.

Posteriormente en el mes de abril del 2018 13 estudiantes de la escuela de la vereda Alejandría jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán al norte del Putumayo con límites con el departamento del Caquetá, quedaron en medio de un fuego cruzado entre los disidentes del primero con los del 48.

De esa fecha para acá otros enfrentamientos se han registrado en menor escala pero el pasado 3 de agosto en zona rural de Puerto Asís, comunidad indígena de San Isidro jurisdicción de Piñuña Blanco, hay un fuerte enfrentamiento armado entre disidentes del primero y 48, dejando como saldo un herido y dos muertos que fueron entregados por la guardia indígena a tropas de la Fuerza Naval del Sur, quienes a su vez los transportaron hasta Puerto Asís, y dejarlos a disposición del CTI de la fiscalía general de la Nación, para su respectiva identificación, como lo informo el general Sergio Serrano, comandante de la Armada Nacional en Putumayo.

Según el análisis entregado por el ejército en el Putumayo, a través del general Yuber Aranguren, Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, el ex mando medio de las Farc que ahora es el más buscado por el Ejército  y que lidera  la disidencia del frente primero, quiere crear un ‘bloque Sur’, para lograr una coordinación con otras disidencias, bloquee la sustitución de la coca en la región y vuelva a regular la vida de los campesinos a través de las juntas de acción comunal.

En la foto: General Yuber Aranguren, comandante ejército en Putumayo

Ese embrión de una nueva guerrilla tiene entre sus planes extenderse hasta Tumaco Nariño, y absorber la disidencia “Oliver Sinesterra”, que lidero alias “Guacho”.

La coordinación

Desde que Duarte se abrió del proceso de paz a finales de 2016, volvió  a los municipios en los que por años mandó como coordinador de los frentes 7, 27 y 43 que se movían desde La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Concordia y Puerto Rico en el Meta, hasta San José del Guaviare.

Ahí “él ya tenía unas bases, un trabajo popular y un liderazgo político”, como señala un informe sobre disidencia que publico la  Fundación Ideas para la Paz, FIP.  “Por eso la disidencia de Duarte es la única que hoy tiene todas las herramientas para ser un grupo guerrillero: capacidad armada, distinción y base social.”

“Duarte quiere crear un Estado Mayor y convertirse en el jefe de las disidencias de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño. Es casi como un nuevo ‘bloque sur’”, según la misma inteligencia militar

De acuerdo con el informe ‘La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-Farc: Los invisibles’, que acaba de sacar Insight Crime estas disidencias “están tratando de reconectarse con otros elementos de las Farc en todo el país. Nosotros creemos que cuentan con unos 1000 o 1500 combatientes y milicianos”, dice el texto.

“Entre menos atención se les preste a los disidentes, más se fortalecerán las Farc ocultas y más logros obtendrán las Farccrim”, dice el informe.

“Él (Duarte) dice que lo que quiere es un proyecto nacional de guerrilla y que éste sea el epicentro de toda la coordinación”, nos dijo un excombatiente de las disidencias hoy preso en una cárcel del sur del país que pidió reserva de su identidad por su seguridad.

Para lograr esa coordinación, la estrategia ha sido repetir el mismo modelo de las Farc.

Métodos a la Farc

La disidencia de Duarte está cobrando vacunas ya no multimillonarias como las que comenzaron cobrando a mediados del año pasado, sino tal cual la misma tarifa de las Farc: siete millones al año a los ganaderos.

Una razón que puede explicar que estén cobrando menos es que, como lo señala el informe de la FIP, “le están apostando a la estrategia del prolongamiento para fortalecerse”. Y nadie va durar mucho en un sitio donde de entrada llega a cobrar millonarias vacunas.

“Estandarizaron el precio de la vacuna porque ya ven esto como una cosa a largo plazo. Uno los ve tratando de volver a ser como antes y la verdad es que aquí todo ya es como antes”, nos dijo una fuente de Puerto Guzmán.

“Están cobrando el 10 por ciento por la venta de un lote y ya hace poco anunciaron en un comunicado que van a comenzar a controlar la deforestación que porque ellos le dieron la mano a los campesinos con eso, pero les cogieron el codo”, agregó.

Antes, para ganarse la confianza de los campesinos, la disidencia de Duarte estaba dejando tumbar árboles sin restricciones en La Macarena y también en San Vicente del Caguán en Caquetá, y Mayoyoque en Putumayo lo cual hizo que la deforestación allí se disparara, como lo cita los datos oficiales del Gobierno Nacional.

Pero eso cambió. Ahora están regulando la deforestación, también al estilo Farc, poniendo topes de tala a los campesinos y les están pagando por hacerlo para ampliar los cultivos de coca.

Aparte de regular la tala, de amenazar a campesinos cocaleros y a verificadores de la ONU, también están queriendo meterse en los manuales de convivencia de las juntas de acción comunal de veredas del medio y bajo Putumayo.

Las ordenes de “Gentil Duarte”, las adopta para el Putumayo, Néstor Gregorio Fernández, alias “Iván Mordisco”, quien tiene la tarea de recoger la máxima cantidad de la producción de base y pasta de coca, y para ello debe someter a los disidentes del frente 48 hoy bajo el mando de alias “Dumar”, quien asumió el liderazgo luego del asesinato de Sinaloa, por orden de alias “Manuel”.

“Nosotros ya les hemos dicho que ellos pueden seguir con sus normas, pero que las juntas no vamos a ir a cobrar por ellos como antes lo formaban sus organizaciones sociales”, nos dijo una fuente que pertenece a las juntas de ese municipio.

Sin embargo, la coordinación que hasta ahora solo se percibía en el Sur ya parece estar llegando hacia el Pacífico.

Alias, “Dumar”, no ha permitido que sus hombres sean absorbidos por el frente primero y de allí se ha desatado la disputa territorial donde el frente primero es más beligerante  que el 48 que tiene más poder económico. “Sinaloa”, siempre se apuso a ser sometido por Duarte, Mordisco y Cadete, y de allí, la disputa territorial que hasta el momento la gana las disidencias del 48, según los análisis de varias organizaciones internacionales como la misma Insight Crime.

Comunidades enteras han sido sometidas por los disidentes tanto de un bando como de otro, donde les exigen continuar sembrado matas de coca y renunciar al programa PNIS, promovido por el Gobierno Nacional, y la erradicación manual voluntaria.

En regiones como Valle del Guamuéz, Puerto Asís  y San Miguel, los disidentes pagan anticipadamente las cosechas de la hoja de coca y están obligando a los campesinos a realizar jornadas de protestas con bloqueos viales en los corredores del tráfico de vehículos de la industria petrolera como presión para no permitir la erradicación forzada y mucho menos las fumigaciones terrestres con glifosato.

Una fuente quien pidió reserva de su nombre señalo que el 19 de julio del presente año una vereda completa del municipio de san Miguel,  fue retenida por las disidencias donde no permitieron por horas la salida de ninguna de sus casas hasta tanto ellos no los llamaran por sus nombres para advertirles que la guerrilla de las Farc esta activa y que deben de acatar sus órdenes.

En la foto: Gentil Botache Santillana alias, Gentil Duarte, el capo del narcotrafico en el sur del país.

 

Conductor irresponsable provoca grave accidente al defensor de Derechos Humanos, Alexander Africano

Mocoa

El pasado 30 de julio en momentos en que el defensor de derechos Humanos Alexandre Africano, realizaba una ciclo ruta con los clubes de ciclismo Jaguares, Leñeros, Welcome, Giant R2, desde Mocoa hasta Villagarzón, sufrió un accidente a 100 metros de la entrada al fin del mundo.

El defensor de Derechos Humanos y Líder Social se movilizaba en su bicicleta cuando un vehículo que circulaba en vía contraria lo encandiló con sus luces lo que provocó la caída de Africano. Según el mismo afectado el hecho ocurrió hacia las 7 de la noche.

Africano, manifestó textualmente: “Un vehículo me encandiló y cerró  haciéndome perder el control cayéndome sobre un hoyo de una considerable profundidad”, cito el afectado

Hoy se encuentra hospitalizado en el centro asistencial  José  María  Hernández, en Mocoa con lesiones en su rostro, brazo izquierdo, muñeca derecha y piernas.

Desde su lecho de enfermo donde se recupera en forma satisfactoria pidió  respeto por la vida en la vía a los ciclistas, que frecuentemente  son amenazados en su integridad sobre las carreteras del departamento por conductores irresponsables.-

 

Más de 17.000 víctimas podrán pedir su cita telefónica en Valle del Guamuez (Putumayo)

 Con la estrategia Gestiturno se acabarán las filas y se da un acceso directo a la atención, asistencia y reparación de los sobrevivientes del conflicto armado de la llanura amazónica, a partir de este jueves 1 de agosto. Foto Unidad de Victimas

Mocoa

La Unidad para las Víctimas territorial Putumayo implementará la estrategia de programación telefónica en el municipio del Valle del Guamuez, tras establecer los avances en la calidad de atención a los usuarios de los puntos de servicio de Mocoa y Puerto Asís.

Al poner en marcha esta estrategia se pretende mejorar el acceso a los servicios de atención, asistencia y reparación de 17.500 personas que se ubican en el Valle del Guamuez, según el Registro Único de Victimas (RUV).

Estos usuarios ya no tendrán que hacer las incómodas filas, trasladarse de un lado a otro o asumir costos adicionales, sólo deben comunicarse para programar su turno de atención a las líneas celulares 3142218387 o 3142231622 de lunes a viernes, en los horarios de 8:00 a 11:00 A.M., o de 2:00 a 5:00 P.M.

A través de la llamada telefónica podrán pedir turno para atención sobre inclusión en el RUV, solicitud de ayuda humanitaria, reparación individual, novedades de registro, solicitudes de retorno y reubicación, verificación de turno de atención de ayuda humanitaria o reprogramaciones.

Con esta iniciativa la entidad ha logrado atender a 13.215 sobrevivientes del conflicto armado en Mocoa desde su implementación en febrero y 5.634 usuarios del punto de atención en Puerto Asís desde el mes de abril.

 

 

 

El petróleo le quito la tranquilidad a la comunidad Siona, en el Putumayo

 

 

 

 

 

 

En la foto: Pueblo Siona departamento del Putumayo/URT

Puerto Asís/Colprensa

Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda. Cuenta con 33 contratos vigentes para exploración y explotación de hidrocarburos en la llamada Cuenca Caguán-Putumayo.

De ellos, 17 se encuentran en jurisdicción del departamento de Putumayo, en fase de explotación tanto el contrato 154, que corresponde al Bloque Platanillo, un área de 12 mil hectáreas ubicadas en el municipio de Puerto Asís; y el contrato PUT-9, de 49.150 hectáreas que abarcan jurisdicción tanto de Puerto Asís como de Puerto Caicedo.

Ambas explotaciones están contiguas al resguardo Buenavista. Si bien para el inicio de estas operaciones no se surtió proceso de consulta previa por cuanto no estaban dentro del resguardo como tal, la comunidad indígena Siona sostiene que desde la empresa comenzó a extraerle petróleo a la tierra, muchas cosas han cambiado para mal.

“Son varias las afectaciones. Una de ellas es la contaminación del río”, explica Sandro Piaguajé, actual gobernador del resguardo Buenavista, cuyo apellido en lengua nativa significa “gente del ají”. Y agrega: “La empresa alega que la contaminación es por la minería ilegal y los laboratorios para producir cocaína. Y no vamos a negar que en el territorio hay coca y que, para Puerto Caicedo (municipio), hay minería, pero también es cierto que hay contaminación por parte de la petrolera, que ellos han vertido residuos de sus operaciones en las aguas del río. Los niños no se pueden bañar en el río porque les puede dar enfermedades en la piel.

Para corroborarlo, autoridades del pueblo Siona solicitarán una comisión de verificación de afectaciones e impactos socio-ambientales para que tanto las entidades del sector minero-energético, como las autoridades ambientales, el Ministerio Público y las organizaciones acompañantes y garantes, visiten la zona y realicen las respectivas muestras que determinen qué tan contaminadas están las fuentes hídricas. “Aún no tenemos fechas, pero estamos en esas, definiendo para cuándo vamos a solicitar esa comisión”, expresa el gobernador indígena.

 

La cultura del Yage

La toma de yajé es parte fundamental de la cosmogonía Siona. Este bebedizo, extraído de la savia de una liana que crece en tierra, trepa por los troncos de los árboles hasta alcanzar sus partes altas, donde se ramifica, es fuente de su espiritualidad. Como señala Mario Erazo Yaiguaje, “el yajé es nuestra medicina. Es lo que nos ha permitido mantenernos fuertes, unidos, enfrentando todas las amenazas que tenemos en nuestra contra”.

Los Siona, el yajé les permite conectar los planos de mundos que nos son perceptibles por medio de los sentidos. Despeja dudas, entrega respuestas. A esta práctica ancestral y cultural agradecen, por ejemplo, el resultado más reciente que han logrado para frenar, de momento, el avance de Amerisur Exploración Colombia Ltda. Por su territorio.

Se trata de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa, proferida el 21 de agosto de 2018 en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales del resguardo Buenavista. En la medida, el Juzgado ordenó a la empresa petrolera “abstenerse, de manera inmediata, de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el bloque PUT-12”, un bloque de 55 mil hectáreas que comprende áreas de los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo y que se solapan con parte de las tierras solicitadas en ampliación.

“La empresa realizó un proceso de consulta previa en 2014, que no contó con el acompañamiento ni de la Dirección de Asuntos Étnicos (del Ministerio del Interior) ni de la Defensoría ni Procuraduría. Prácticamente lo que nos dijeron fue: ‘Venimos a notificarlos de los trabajos que vamos a realizar, no a pedirles permiso, porque alegaban, las tierras donde iban a hacer la sísmica, no estaban tituladas legalmente a nombre del resguardo”, recuerda Mario Erazo Yaiguaje, quien era gobernador del resguardo Buenavista para aquel entonces. “Pues nos tocó realizar todo tipo de acciones para oponernos a eso, porque como le manifestamos a la empresa, no queremos explotación de recursos naturales en nuestro territorio”.

Pese a la orden del Juzgado Primero, “ellos (la empresa) siguen realizando trabajos. El año pasado se metieron 1.200 metros adentro del resguardo, para abrir nuevos caminos para sus máquinas, sin consultarnos”, señala Mario.

Al momento, no es clara la postura de Amerisur Exploración Colombia Ltda. respecto a la solicitud de ampliación. Abogadas de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes representan judicialmente al pueblo Siona del resguardo Buenavista en este proceso, plantearon que “la empresa inicialmente contestó la demanda en calidad de opositor al proceso judicial. Sin embargo, este año a través de memoriales radicados ante el juez, han variado su estrategia señalando que no se oponen a la pretensión de restitución, pues les es indiferente para su proyecto petrolero quién sea el dueño del territorio”.

Con el cambio de postura, aseveraron las abogadas de la CCJ, la petrolera “ha tratado de presentarse neutral al proceso de restitución buscando ‘higienizar’ su intervención, claramente ilegal, no sólo porque las economías extractivas ahondan la discriminación histórica y estructural en la que se encuentran los pueblos indígenas profundizando las brechas de desigualdad, siendo factores conexos y subyacentes con el conflicto armado interno, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional en el año 2009; sino porque de manera expresa el Decreto Ley 4633 de 2011 señala como una modalidad de despojo la apropiación de los recursos naturales de estos territorios”.

Adicionalmente, expusieron que “cuando se trata de un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural, que se enfrenta a consultas previas amañadas, sin información suficiente ni ningún tipo de garantía, no es posible afirmar que se esté desarrollando la actividad petrolera en cumplimiento de las obligaciones de ley”.

El presidente ejecutivo de Amerisur para Colombia, Carlos Martínez, no ha dad respuesta sobre estas inquietudes planteadas por el pueblo Siona, y la violación a los Derechos Humanos en el Putumayo.

En la foto: Carlos Martínez