Corte Suprema afirma que Jimmy Díaz, causó un enorme daño patrimonial al Putumayo

 En la foto: el exgobernador Jimmy Diaz Burbano/LBM

Mocoa/LBM

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia afirmó que el exgobernador del Putumayo Jimmy Díaz Burbano, que  su presunta alianza con la minería ilegal le habría generado un gigantesco daño patrimonial a su departamento, pero hasta el momento no se ha logrado establecer cuál sería el monto de ese dinero.

Es por ello, que la Corte Suprema designó a una experta contadora, para que en un término de 15 días establezca, la realidad de esta situación.

Los daños

Díaz Burbano, quien hasta hace poco tiempo era un reconocido barón electoral del Putumayo, se enfrenta a varios cargos por minería ilegal a gran escala.

Precisamente, una de las controversias que genera su proceso es cuanto deberá pagar si al final es condenado. En ese sentido es de anotar que un peritaje ordenado por el alto tribunal señaló que esa suma era de 167 millones de pesos, mientras que los daños causados al medio ambiente eran incalculables.

Pero, ahora la misma Corte invalidó ese dictamen y ahora serán los investigadores de la Fiscalía quienes tendrán la responsabilidad de determinar la cifra.

Antecedentes

De acuerdo con la Sala de Instrucción que lo acusó de manera oficial, en 2015, cuando Díaz era gobernador del Putumayo, le dio comienzo a una relación comercial con Humberto Ramírez Leal, un comerciante en oro y de maquinaria para la explotación de este metal.

Según el reporte de la Fiscalía entregado en el marco de las investigaciones, Ramírez Leal quien es conocido como “Barbas” es el capo de las dragas, una maquinaria altamente especializada, que se utiliza para extraer el mineral de los ríos.

Esta persona fue privada de la libertad en 2016 y se comprometió a testificar contra el exgobernador Díaz Burbano, a cambio de beneficios jurídicos. Mientras tanto en el 2018, el exgobernador del Putumayo fue elegido al Congreso de la República en representación del Partido Conservador Colombiano, por lo que el caso en su contra se trasladó a la Corte Suprema y en abril de 2020 fue llamado a juicio.

Los delitos

Los delitos por lo que en este momento están siendo procesado Jimmy Díaz, son concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y recepción y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.

Es de anotar que al inicio del juicio a finales del año pasado, la Sala de Primera Instancia ordenó una serie de pruebas, entre las que estaba un peritaje que debía determinar si estos delitos causaron daños.

En el auto se lee que en caso “de ser así, las erogaciones económicas realizadas a cargo del presupuesto departamental por la Gobernación de Putumayo con ocasión de las conductas delictivas atribuidas al procesado”.

Lo que viene

En desarrollo del proceso penal en su contra, la Corte le dio quince días hábiles a una experta contadora, la cual deberá establecer a cuánto ascienden los daños que el exgobernador ocasiono con su proceder.

Sobre el particular es de destacar que entre los hechos por los cuales está siendo investigado el excongresista, aparte de las compras de oro ilegal a su socio, hay un contrato por 82 millones de pesos. El mismo fue firmado cuando él era gobernador con la Fundación Victoria Regia para “apoyo a la organización Asomicuap”, dirigida por alias “Barbas” presuntamente “para la recuperación del mercurio en el proceso de extracción de oro fino en Puerto Leguízamo”.

Lo que pudieron establecer los investigadores es que en desarrollo del mencionado contrato se les compraron a barbas, cinco máquinas Camel, especializadas en ese proceso y, por medio de la fundación se le entregaban a la asociación que encabezaba el mismo alias Barbas.

Es de anotar que el exgobernador del Putumayo, exalcalde de Mocoa y exrepresentante a la Cámara se encuentra privado de la libertad, desde el año 2019, cuando fue detenido a la salida del Congreso de la República, por la investigación que le inició la Corte Suprema en su contra, por su presunta colaboración con una organización dedicada a la minería ilegal.