Una vía que se la devora la corrupción y la manigua en el Putumayo

 

Foto: Vía Mocoa-Pitalito.

 Mocoa/LBM

 Por: Germán Arenas Usme

Periodista Investigador

 La pavimentación de la carretera Mocoa-Pitalito fue uno de los proyectos más importantes que contempla el programa “Vías para la Paz”. Del gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana.

 Se pavimentaron 60 kilómetros de la vía, con una inversión de 70.000 millones de pesos, de los cuales $5.000 millones aportará el Fondo de Inversiones para la Paz y $65.000 millones provienen de un  crédito de la Corporación Andina de Fomento.

Para ejecutar esta carretera se suscribieron 7 contratos de obra, que contaron con la debida interventoría.

Decir Mocoa-Pitalito es lo mismo que decir Mocoa-Colombia, porque esta carretera eliminará para siempre la soledad del Putumayo, comunicándose con los centros de consumo de todo el país.

(Foto) La obra fue inaugurada en el primer semestre del año 2002 por el presidente Andrés Pastrana Arango./Andres Pastrana A.

Hoy 18 años más tarde esta carretera se encuentra en el olvido, y amenazada por el deterioro por a falta de mantenimiento que paso del manejo del Instituto Nacional de Vías,  Invitas  a una firma privada que hoy se ha declarado en quiebra.

Una lucha social

Para que el Gobierno Nacional centrará la atención al departamento del Putumayo Ubicado al sur de Colombia, se tuvo que gestar una lucha social para obtener una respuesta, ya que el departamento se encontraba incomunicado con el resto del país por la falta de una carretera de buena condiciones, existía un trocha donde las personas se aventuraban transitar en buses conocidos como “Chivas”, y la poca carga que ingresaba a la región se hacía en viejos camiones doble troque.

Fue así como un grupo de personas de Mocoa decidió crear  un comité cívico pro carretera Mocoa-Pitalito que se integró el 26 de mayo de 1986. (últimos 100 días del gobierno de Belisario Betancur. Fue una etapa de gestiones e información. Con el gobierno de Barco se hicieron una, serie de foros y el propio Ministro de obras Luis Fernando Jaramillo vino a Mocoa a garantizar los recursos para el tramo que faltaba.

Pero este comité hoy 18 años después vuelve a entucar ya que el carreteable registra 44 puntos críticos los cuales requieren de una intervención inmediata que supera los 29 mil millones de pesos según Manuel Felipe Gutiérrez presidente dela Agencia Nacional de Infraestructura ANI, donde se ha diseñado un Plan Remedial del Proyecto Santana, Mocoa, Pitalito, Mocoa, y el cual tiene un plazo de 3 meses para su ejecución.

El 29 de oct. 2019, nuevamente las mujeres integran un comité de presión popular llamado C. O. I. P. La intención es integrar esfuerzos para presionar una solución definitiva al problema la vía se está acabando y las soluciones no se ven. Instauran una acción Popular contra el Inst. Nacional de vías. La demanda fue aceptada. En esta tarea integraron acciones con la defensora del pueblo y la sociedad de ing del Putumayo.

Hoy la duración de tiempo de viaje es de un promedio de 3 horas y media promedio en tiempo seco y cuando se registra invierno el viaje puede durar días como ocurrió el 17 de noviembre del 2019 donde se registraron varios derrumbes entre los kilómetros 55 al 59, y que tardó más de 5 días para habitar el paso.

Gráfica de los sitios críticos

Los tropiezos

La autopista de cuarta generación cuesta 3,87 billones de pesos. El contrato fue firmado el 18-agosto-2015.

El contrato fue firmado con el consorcio Infraestructura Vial para Colombia quien se quedó con la licitación. Sin embargo, terminó en manos de  Aliadas para el Progreso, encargada de la ejecución.

El consorcio está conformado por las firmas Carlos Alberto Solarte Solarte S.A.S (con un 62,2%), CASS Constructores –también de los Solarte– (con 30,7%) y Latinoamericana de Construcciones S.A (con 7%).

El proyecto debía comenzar a intervenir 447 kilómetros  entre Mocoa y Neiva, la construcción de un túnel falso de 400 metros en Pericongo y  dos túneles de 90 metros, cada uno, en la vía Mocoa-San Juan de Villalobos.

Además, debía iniciar la construcción 36 kilómetros en calzada sencilla, incluidas variantes en Mocoa, Villa Garzón, Puerto Caicedo (Putumayo)  y en el Huila la vía Mocoa-Bruselas-Pitalito recobraba especial atención.

Aliadas para el Progreso,  también debía acometer la rehabilitación de la vía Pitalito- San Agustín y de la variante El Juncal; un tercer carril entre Hobo-Gigante y la construcción de la variantes en Gigante, Hobo, Campoalegre y Timaná. También abarca   soluciones viales para la zona de Los Altares, Pericongo y Puerto Seco,  obras de conexión en Surabastos y el cruce hacia Algeciras.

La inversión total se fijó en tres billones de pesos de los cuales $1,5 billones costará la obra y otro aporte similar el mantenimiento.

Foto. Tramos en mal estado de la vía Mocoa-Pitalito

Cinco años después la obra quedó paralizada, entre otras razones, por los enredos judiciales del principal accionista, originados por los sobornos de la firma Odebrecht en lo que califica como un hecho de corrupción más en Colombia.

La obra quedó con un avance del cinco por ciento, según la Agencia Nacional de Infraestructura.

En febrero de 2019, la ANI inició un proceso sancionatorio por incumplimiento de algunas obligaciones contractuales. Le impusieron varias sanciones.

Sin embargo, el proceso administrativo para declarar la caducidad  por incumplimiento grave, contrario a lo anunciado por el Ministerio del Transporte y la ANI, no está en la agenda. Sólo se activó un plan remedial para enderezar el contrato y evitar la caducidad, que puede tardar varios años.

El 3 de junio de 2019 la ANI anunció un plan para reactivar el proyecto. El grupo empresarial antioqueño Ethuss estaría interesado en asumir el contrato de concesión pero nunca despegó.  El 19 de noviembre de 2019 el propio  presidente Duque anunció que  compañía CCA Colombia Corp asumiría  la ejecución de la obra.

Según el gobierno, la firma, filial de la compañía China Construction América,  estarían interesada en adquirir la compañía  Aliadas, dueña del proyecto, según la oferta vinculante que presentó. Sin embargo, se frustró  porque al comprar la compañía tendría que pagar de entrada cerca de 23 mil millones de pesos de las multas por incumplimiento, hecho que no está saneado.

Ahora se contempla la cesión del contrato, cuyo plazo venció el 30 de agosto del 2019.  Y lo más grave, Aliadas  no descarta la posibilidad de demandar al Estado.

Pero sobre el tema en los últimas meses nadie se vuelve a pronunciar y menos en los tiempos del Coronavirus.

 

 LA LUCHA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE JUSTICIA PROPIA DEL PUEBLO NEGRO.

 

 

Afroputumayenses luchan por reconocimiento de su justicia propia, Comunidades negras radicadas en Putumayo amparadas en el derecho a la igualdad, vienen recaudando las pruebas que sirvan como insumo para presentar al Congreso de la República la solicitud y que mediante un proyecto de Ley les sea reconocida su justicia ancestral teniendo en  cuenta el convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21 de 1991 y la Ley 70, que a propósito va a cumplir 27 años y aún no se ha terminado de reglamentar.

Por: Luz Mary Lame

Periodista / investigación

Este artículo hace parte de la estrategia de FEDECAP con apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.

La justicia propia o ancestral es un tema que ha venido sonando desde hace mucho tiempo entre las comunidades afrocolombianas radicadas en Putumayo (y en el resto del país), donde aunque siempre la han ejercido dentro de sus consejos comunitarios, de un tiempo para acá han querido buscar el reconocimiento ante el Gobierno Nacional a sabiendas que la comunidad indígena goza de su jurisdicción especial de justicia y reclamando el derecho a la igualdad, pero también teniendo en cuenta sus usos y costumbres, legados de los mayores, por los que la población negra ha venido luchando de manera incansable para conseguir que también a ellos se les reconozca su justicia propia afrocolombiana.

Remontándonos a la historia podemos conocer que la población afrodescendiente dentro de sus comunidades siempre ha tenido reglamentos o estatutos internos que les permite convivir en armonía y resolver los conflictos internos que se presenten entre persona, familia o grupo que pueda afectar a toda la comunidad en el buen vivir. Otro punto importante, es que los casos de justicia propia que han aplicado las comunidades negras en Putumayo han funcionado dentro de sus poblaciones promoviendo hábitos de buena conducta, para mantener la unidad y armonía  en sus territorios.

Con el propósito de lograr el reconocimiento de su justicia propia, las comunidades afrodescendientes en Putumayo, se han ido organizando cada vez más, según cuenta Arley Quiñonez, asesor de la Federación de Asociaciones por los Derechos de la Comunidades Afro del Putumayo (FEDECAP), Federación creada en el año 1996, , “en esa época la fundamos; pero como todo en su principio tiene sus dificultades, trabajamos solamente como fundación sin Cámara de Comercio ni nada, pero en el año dos mil ya nos registramos en Cámara de Comercio para iniciar con el proceso de convertirnos en la Federación de Asociaciones por los Derechos de las Comunidades Afro Putumayenses y hasta hoy sigue con el mismo nombre, lo que pasa es que en ese tiempo solo era federación de asociaciones y ahora es  Federación de asociaciones y Consejos Comunitarios y otras expresiones organizativas de las comunidades negras del departamento del Putumayo”.

FEDECAP en 1996 inició con cuatro asociaciones de distintos municipios como lo fue Orito, Puerto Limón, Puerto Caicedo y Puerto Asís hoy en día cuenta con 43 Consejos Comunitarios y 23 asociaciones afiliadas. Así mismo, en Putumayo existe también el movimiento Cimarrón que agrupa las demás asociaciones afro de esta región.

Desde el 2019, FEDECAP con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, viene trabajando en el proyecto de ‘Fortalecimiento a los Consejos Comunitarios de los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Valle del Guamuez, San Miguel y Orito, en Putumayo, en el ejercicio de su justicia propia’, desde donde los hallazgos dan cuenta de una “justicia propia afro donde se relacionan todas las prácticas y saberes que tienen los hombres y mujeres negras relacionadas con el manejo de sus conflictos internos, propios que van de la mano con la administración de los recursos de los territorios con dificultades al interior de las familias, con dificultades en el uso de los recursos comunes, en fin con una serie de asuntos que afectan de manera negativa la vida colectiva de las comunidades, a esto es lo que le llamamos justicia propia, son prácticas y saberes que están relacionadas con la dimensión cultural, la identidad pero también  con la dimensión espiritual de las personas que hacen parte de estas comunidades”.

La justicia de las comunidades afrocolombianas tiene unos principios, unas normas, unas autoridades y unos espacios territoriales donde la vienen ejerciendo a través del tiempo “lo que estamos diciendo es que este tipo de justicia ancestral son prácticas propias de las comunidades y sus territorios. En ese sentido hablamos de principios como por ejemplo el del Ubuntu que es un principio a partir del cual todos los hechos que afectan a una persona, afectan también a la comunidad y por tanto es necesario construir armonía en las personas porque eso también contribuye a la armonía en la comunidad.

También está el principio de la oralidad es decir todas las tradiciones para resolver los conflictos se trasmiten principalmente mediante la oralidad desde donde se construye la memoria de manera oral, de igual forma está el principio de aplicar justicia en un sentido igualitario, estamos hablando de una justicia de carácter más restaurativo, preventivo o compensatorio en lugar de una justicia sancionatoria.  En las comunidades las principales autoridades que imparten la justicias son las mujeres y hombres que la misma población han elegido cómo líderes podemos decir que existen reglamentos que son elaborados por las propias comunidades a partir de su cosmovisión, espiritualidad, su cultura, su tradición, su ancestralidad y son reglamentos que se derivan también del marco legal y el marco constitucional colombiano”, indican especialistas en el tema.

 También se rigen por reglamentos

La población afroputumayense en los consejos comunitarios tiene sus reglamentos internos para aplicar este tipo de justicia, ya que líderes afroputumayenses nos han dado a conocer casos que han podido resolver aplicando mecanismos  de justicia propia.

Por ejemplo Pedro Sandoval Consultivo de Alto Nivel por Putumayo cuenta cómo en su comunidad donde ya tienen un título colectivo, tienen reglas como la prohibición de  la deforestación ya sea para cultivo ilícito, lícito o ganadería extensiva lo tenemos prohibido en nuestra comunidad “Entonces nosotros tuvimos un caso hace más o menos año y medio de una persona que no acató el reglamento;  le hicimos un llamado de atención verbal, la persona no se acogió y de ahí pues se le impuso multas, sanciones que están estipuladas de acuerdo a nuestro reglamento interno y del comité de conciliación de nuestro consejo se le notificó y  por último la persona dijo que le convenía más la plata, trabajar y deforestar que tal vez seguir la tradición de nosotros que es amigable con la naturaleza, entonces tocó expulsarlo del consejo comunitario. Pero qué pasó; que con el pasar del tiempo tuvo problemas acá con grupos al margen de la Ley; y buscó que nosotros como comunidad afro volviéramos a respaldarlo, pero lamentablemente a él ya lo habíamos sacado, es decir ya se había desafiliado porque no quiso en su momento cumplir el reglamento. Este fue un caso que resolvimos; en ese orden de ideas nosotros lo que queremos con la justicia propia es buscar la manera de adoptar nuestros mismos métodos de justicia, para resolución de conflictos, pero que sea aceptada y reconocida por el Estado Colombiano”.

De igual manera lideres afrocolombianos nos han dado a conocer que en Putumayo dependiendo la región, así mismo son los reglamentos internos, por ejemplo  en el alto Putumayo lo que es el Valle de Sibundoy la geografía es muy diferente a la del medio Putumayo; por decir algo Puerto Guzmán en un gran porcentaje es netamente ganadero, entonces la cosmovisión de acá de los afros es diferente a la que tienen en el alto Putumayo que es agrícola, allá trabajan con la papa, maíz y demás, es por eso que de acuerdo a cada territorio los reglamentos internos tienen alguna diferencia y la justicia se aplica dependiendo del sector y las tradiciones de donde vengan las comunidades afrodescendientes.

 Siguen trabajando

Estas son algunas de las razones que han llevado a la población afrodescendiente a luchar por lograr el reconocimiento de su justicia propia, “nosotros venimos trabajando desde el 8 de febrero del 2019 en los municipios de Villagarzón, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito. Esos son los municipios priorizados, aspiramos que una vez aprobados nuevos recursos para continuar con el proceso, podamos integrar al Valle de Sibundoy, porque allá también hay comunidad negra presente que aunque no esté tan organizada si hay presencia”, precisó Guillermo Cortez; quien además dijo que cuando se formuló el proyecto se hablaba solamente de siete municipios PDET y después se incorporó a Villagarzón y Mocoa pero en estos momentos el alto Putumayo, no está dentro del proyecto y aspiran integrar al Alto Putumayo “para que hablemos de la justicia afrocolombiana  en todo el Putumayo, porque nuestra etnia tiene presencia en todo el departamento”.

“Cuando nosotros hablamos de justicia propia, estamos defendiendo unos derechos que los adquirimos a través del convenio 169 de 1989 aprobado por la Organización Internacional del Trabajo OIT y adoptado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991” puntualiza Guillermo.

Para finalizar es importante recordar que el pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero, ha sido invisibilizado, discriminado y estigmatizado por el color de su piel y por la condición de esclavitud en la que llegó a América, por lo que tienden a ser contratados para trabajar en tareas relacionadas con trabajos forzosos y no calificados así como mal remunerados, según nos ha contado la historia, ellos apenas tuvieron reconocimiento legal mediante el artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional, de ahí nació la Ley 70 y una serie de normas que viene reconociendo sus derechos y sus luchas, sin embargo  hay que analizar y reflexionar que la Ley 70 va a cumplir 27 años y de los 8 capítulos que contiene solamente se han reglamentado cuatro; “la comunidad debe de entender de que nosotros estamos en estos procesos no por obstaculizar el desarrollo, sino que estamos trabajando por la supervivencia como grupo etnico”, concluyó Guillermo Cortez quien junto con  los demás integrantes de FEDECAP insisten en que el Gobierno Nacional reconozca la Justicia propia afrodescendiente  para  que este tiempo de lucha haya valido la pena.

 

Niña que se suicidó en Puerto Guzmán, no fue violada

 

Mocoa/LBM

Foto: Recreación/Archivo

El pasado 6 de julio en el municipio de Puerto Guzmán Putumayo, una menor de 8 años de edad decidió quitarse la vida luego de que, según sus padres, le insistiera en querer ir al parque y no se le permitiera por temor que se contagiara de la Covid 19.

La niña se fue al cuarto y luego de eso los padres se dieron cuenta que la menor se había suspendido con una cuerda para quitarse la vida.

El hecho produjo estupor en la población como en el departamento, hasta el punto que se especuló que la menor había sido abusada sexualmente por un sujeto, o que conllevo una amplia investigación por parte de la policía judicial, fiscalía y medicina legal.

Hoy 3 meses más tarde Medicina Legal y Ciencias Forenses, emite un informe detallado donde señala que la menor no registra signos de violación ni abuso sexual en ninguna de sus partes íntimas por el cual se cae esa hipótesis.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar más a fondo sobre el suicidio de la menor.

Hay que anotar que su hermana de una edad mayor, si sufrió presunto abuso sexual por parte de un sujeto vecino de la familia y que hoy se encuentra con medida de aseguramiento en centro penitenciario en Pitalito Huila.

Según la investigación adelantada por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación establecieron que Ramón Ordoñez Ortiz, alias “El Tuerto”, en el año 2017 abuso de la menor a la cual le daba comida a cambio de su silencio.-

 

 

 

 

 

 

Ramon Ordoñez Ortiz alias “El Tuerto”

 

La tentación se viste de rosa: la ruta del “Tusi” en Mocoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusi, la nueva droga sintética en el Putumayo/Colprensa

Mocoa/LBM

Por: German Arenas Usme

@gerperiodista

Desde hace varios meses las autoridades de policía le vienen siguiéndole la pista a una banda que está encargada de la distribución de “Tusi”, conocida también como la cocaína rosada.

El pasado 30 de mayo la policía captura a dos personas en el municipio de Sibundoy cuando transportaban en un vehículo 3 gramos de “Tusi”, y otra cantidad similar de marihuana, horas más tarde un juez de Control y Garantía los dejó en libertad bajo el argumento que  era para el consumo personal.

Desde ese momento los investigadores de la SIJIN, se colocaron a la tarea de investigar la procedencia de la droga que tiene un coto en el mercado de casi 500 mil pesos gramo. Les llamó la atención que uno de los capturados era un reconocido odontólogo del Valle de Sibundoy.

Para los meses de agosto y septiembre las autoridades establecen que en Mocoa, se dispara el consumo de la droga sintética sobre todo en las fiestas Covid, o fiestas clandestinas donde asisten personas de buena posición económica y social de la capital del Putumayo.

Los sabuesos y según el coronel Francisco Gelvéz Alemán, han logrado establecer que en un motel de la ciudad organizan fiestas clandestinas en suites donde ofrecen mujeres, bebidas embriagantes y la novedad de la nueva droga; fiestas en plena pandemia no solo, en dicho motel sino, en varias fincas a las afueras de la ciudad.

Pero las pistas siguen más allá y también establecen que el consumo se están registrando en casas que han acondicionados como bares donde se reúnen varias personas a consumir alcohol y drogas, acción camuflada por ser casas de familia donde la autoridad no puede actuar.

Varias personas han sido sorprendidas con la droga en su poder pero tiene  que ser dejadas en libertad ya que no exceden los gramos no permitidos. Varios de los sorprendidos son personas que prestan servicio de domicilios lo que les da una pista a las mismas autoridades para determinar que la distribución lo hacen puerta a puerta para evadir la vigilancia de la misma policía.

Testimonio de un adicto

Siempre he sido una persona exigente con mis gustos. Quizá por eso terminé siendo adicto al ‘Tusi’, una de las drogas sintéticas más costosas que están pasando por las narices de algunas personas de Mocoa, dejando una estela de color rosado, olor a fresa y malas decisiones en las rumbas Covid de la ciudad.

Déjeme advertirle que el ‘Tusi’ o rosado, como se le conoce popularmente, no es cualquier droga. Los ‘dealers’ o jíbaros se están interesando cada vez más en la comercialización de esta sustancia psicoactiva, que toma su nombre del popular europeo 2C-B (por su pronunciación en inglés), una droga sintética que, gracias a Dios, no ha llegado al Putumayo, pero que inspiró la sustancia a base de ketamina, un potente analgésico usado en la medicina por sus propiedades sedantes y anestésicas, que consumía a $120 mil el gramo.

Desde que probé la droga me quedo gustando hasta el punto que invitaba a mis amigos más cercanos a que probaran y se pusieran en euforia junto conmigo, muchos me copiaron a ida, otros solo me dejaron.

Hoy, meses más tarde he perdido gran parte de mi patrimonio económico por culpa de la “Tentación Rosada”, hasta el punto que mi negocio se vino a pique. Un parcero un día en una fiesta clandestina me ofreció un primer pase en el baño de una discoteca de Mocoa, esa noche experimente mil sensaciones extrañas, veía a todas las mujeres bellas como reinas y me reía de ellas, decía que eran clones, fue un tremendo viaje…

Ese mismo parcero días después me ubico en mi negocio y me dijo que cuando quisiera más de aquello le escribiera por WhatsApp y le pidiera, solo le escribiera, nada de llamadas, me advirtió.

Le confieso que acá en Mocoa hay gente de una buena posición social consumiendo, hacen unos bacanales donde participan hombres y mujeres, que usted no se imagina.

Testimonio de una persona que pidió reserva de su identidad y que hoy busca rehabilitación en un centro especializado en el interior del país.

La ruta

En estos momentos las autoridades tienen grandes avances en la investigación y han determinado la ruta que están utilizando los distribuidores para ingresar la sustancia utilizando dos rutas una por Bogotá, Nieva y la segunda Cali y Pasto.

El problema de la ubicación del “Tusi”, es que por ser una sustancia en polvo es camuflada muy fácilmente en caletas estratégicas que son hasta el momento imposibles de detectar.

“Los distribuidores no transportan grandes cantidades, lo hacen en pequeña porciones teniendo el alto costo del producto y lo que significa para ellos que un gramo lo comercializan en casi 500 mil pesos, por eso con la venta de tres o cuatro gramos le es muy rentable”; señalo uno de los detectives de la SIJIN.

Igualmente argumento que utilizan a personas para que transporte hasta 2 gramos y en caso de ser detenidos por la policía queden en libertad ya que no están cometiendo infracción alguna, ya que aducen que es para su consumo personal y el juez los deja en libertad.

Les puede interesar: http://laburramocha.pty.com.co/2020/05/30/tusi-la-nueva-droga-psicoactiva-que-llega-al-alto-putumayo/

El comandante de la policía en el Putumayo coronel Francisco Gelvéz Alemán, confirmó que se está con buenas bases sólidas para dar los primeros golpes a las bandas dedicadas a la distribución de la cocaína rosada “Tusi”, pero no  profundizó en detalles para no entorpecer la investigación.-

 

 

 

 

En Putumayo donde ayer se sembraba matas de coca hoy se siembra tomate

 En la foto: Soldados del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 9 General José María Gaitán, construyendo el invernadero/Ejecol

<<El objetivo de esta acción, es mejorar la calidad del tomate para garantizar, los ingresos de 30 madres cabeza de hogar que sustituyeron las plantaciones de coca por esta fruta.>>

Mocoa/LBM

Gracias a la acción del Ejército Nacional a través de la Sexta División se realizó la construcción de un invernadero con el ánimo de optimizar un cultivo de tomate de la variedad Río Grande, en el cabildo indígena Pastos Oro Verde en la vereda El Yarumo de Orito,  en el bajo Putumayo.

Esta obra de desarrollo comunitario, tiene 30 metros de largo por 34 de ancho; y se realizó en dos jornadas. En la primera se hizo la estructura y en la segunda se techó con polisombra y plástico con el fin de proteger el producto de las corrientes de frío provenientes del flanco de la Cordillera Oriental y de las lluvias que se canalizan en los surcos de la plantación.

Con esta importante labor, se benefician las madres cabeza de hogar del cabildo que derivan su sustento de esta fruta, con la que sustituyeron los cultivos de uso ilícito, y con la que logran producir dos cosechas al año, cada una de una tonelada.

«Agradecerle al Ejército Nacional y a todos los que nos colaboraron, los soldados por haber tenido en cuenta que con este invernadero que logramos levantarlo con la infraestructura que nos ayudaron», afirmó María Inés Cuáran, gobernadora encargada del cabildo Pastos Oro Verde.

Así mismo, el programa Fe en Colombia del Ejército Nacional, gestionó un proceso de asesoría técnica con el fin de lograr que este cultivo se dé de manera orgánica, sin recurrir al uso de fertilizantes y químicos.

Esta acción cívico-militar contó con el concurso del programa del Ejército Nacional a través de la Sexta División, su programa Fe en Colombia, tropas del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 9 General José María Gaitán de la Vigésima Séptima Brigada de Selva y la emisora Colombia Estéreo, subrayó el general Jorge Herrera comandante de Sexta División, quien argumentò que en el departamento se viene fortaleciendo varios proyectos de producción agrícola que cuentan con el concurso del ejército para motivar y apoyar a las comunidades que en el ayer estuvieron inmersas en los cultivos ilícitos y en el conflicto armado, y que hoy en rutan sus vidas en la legalidad y la paz.-

En la foto. General Jorge Herrera, comandante de la Sexta División

Procuraduria sanciona a exgobernador del Putumayo, Byron Viveros

 

En la foto: Byron Viveros Ch exgobernador del Putumayo/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 10 meses al exgobernador de Putumayo, Julio Byron Viveros Chaves (2010 – 2011), por irregularidades en la celebración de una consultoría dirigida a estructurar y adoptar el procedimiento para la conmutación de la totalidad de las pensiones a cargo del departamento, por valor de $1.200 millones.

El ente de control estableció que el exmandatario territorial desconoció principio de economía en la suscripción de la Resolución 1810 del 19 de octubre de 2011, que ordenó la apertura del proceso de Concurso de Méritos Abierto con Propuesta Técnica Simplificada No. OJD-CM-002-2011, sin advertir que no se había determinado en el pliego de condiciones definitivo, el alcance de las actividades a desarrollar, el cronograma de ejecución de la consultoría, información que era trascendental para la ejecución del contrato.

Para la Procuraduría, al mandatario local le era exigible un comportamiento diligente, de control, que permitiera establecer falencias en el proceso y en la planeación “y no el actuar pasivo que desplegó imponiendo la firma, sin realizar alguna verificación”.

Así mismo, se determinó que el disciplinado puso en riesgo la función administrativa y expuso al departamento a un riesgo innecesario, en tanto, el proyecto que se pretendía desarrollar a través del concurso de méritos no se estructuró en debida forma, lo cual dificultó el seguimiento de la ejecución de la consultoría, al no existir parámetros técnicos para su medición.

Para la Procuraduría con el actuar omisivo del exgobernador se afectó la función pública y los principios de planeación, eficiencia y moralidad.

Así mismo, se estableció que con la celebración del Contrato de Consultoría No. 552 de 2011 se pusieron en riesgo los recursos públicos con los que se financiaría el proyecto, dado que la cláusula cuarta reconocía pagos por el 80% del valor total del contrato dentro del primer mes de ejecución, correspondiente a un anticipo del 45% a la firma del acta de inicio y un 35% adicional dentro del mes siguiente, sin que, estos pagos tuvieran una contraprestación equitativa al monto cancelado (el avance de ejecución no alcanzaba el 2%).

Además, el saldo del valor del contrato tampoco se encontraba atado al avance de la consultoría ni al cumplimiento de las obligaciones del consultor, sino exclusivamente al transcurso del tiempo, comportamiento con el cual Viveros Chaves desconoció el principio de responsabilidad de la contratación estatal.

En fallo de primera instancia la Procuraduría calificó las faltas del exgobernador como gravísimas a título de culpa grave.

Dado que a la fecha de la sanción el investigado ya no se desempeña como gobernador de Putumayo, la suspensión se convierte en salarios de acuerdo a lo devengado para la época de los hechos, es decir, $52´603.832.

Contra esta decisión de primera instancia procede recurso de apelación.

Con Obras por Impuestos, Gran Tierra Energy invertirán más de 10 mil millones en municipios PDET en Putumayo

Gran Tierra Energy desarrolla cuatro proyectos dirigidos a mejorar la movilidad, la educación y la vivienda de municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET./ART

Mocoa/LBM

Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, Gran Tierra Energy lleva a cabo cuatro proyectos dirigidos a mejorar la movilidad, la educación y la vivienda de los municipios PDET de Putumayo, con una inversión de 10 mil 101 millones de pesos. Uno de estos proyectos ya fue terminado y entregado a la comunidad.

Se trata de la construcción de 25 unidades sanitarias y sistemas de tratamiento prefabricado que benefician a los habitantes de las veredas La Cafelina, Canangucho, Champagnath, Alemania, San Isidro y el Porvenir, de Villagarzón, cobijado por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

Este proyecto contó con una inversión de $440.769.227. “Desde la ART quienes contribuyen  a generar el cambio en los diferentes municipios, cada grande o pequeña obra que se desarrolla por las iniciativas planteadas por las comunidades aportar a construir un país estable.

Gracias a este proyecto las 25 familias contarán con unidades sanitarias que incluyen un sanitario, una ducha, un lavamanos y un lavadero, asimismo la unidad tiene sus respectivas cajas de inspección, trampas de grasas, un filtro anaerobio de flujo ascendente y un campo de infiltración.

“Nos invade una inmensa alegría que se esté llegando a los territorios más apartados del territorio, obras por impuestos impacta de manera positiva en las comunidades que más lo necesitan, esta es la forma de hacer realidad los sueños de nuestros campesinos. Agradecemos a Gran Tierra por subirse al PDET, esperamos que el sector privado se siga uniendo a este mecanismo, Putumayo es territorio PDET”, señaló el gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña.

Las otras obras que implementará Gran Tierra son: dos proyectos de dotación de menaje para centros educativos de los municipios de Orito y Caicedo, con una inversión de $2.069 millones; y un tercer proyecto para el mejoramiento de vías terciarias entre las veredas Puerto Vega – Campoalegre en Puerto Asís, por $7.591 millones.

La alianza entre Gran Tierra y el Gobierno Nacional ha sido fundamental con miras al desarrollo social y económico del Putumayo y sus comunidades. También hemos enfocado nuestros esfuerzos en promover nuevas formas de desarrollo económico en la región, lo que a su vez apoya al gobierno en sus esfuerzos por transformar los territorios más afectados por el conflicto”, explicó el gerente de País de Gran Tierra Energy en Colombia, Manuel Buitrago.

Para la subregión PDET de Putumayo se están desarrollando siete proyectos ejecutados por Gran Tierra Energy, Dow Química y Ecopetrol, por un valor de 31.116 millones de pesos. Desde el 2018 se han vinculado 75 empresas a 100 proyectos que benefician a 135 municipios, con una inversión de $677.317 millones.

“Agradezco por hacer realidad las iniciativas PDET para que nuestras comunidades puedan tener una vida digna. Es gratificante ver como los sueños plasmados se hacen realidad, los cuales fueron construidos por las mismas comunidades, esto nos motiva para seguir articulándonos para trabajar por los PDET, en los cuales las comunidades nos pusieron las metas para esta y las siguientes administraciones”, señaló el secretario de Desarrollo Rural de Villagarzón, Jair Burbano.

La entrega de este proyecto de Obras por Impuestos fue anunciada en un evento virtual que contó con la participación del director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano; el secretario de Planeación de Putumayo, Luis Carlos Guevara; el secretario de Desarrollo Rural de Villagarzón, Jair Burbano; y el coordinador de la ART en Putumayo, Jorge Andrés Arcos, quien estaba acompañado de beneficiarios de este proyecto.

Obras por Impuestos

Es el mecanismo creado por el Gobierno Colombiano a través del cual las compañías pueden ejecutar proyectos de impacto económico y social para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Existen dos opciones de este mecanismo: la primera es la opción Fiducia, la cual se implementa desde el 2018, y permite a las personas jurídicas invertir hasta el 50% de su impuesto de renta para desarrollar los proyectos. Y la segunda, es la opción Convenio, que se reglamentó en 2020 y permite que accedan personas naturales y jurídicas para realizar proyectos con recursos propios.

Asesinan a hombre en pleno centro de Leguizamo

En la foto. Wilson Cuellar Ch./Archivo personal

Mocoa/LBM

Hacia las 7 y 05 de la noche de ayer miércoles 30 de septiembre fue asesinado con 4 impactos con arma de fuego un hombre  que transitaba por una calle céntrica de Leguizamo en el bajo Putumayo.

Según el reporte entregado por el coronel Francisco Gelvéz Alemán, comandante de la policía en el Putumayo, la victima respondía al nombre de Wilson Cuellar Chávez, quien registra antecedentes penales.

Según el reporte oficial, el sujeto recibió impactos con arma de fuego cuando transitaba por una de las calles del barrio La Magdalena por parte de un sujeto que se movilizaba a pie y que luego de disparar emprendió la huida hacia el rio Putumayo donde abordo una embarcación fluvial para llegar a la población peruana de Lupita ubicada al frente de Leguizamo.

La victima que lo conocían con el alias del “Guara”, al parecer tenía nexos con las bandas dedicadas al narcotráfico que operan en dicho municipio y con hoy tiene una disputa territorial.

En lo que va corrido del año en Leguizamo se han registrado 19 homicidios de los cuales 17 se han cometido en sector rural y 2 en área urbana.

En las próximas horas se realizara un consejo de seguridad de orden municipal para analizar la delicada situación que atraviesa este apartado municipio desde hace meses.

Regaño al gobernador del Putumayo por ausencia en encuentro contra el reclutamiento de menores

 Gobernador del Putumayo Buanerges Rosero Peña/Colprensa

Bogotá/Colprensa

La Consejería Presidencial para los DD.HH., hizo un fuerte llamado de atención por no participar en el programa Súmate por mi.

La consejera presidencial, Nancy Patricia Gutiérrez, le hizo un jalón de orejas al gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero, y a varios alcaldes del departamento, por no asistir a la socialización de la estrategia ‘Súmate por mí’ para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Gutiérrez expresó su frustración por no recibir una respuesta por parte de las entidades territoriales.

“Yo les voy a pedir a los funcionarios que vienen de la Gobernación que por favor hagan un llamado de atención a las autoridades territoriales. Si los gobernadores y los alcaldes, que son los responsables directos del bienestar de su comunidad, no se comprometen en el programa ‘Súmate por mí’ lamentablemente no vamos a lograr la protección integral de las niñas y niños que están en riesgo”, dijo.

Y les recordó a los mandatarios locales que “no importa la diferencia de partido político que se represente”, ya que por encima está el propósito de proteger a los menores de edad.

 

La consejera presidencial, Nancy Patricia Gutiérrez/Semana

Reclutamiento

El reclutamiento de menores de edad en el amazónico departamento del Putumayo, es un fenómeno que desde hace ya varios años se vienen practicando a pesar de la firma de Paz entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Farc, pero que al día de hoy la práctica es una constante por parte de las disidencias de las Farc, en zonas del medio y bajo Putumayo.

Las alertas tempranas proferidas por la Defensoría del Pueblo y otras entidades  comprometidas en el tema lo vienen alertando ante las autoridades civiles del departamento como de la Fuerza Pública.

Al inicio del 2020 se viene reportando reclutamiento forzado en menores de edad por parte del frente Carolina Ramírez de las disidencias Farc, en municipios como Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Leguizamo, Puerto Asís, donde opera este grupo junto con el 48 y bandas dedicadas al narcotráfico.

La fiscalía maneja cifras algo alarmantes de menores dentro de estas filas ilegales, varios de ellos han perdido la vida enfrentamientos armados como ocurrió a finales del 2019 y principio del 2020 en los municipios de Leguizamo y Puerto Caicedo.

Ante este fenómeno social hay una especie de apatía por parte de gobierno departamental y gobiernos municipales del Putumayo,  dejando a la deriva la problemática y son políticas públicas para evitar el reclutamiento forzado.

 

 

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