A las mujeres las matan por ser mujer”, Fátima Muriel

La presidenta de la Alianza de Organizaciones de Mujeres Tejedora de Vida, Fátima Muriel, señala que a las mujeres las matan por ser mujer, a esto se le define como Feminicidio.

Mocoa/Colprensa

“Tejedoras de Vida” del Putumayo expresan su preocupación y condenan la creciente ola de violencia contra mujeres y niñas que durante los últimos siete días ha involucrado a seis mujeres y niñas como víctimas de feminicidio o intento de feminicidio. Casi una víctima por día, en una nueva escalada de violencia que muestra una tendencia creciente de violencia contra la mujer y que registra para 2019, 20 mujeres, jóvenes y niñas víctimas. Los feminicidios, suceden en una sociedad patriarcal, discriminatoria y desigual con las mujeres que animan los actos de violencia cuya expresión máxima es el feminicidio. Los victimarios son generalmente personas allegadas o conocidas, su pareja, ex pareja o individuos que pretenden algún tipo de relación amorosa o de dominio sobre la mujer. Los hombres castigan a las mujeres porque se sienten rechazados afectivamente, porque no les hacen caso, porque trabajan para lograr autonomía económica o porque deciden libremente sobre sus vidas. Estos patrones machistas se incrementan en un contexto de narcotráfico y cultivos de coca que prioriza el rol de la mujer como objeto sexual y al servicio de la ilegalidad. De ahí los niveles de sevicia y castigo evidenciados en estos crímenes.

El 21 de septiembre, fue encontrada muerta en el muelle de Puerto Asís, Ximena Serna Mosonbite, una joven estudiante de 16 años en Puerto Asís, desaparecida desde el 8 de septiembre. Después de una angustiante búsqueda por parte de su familia, la joven es encontrada en avanzado estado de descomposición. A la fecha las autoridades no han dado ninguna información sobre este caso que conmovió la ciudad.

El 1 de octubre, fue hallado el cuerpo sin vida de María Helena Garzón Noscue, en el barrio San Miguel de Mocoa, una joven de 23 años, afro, madre de cuatro menores oriunda de Puerto Limón (Mocoa). Fue desaparecida dos días antes y encontrada en el barrio San Miguel. Su cuerpo evidenciaba signos de tortura, golpes contundentes en su cabeza y violencia sexual.

Recientemente se había separado de su esposo y según allegados sufría cotidianamente condenas por ser joven y madre, tras su muerte, en redes sociales, se publicaron afirmaciones que “justificaban” en cierto modo lo que le había pasado al “no estar con sus hijos” y haber optado por salir de noche.

En Puerto Asís, en el barrio El Centenario, el día 1 de octubre fueron atacadas con arma de fuego, Jerly Yiseth Solarte Acosta y Alexandra Elizabeth Acosta, madre y su hija, de 42 y 15 años, en el hecho resultó herido el señor Jesús Alberto Beleño. Se encuentran en recuperación en un hospital regional.

El día 2 de octubre, la señora María Juana Carlosama, una reconocida mujer vendedora de la plaza de mercado de Orito, sufrió un intento de feminicidio por parte de su esposo quien la atacó con un hacha en el puesto de mercado donde laboraba. A pesar del escándalo y la fuerte visibilidad en el lugar, el victimario no fue capturado. Está gravemente herida y en recuperación.

El día 5 de octubre, fue asesinada en la vereda Jordán Guisía, otra joven, Naty Ávez Arcos de 19 años, la joven administraba un billar en la localidad, le dispararon varias veces en su cabeza. Al día siguiente, el 6 de octubre, otra joven Yanira Alexandra Cuarán, fue asesinada junto con el señor Weimar Cuarán, en zona rural del municipio del Valle del Guamuez.

El último feminicidio ocurrió el día 7 de octubre, sicarios asesinaron a Adriana Jiménez Angulo de 28 años de edad, en el barrio Montañita de Puerto Asís.

Según la señora Muriel, el departamento del Putumayo históricamente ha registrado uno de los mayores índices de impunidad y violencia contra las mujeres que viene incrementándose durante el postconflicto. “Tejedoras de Vida” del Putumayo, hace un llamado de alerta urgente contra los feminicidios y la violencia de género que en 2017 registró 806 casos con una tasa de 228 casos por cada 100.0001. Frente a la violencia sexual los datos son más alarmantes, 83 casos por 100.000 habitantes frente a 49 casos por 100.000 habitantes en Colombia (2017). Mas del 60% de estos casos ocurren en menores de edad y jóvenes vulnerables.

La impunidad alimenta y naturaliza las violencias de género, por ello, vienen exigiendo a la Fiscalía y organismos de investigación y sanción, una acción más efectiva y contundente en contra de los agresores; el esclarecimiento de los casos, condenas y sanciones que rompan la impunidad y dejen un mensaje claro a los agresores.

Igualmente le solicito a la Gobernación del Putumayo y en particular a la Secretaría de Gobierno, lideradas por mujeres, a la Policía Nacional y Ejército, fortalecer la gobernabilidad y seguridad con acciones más decididas y sistemáticas para prevenir, proteger y salvar a las mujeres de los círculos de violencia, de sus agresores y de presuntos feminicidas.

Igualmente a las demás instituciones, medios de comunicación y comunidad en general hacen un llamado para consolidar un pacto contra las violencias de género, coordinar estrategias y campañas que prevengan y eliminen todo tipo de violencias de género y discriminación.

Finalmente al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, que fortalezca e impulse de manera más contundente la Mesa de Garantías de Seguridad para lideresas y defensensoras en el Putumayo.

Concluyo la presidenta de la Organizaciónes de mujeres “Tejedoras de Vida” con el lema: “!No Estas Sola¡, busca ayuda y denuncia.

Comisaría de Orito, Putumayo se destaca por su liderazgo femenino

Desde que inició su judicatura, Adely López López, supo que además de su profesión como abogada, su otra pasión era el servicio social. Ha sido secretaria de Gobierno de Orito, Inspectora de policía y desde hace cinco años: Comisaria. Toda una carrera dedicada a su comunidad, a hacer justicia.

 

Adely López López, Comisaria de Familia en Orito, Putumayo. Fotografía: Comunicaciones Programa JSP

Orito/COLPRENSA

Entre lágrimas, Adely López López, Comisaria de Familia del municipio de Orito, confiesa que su sueño es tener un equipo de trabajo, no volverse a sentir sola en la labor que desempeña. Es abogada, madre soltera y desde hace más de cinco años asumió como Comisaria de Familia en dicho municipio del Departamento de Putumayo.

No es fácil liderar este cargo en un territorio donde el machismo aún está presente, pero su experiencia la ha llevado a estar ahí. Recién egresada llegó a la Personería, donde trabajó por más de un año a honorem, enamorada de su profesión y de las causas sociales recorrió diversas veredas brindando apoyo a los más vulnerables, llevando los servicios de la Personería a la ruralidad.

Tiempo después y gracias a su experiencia fue nombrada Inspectora de policía, allí conoció casos complejos de denuncias, violencias, injusticias, entre otras dinámicas propias de los territorios que han sido epicentro del conflicto y donde las realidades sociales son complejas.

Terminada su labor como Inspectora, supo que en Orito hacía falta una Comisaría de Familia, pues la capacidad de la Fiscalía, los Juzgados y la Policía se desbordaba; en ese tiempo, cuando su plan era irse a Bogotá a especializarse, nunca imaginó que 6 años después sería quien liderara esa oficina.

Antes de ser nombrada como Comisaria de Familia, Adely fue secretaria de Gobierno, estuvo más cerca a la labor de la administración y de la gente, de la gestión pública, pero no dejó de lado su don de gente, su papel conciliador, y el amor por las causas sociales. En ese cargo estuvo 13 meses, y al año le ofrecieron ser Comisaria, no dudó en aceptarlo y hasta la fecha continúa ejerciéndolo.

Podría decirse que es un cargo con días dulces y amargos, que se mueve por Orito entre amores y odios. Le han dicho groserías, la han amenazado, le han gritado al final de las audiencias, pero pese a todo eso dice que hace su trabajo consciente de que en una audiencia siempre habrá alguien que salga “feliz y otro disgustado”.

“No me quieren mucho es la verdad, me dicen que soy jodida y dura con los hombres. En Orito son muchos los casos de inasistencia alimentaria, de custodias de mutuo acuerdo, y de denuncias de violencia sexual; creo que el ser mujer y madre se presta mucho para que las mujeres acudan más a la Comisaría, cuando tú eres mamá de pronto puedes entender un poco más la situación, a hacer mejor el trabajo”.

 

Ella es de las que no puede quedarse en su oficina a “esperar que los casos lleguen”, con su equipo de trabajo: la asistente y la psicóloga salen a recorrer las veredas para hacer acompañamientos y verificación de derechos. Sentir la necesidad de la gente en la ruralidad y ofrecerles el acceso a los servicios de la Comisaría, sin que sean ellos los que se trasladen al caso urbano, es uno de sus principales objetivos.

“Tratamos de llegar hasta las veredas que se necesite porque es lo que me gustaría que hicieran por mí o por una hija mía si llegara a tocar las puertas de una Comisaría de Familia, es muy importante hacerle ver a esa mujer cabeza de hogar o a quien ha sido víctima de algún maltrato físico o psicológico de que no está sola, que en la Comisaría de Familia a pesar de que no hay un equipo completo, tratamos de hacer el trabajo de la mejor manera posible”.

Por eso sus lágrimas cuando se le pregunta por su sueño, porque ella y sus compañeras quisieran hacer más, y que las autoridades locales se comprometieran más con la labor que tiene la Comisaría en el municipio, con el rol que ejercen entre la comunidad y la importancia de su servicio.

“Queremos que las personas confíen en la institucionalidad, pero deben haber unos mínimos que garanticen la llegada de esas instituciones a los territorios”.

Entre sus “colegas” también reconocen en Adely su profesionalismo y entrega a la labor de Comisaria, resaltan su experiencia para resolver y conciliar casos, por eso en los talleres que ha propiciado el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, no ha dudado en participar, y afirma que esas herramientas han contribuido no solo a su formación sino a que las personas de su municipio reciban mejores asesorías.-

 

 

Narcos, Paras y disidencias le meten mano a las elecciones en el Putumayo

 

La incidencia de grupos armados y narcotraficantes se está sintiendo con fuerza en el departamento del  Putumayo, con aportes significativos de dineros y la orientación obligatoria de votar por ciertos y determinados candidatos el próximo 27 de octubre.

Mocoa/Colprensa

La Misión de Observación Electoral, MOE, viene recibiendo denuncias ciudadanas sobre nexos de casas políticas con la banda narcotraficante ‘La Construc’, que nació en 2006 tras la desmovilización de los paramilitares y las disidencias de los frentes primero y 48 de las Farc, y ahora la presencia de un grupo armado ilegal que se presenta como grupo paramilitar en algunas comunidades del bajo Putumayo.

Los municipios donde se detecta estas influencias son en el medio y bajo Putumayo, en localidades como Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito Y Valle del Guamuez, donde el riesgo es de alto nivel según la MOE y el conocimiento que tienen ahora las magistradas de la Comisión Nacional Electoral, que hacen seguimiento a los posibles delitos electorales de las campañas políticas.

La Fuerza Pública, incluyendo la fiscalía en su misión de preservar la seguridad en el departamento se encuentra en la tarea de verificar si en realidad hay nexos de candidatos o campañas con grupos armados ilegales o narcotráfico.

Posibles nexos

 ‘La Construc’ ha metido la mano por lo menos desde las elecciones regionales de 2011; según nos detallaron tres fuentes (dos candidatos de ese entonces y un político), lo hacen citando a los candidatos que ven más opcionados y poniéndoles plata a todos para ganar con cara o sello.

“Se juegan sus cartas y apuestan buscando contratación pública para lavar la plata”, nos dijo un político de Putumayo, quien pidió reserva de su nombre  que lleva años acompañando varias campañas. “Se inventan empresas ficticias que cumplan con el objeto del contrato, subcontratan porque las obras se terminan haciendo y lavan su plata”, agregó.

Pero en otros casos las obras quedan sin terminar en unas ocasiones porque el dinero no alcanzo y en otras porque se presentan problemas de contratación por falta de estudios técnicos y administrativos que impiden que las obras se continúen.

Uno de los políticos consultados señalo textualmente: “A mí me citó  ‘La Construc’ en las elecciones del 2016. Me enviaron razón que iban a financiar a los candidatos más fuertes y que dentro de esos estaba yo”, nos contó una fuente que se lanzó a una alcaldía de un municipio en Putumayo. “No fui y luego de eso no me volvieron a buscar”, agregó.

En 14 de octubre del 2015 el candidato a la gobernación por el partido Conservador Jorge Coral Rivas, fue capturado por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Mocoa, por presuntos nexos con la banda dedicada al narcotráfico autodenominada ‘La Construc’. Banda que presuntamente financio su campaña a la alcaldía de Puerto Asís en el las elecciones del 2011. Aunque quedó en libertad hace dos años, su proceso sigue vivo en la justicia.

“Yo soy el que está presionando que se hagan las audiencias para que el juez de su fallo. Estoy seguro que voy a salir limpio, porque lo del 2015 fue todo un montaje para quitarme la Gobernación”, señalo Coral.

A pesar de esta situación Coral, decido buscar aval en su partido Conservador para estas elecciones el cual le fue negado, igualmente se lo negaron el AICO, sin embargo en el último minuto de cierres de inscripciones el partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, le otorgo el aval a pesar que inicialmente el aval se lo había entregado  al liberal Reinaldo Velásquez Ramírez.

Hoy el CNE, tiene el caso en sus manos para establecer en últimas quien tiene derecho al aval a 20 días de las elecciones.

Además que hay otras investigaciones en curso en la fiscalía por presuntas irregularidades en contratación pública.

Buanerges Rosero Peña fue alcalde de Puerto Caicedo en el periodo 2012-2015 por el partido Verde. En este caso también hay dos tipos de acusaciones. Unas de corrupción y otras de relaciones con criminales.  Uno de los casos es de película. Rosero peña, siendo alcalde  intentó contratar a su cuñado el abogado y hoy prófugo de la justicia señalado de ordenar asesinar a su amante John Pardo, como asesor, dado que este tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató al padre de John, el señor Horacio Pardo, que aún después de fallecido aparece en la firma de documentos y giros de la alcaldía. En otras palabras, le pagaban a un muerto.

El señor Pardo, figura fallecido en diciembre 29 del 2014 como se pudo establecer en la acta de defunción Y a pesar de la novedad los cheques se seguían cobrando  hasta marzo  del 2015 y por endoso.

Esta investigación la adelanta la fiscalía 41 seccional de la Administración Publica, sin que hasta la fecha el proceso haya tenido significativos avances.

Pero además de estos casos de corrupción hay un tema complicado de vínculo con estructuras criminales. Su aliado y concuñado es el medico Edgardo Ramírez Figueroa, quien logro aval de la ASI como candidato a la alcaldía de Puerto Caicedoy quien fue capturado el 14 de julio del 2015, mientras era candidato a la alcaldía por el partido Verde, transportando 214 kilos clorhidrato de cocaína en una ambulancia. El médico Figueroa, salió libre y se encuentra dentro de la Justicia Especial para la Paz, aduciendo que hizo parte como médico del frente 32 de  la entonces guerrilla de las FARC.

Las autoridades investigan en estos momentos los posibles nexos de Buanerges Rosero Peña,  con el narcotráfico y la posible financiación de la campaña política tras el derroche de dineros que se maneja dentro de la misma como lo manifiestan varios de sus seguidores.

Otra política que se encuentra inmersa en relaciones oscuras con bandas criminales es la expresidenta de la Asamblea departamental y hoy candidata a la duma nuevamente por el partido Conservador, Gloria de María Ortiz, suegra del jefe de la banda criminal de “La Consruc”, Miguel Bastidas Bravo,         alias “Gargola”, hoy preso y del coronel del ejército Elkiyn Argote, quien escondía a su concuñado “Gargola”, en una guarnición militaren Bogotá.

Las autoridades presumen que la campaña de la exdiputada estaba siendo financiada por el narcotráfico de los cual manifiestan tener algunos indicios los cuales están por establecer en los próximos días.

Pero las autoridades en este departamento tratan de establecer además sobre las orientaciones que los grupos armados ilegales pueden estar impartiendo para favorecer candidatos a gobernación y alcaldías. Igualmente se indaga si las disidencias de las Farc, estén incidiendo con la prohibición del voto.

En las elecciones regionales más recientes el proceso fue normal y de una alta participación de votantes como lo informo el coordinador de la oficina de Derechos Humanos del Putumayo Javier Rosero Pai, incluyendo las presidenciales y de congreso

Hay que recordar que el departamento del Putumayo desde el año 2004 viene sufriendo una serie de situaciones de corrupción que ha tenido a los gobernadores de turno en líos con los entes de control por hechos de corrupción desde el gobierno de Carlos Palacios, hasta el pasado de Jimmy Díaz, hoy recluido en la cárcel Picota de Bogotá. Desde el 2004 hasta el día de hoy este departamento ha contado con 9 gobernadores en cuatro periodos. De los 9 hay tres destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por más de 1 años, uno en la cárcel actualmente en espera de audiencia y dos más con sanciones disciplinarias en la contraloría y procuraduría.-

 

 

 

Con presentación de demanda, comunidad indígena Murui del Putumayo busca la restitución de sus tierras

 

 

46 familias del Resguardo Indígena de Agua Negra de Leguizamo solicitaron que 3.553 hectáreas de tierra les sean reconocidas como su territorio.

Mocoa/URT

Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), fue la encargada de radicar la demanda ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa.

El pueblo Murui, nativo de un sitio sagrado llamado Kom+mafo (Lugar de origen), ubicado entre los ríos Caraparaná e Igara Paraná, se estableció a principios del siglo XX en La Chorrera; allí fueron esclavizados, torturados y asesinados por la compañía peruana Casa Arana, originando un desplazamiento interno masivo en la Amazonía de miles de indígenas, siendo el pueblo Murui el más afectado por ser el primero en ser “conquistado” por los caucheros.

Asentados en su territorio, entre el año 2007 y el año 2014 los miembros de la comunidad Agua Negra fueron víctimas de las amenazas e intimidaciones las Farc, sobreviviendo a casos de reclutamiento ilegal, enfrentamientos, combates, restricciones, imposición de trabajos forzados y confinamiento, entre otros hechos.

Estas situaciones impidieron las actividades tradicionales para su sustento como la pesca, la caza y los cultivos; y desembocaron en el abandono de su territorio colectivo, desplazándose hacia Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Ospina y territorios cercanos a Ecuador y Perú.

“Estamos solicitando la restitución de sus derechos territoriales en especial el derecho al uso, a la apropiación y al disfrute de su territorio. Sin embargo, teniendo en cuenta que este proceso es transformador, tenemos otras pretensiones que se alcanzarán enmarcadas en una concertación permanente con las autoridades indígenas y de forma prioritaria para poder garantizar sus derechos”, mencionó Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la entidad.

De prosperar la demanda, que obtuvo el apoyo de la FAO para la caracterización del territorio, las 46 familias contarán con el reconocimiento del derecho

Gobierno Nacional, nombra director para la Unidad de Restitución de Tierras en Putumayo

Mario Coral, Nuevo director de la Unidad de Restitución (URT) en Putumayo trabajará para atender todas las solicitudes de tierras del departamento

Bogota/Colprensa

Mario Coral es abogado de la Universidad de Nariño y especialista en Instituciones Jurídico Procesales de la Universidad Nacional. Se posesionó ante el Director General de la entidad, Andrés Castro, como el nuevo director de la URT, en remplazo del abogado David Narvaez Gómez.

Después de trabajar 13 años en la rama judicial, donde se desempeñó como juez de restitución de tierras en Putumayo, el nariñense Mario Coral decidió asumir un nuevo reto: aceptó guiar la política de restitución de tierras en el departamento.

“Conocer la realidad de las comunidades afectadas por la violencia ha transformado mi vida. Trabajaré para cumplirles a las personas que han hecho sus reclamos y quieren volver a trabajar en sus fincas”, afirmó el nuevo funcionario.

Sus cualidades humanas, sumadas a su experiencia en el proceso de restitución de tierras, le permitieron asumir el cargo que tiene importantes retos en Putumayo, en beneficio de las comunidades campesinas y étnicas del sur del país.

Los retos están dirigidos a responder al total de las solicitudes que han llegado al departamento Putumayo, en lo que resta de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Además, trabajará para lograr que el programa de Proyectos Productivos alcance los resultados esperados, a la hora de garantizar la pervivencia económica y el  bienestar social de las comunidades favorecidas con los pronunciamientos proferidos por la justicia.

Paramilitares entran a disputar territorio rural en Puerto Asís

Foto: Indígena Siona, región de Piñuña Blanco/Colprensa

Puerto Asís/Colprensa

El pasado 30 de septiembre se conoció por parte de la Defensoría del Pueblo y por la Red de Derechos Humanos del Putumayo, que hombres armados y al servicio del paramilitarismo hace más de un mes y medio se vienen movilizando por el rio Putumayo para disputar el control territorial que las disidencias de las Farc mantienen en estos momentos en especial el frente Carolina Ramírez.

 Varios habitantes de la zona  entre ellos Juvenal Rico, afirman que los armados se han presentado ante las comunidades que habitan en las poblaciones del corredor Puerto Vega-Teteye, la zona de la reserva campesina Perla Amazónica, inspección de Puerto Asís y Piñuña Blanco. En el mismo testimonio señalan que los supuestos “paras”, cuentan con el apoyo de sectores militares y políticos para ejercer el control territorial sobre la ribera del rio Putumayo.

En el mismo relato de los pobladores a la red de los DD.HH del Putumayo, indican que la colaboración proviene de la misma Brigada 27 de Selva y d la misma Fuerza Naval del Sur

Ante esta situación el 26 de septiembre, la Defensoría del Pueblo, emitió la Alerta Temprana No. 040-19, donde recuenta la situación de riesgo por la presencia y disputa de facciones ilegales disidentes, exponiendo a los habitantes del corregimiento de Piñuña Blanco a una crítica situación humanitaria, debido al confinamiento, al desplazamiento de familias y personas, hasta el momento en un número indeterminado, amenazas e infracción al principio de distinción DIH.

Para la comisión intereclesial de Justicia y Paz, la Alerta de la Defensoría del Pueblo reitera el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos derivadas del incumplimiento del Acuerdo de Paz, de las nuevas dinámicas de violencia y su interacción con nuevas criminalidades y las heredadas del paramilitarismo, así como, la lamentable coincidencia en medio de estas dinámicas de las operaciones empresariales multinacionales.

En estos momentos la misma red de DD.HH y la Defensoría del Pueblo, tratan de establecer si los grupos armados ilegales que operan en la zona estarían teniendo alguna injerencia en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.-

Situaciones, todas, en medio de un Estado colombiano que continúa sin prevenir y proteger la vida e integridad de la población campesina, indígena y afrodescendiente de Puerto Asís y sus derechos territoriales.

La red de DD.HH, nos descarta que en los próximos días se comience a registrar un desplazamiento masivo de campesinos hacia el casco urbano de Puerto Asís, por parte de los habitantes de las 11 veredas que componen el corregimiento de Piñuña Blanco, por toda la situación que se viene generando y sobre todo por las amenazas de muertes a las personas que no deseen colaborar con los grupos armados ilegales.

 

 

 

Balger Mauricio Rodríguez, renuncia a su candidatura a la alcaldía

En la foto: Mauricio Rodriguez y Orlando Diaz ferreira

Mocoa

En la tarde de este lunes 30 de septiembre el candidato liberal a la alcaldía de Mocoa. Balger Mauricio Rodríguez, en conferencia de prensa expreso cuales fueron los motivos que lo llevaron a renunciar a su candidatura a 28 días de las elecciones regionales.

Rodríguez, indico que luego de varias días de consultar con su familia y sus asesores políticos decidió tomar la difícil determinación de declinar a su candidatura   por que veía que no contaba con los votos necesarios para ganar las elecciones del próximo 27 de octubre.

“Créanme que no fue una decisión nada fácil, era un sueño que desde muy joven tenía de ser alcalde pero en esta oportunidad  las condiciones electorales no se dieron”, indico el joven político.

La alianza de Mauricio Rodriguez y Orlando Diaz Ferreira

En la misma conferencia Rodríguez, anuncio que su proyecto político continuaba pero mediante una alianza que decidió realizar con el candidato conservador Orlando Díaz Ferreira, porque vio en él grandes similitudes en lo que iba ser su programa de gobierno.

“Me incline por Orlando Díaz, por ser un hombre emprendedor y eso es lo que Mocoa, requiere sobre todo por el tema de la reconstrucción”, puntualizó Rodríguez.

Dejo en claro entre otros puntos que sigue siendo liberal, y que su apoyo a la gobernación es para el candidato Leandro Romo, al cual lo ve como ganador en las elecciones del próximo 27 de octubre.

Descarto de plano que por realizar la alianza con el partido Conservador, haya recibido algún beneficio económico como se rumoró en los corrillos políticos. Igualmente resalto que la alianza con Díaz Ferreira, es una alianza para derrotar la corrupción que un candidato quiere repetir en el municipio de nuevo y que por estos días promueve la entrega de tamales, lechona, hojas de zinc, bultos de cemento y ofreciendo promesas difíciles de cumplir.

Reacciones

Las reacciones a esta alianza no se dejaron esperar y varias seguidores del joven candidato lo celebraron, lo propio hicieron los simpatizantes de Díaz Ferreira.

Otros liberales tildaron la decisión como equivoca y apresurada y no faltaron los mismos liberales disidentes que están en otras toldas como otro desacierto del partido liberal, en dejar solo a su candidato a la alcaldía algo que se ha convertido algo rutinario dentro de la colectividad y así está demostrado en las tres últimas elecciones, donde la dirigencia no han a acompañado a sus candidatos por apoyar a los de otros partidos y en esta elecciones no fue la excepción, la dirigencia está apoyando a John Jairo Imbachi, un candidato independiente pero de cuna conservadora.-

 

 

 

“Jimmy Díaz, no es mi jefe político”: John Molina

En la foto: john Molina Acosta, candidato a la gobernación del Putumayo por el partido Conservador.

Mocoa

El candidato a la gobernación del Putumayo, por el partido Conservador Colombiano, John Molina Acosta,  lamento la difícil situación por la que esta atravesando el Representante a la Cámara Jimmy Díaz Burbano, luego que la Corte Suprema de Justicia, ordenara su detención preventiva por supuestos delitos cometidos cuando este se desempeñó como gobernador en el periodo anterior, captura que se hiso efectiva por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, la noche anterior al término de la sesión ordinaria de la plenaria de la Cámara, hacia las 9 de la noche.

Molina Acosta, en una entrevista radial al preguntársele sobre su opinión por la situación del representante Díaz Burbano, teniendo en cuenta que es el jefe del partido en el Putumayo y jefe político de él, este respondió en forma tajante que el representante no era su jefe político y que tampoco tenía padrinos políticos que le estuvieran patrocinando su campaña. Lamento la situación y envió una voz de solidaridad para el representante y para su familia.

En la misma entrevista el candidato señalo que la detención del congresista en nada afecta su campaña política por lo cual él y su equipo de trabajo siguen normalmente con su campaña, al tiempo que le transmitieron un mensaje de tranquilidad a sus miles de seguidores.

Lamento que haya personas interesadas en dañar su campaña política con calumnias y mentiras y lo más preocupante que medios nacionales de información se estén prestando para divulgar noticias falsas sin tener una verdadera investigación periodística.

“No entiendo porque se empeñan en manifestar que mi campaña y yo tenemos nexos con personas dedicadas al narcotráfico y fabrican una infraestructura falsa haciéndome ver como un miembro de una banda de narcos”; señalo visiblemente preocupado Molina Acosta.

En la misma entrevista denuncio públicamente que hay políticos que están siendo hasta lo imposible para dañar su nombre y dañar la misma campaña cosa que muy difícilmente lo conseguirán, ya que él es una persona creyente en Dios, y que está seguro que Dios, no va permitir que nada malo le pase.

En estos momentos la campaña conservadora a la gobernación y según los entendidos viene de menos a más y con grandes posibilidades de meterse en la pelea final para lograr el triunfo electoral el 27 de octubre.-

 

 

Asesinado venezolano en La Hormiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto: Jesús Acosta/Archivo familiar

La Hormiga/Colprensa

En la noche del pasado domingo 22 de septiembre y en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades fue asesinado  Jesús Acosta de 23 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Acosta, quien había llegado a La Hormiga, hace tres meses procedente de Venezuela, se encontraba departiendo unos tragos en un billar en cercanías de la terminal de transporte cuando fue abaleado.

Sobre la muerte del ciudadano no hay mayores detalles y la policía tampoco ha hecho pronunciamiento alguno.

Con este ya son tres los ciudadanos venezolanos asesinados en el departamento del Putumayo, en el presente año y reportados en forma oficial. Sin embargo otras fuentes afirman que los ciudadanos venezolanos en este territorio pueden superar los 5.-

 

 

A la cárcel hombre que mató a su pareja sentimental en Puerto Asís

 

En la foto: Jhon Jairo Sotelo Guerrero, alias “El Calvo”

Pasto/Colprensa

La Fiscalía judicializó a Jhon Jairo Sotelo Guerrero, alias el Calvo de 53 años, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

Los hechos se presentaron el 24 de enero de este año en el municipio de Puerto Asís (Putumayo), cuando el ahora procesado llegó hasta la vivienda de Rocío Rosas Scarpeta, inició una discusión con ella y supuestamente la atacó con un arma blanca, causándole la muerte al frente de su nueva pareja sentimental.

Es de anotar, que meses atrás la mujer sostuvo una relación sentimental con Sotelo Guerrero, la cual finalizó por los continuos maltratos físicos y psicológicos de los que era víctima según la investigación que adelanto la Fiscalía General de la Nación

En audiencias preliminares un juez con funciones de control de garantías de Pasto (Nariño), avaló los argumentos de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel de la capital nariñense.

El investigado, capturado por la Policía Nacional, en la población de Chachagui Nariño, y conductor de camión quien no acepto los cargos.-

 

 

 

 

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