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Regatas en el Putumayo deja un muerto y un desaparecido

Uno de las victimas era un turista de Medellín que había llegado al Putumayo a visitar unos familiares./COLPRENSA

Mocoa/Colprensa

A pesar de la suspensión por parte der las autoridades locales  de las regatas en los municipios de Puerto Asís, se reportan dos personas desaparecidas por parte de los organismos de socorro.

La determinación de la suspensión de las regatas en las aguas del rio Putumayo (Puerto Asís), y San Juan (Puerto Caicedo), se dio hacia las 7 y 30 de la mañana del pasado 4 de enero del 2020.

Sin embargo y a pesar de la prohibición varias personas no atendieron la orden y se lanzaron a las aguas de los dos ríos que registraban fuertes corrientes de agua debido a las lluvias caídas en las últimas horas  en la parte alta de los dos afluentes.

Geovanny Zambrano, coordinador de la oficina del Consejo Departamental de Gestión y Desastre, indico que luego de recibir los reportes del IDEAM, se estableció con los secretarios de gobiernos municipales adoptar las medidas necesarias y de contingencias para que dichas regatas no se realizaran hasta tanto las condiciones no estuvieran dadas.

Zambrano, indico que en estos momentos se está evaluando los dos casos para establecer responsabilidades.

En el caso de Puerto Asís, un turista de la ciudad de Medellín, fue la victima el cual fue identificado como José Luis González Arias, de 37 años de edad quien había llegado al Putumayo a visitar unos familiares en el Valle del Guamuez. Según el reporte del cuerpo de bomberos la victima perdió la vida por inmersión  a la altura del sitio conocido como Playa Hong Kong.

“Nosotros dimos la orden mediante decreto de suspender la regata hacia las 8 y 45 am”, puntualizó el alcalde de Puerto Asís, Fernando Castillo, quien argumento que los organismos de socorro siempre estuvieron prestos para atender cualquier eventualidad.

El segundo caso se presentó cuando dos botes con motores fuera de borda se estrellaron en aguas del río  San Juan, dejando como resultado a una persona desaparecida que aún no ha sido identificada.

Testigos del hecho manifestaron que la imprudencia de los motoristas ocasionó el accidente ya que estaban circulando a altas velocidades sobre las aguas del rio, a pesar que había muchas personas con neumáticos participando de la regata.

Otros señalaron que era tanta la velocidad de las lanchas que al paso dejaban una estera que originaba fuertes olas que provocaron el volcamiento de otros botes que trasportaban personas que por fortuna portaban chalecos salvavidas.

Fuentes cernas al gobierno departamental y de los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo, manifestaron replantear la realización de las regatas.

Igualmente se evaluara las logísticas implementadas para las regatas en los dos municipios del bajo Putumayo.-

 

 

 

 

 

Satena y sus posibles nexos con los paramilitares en el Putumayo

Los testimonios de tres ex paramilitares serían la base para que la fiscalía abriera investigación de esta supuesta conexión./Colprensa

Puerto Asís/LBM

Por. German Arenas Usme

Hiller de Jesús Paniagua, alias La Fiera, uno de los comandantes  del bloque Sur del Putumayo, es pieza fundamental para que la fiscalía siga investigando los posibles nexos entre los “paras” y la aerolínea estatal Satena, al inicio de la década del 2 mil cuando las autodefensas arribaron al departamento del Putumayo.

Alias “La Fiera” fue capturado por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, el 31 de enero del 2013 en el sur de Bogotá por su participación directa en las masacres del Tigre, el Placer y La Dorada en el bajo Putumayo.

La Fiscalía siete años después no se ha pronunciado sobre las supuestas ayudadas de la empresa aérea.

Para el ente investigador, es claro que los paramilitares que a finales del año 1.999 crearon el bloque Sur del Putumayo y regaron con sangre el departamento a punta de masacres, violaciones y homicidios selectivos, ingresaron a la región en avión. No podían hacerlo por tierra, pues las Farc controlaban las carreteras del departamento. ¿Cómo volaron hasta allí? Ese es el interrogante que el organismo tiene que resolver.

Por lo menos tres desmovilizados de las AUC le han confirmado a la Fiscalía que entre 1999 y 2001 ingresaron a Putumayo en vuelos desde Cali hacia Puerto Asís, y han dicho que pudieron hacerlo sin mayores inconvenientes gracias a un supuesto convenio entre funcionarios de la aerolínea Satena y los paramilitares.

Esos desmovilizados son Edwin Alberto Romero Cano, alias El Médico; Carlos Mario Ospina Bedoya, alias Tomate, y Hiller de Jesús Paniagua, alias La Fiera. Fue precisamente éste último el primero en referirse al supuesto convenio con Satena. Aseguró que en abril de 1999 viajó desde la capital del Valle junto con otros miembros de las AUC sin revelar su identidad. Declaración que reposa en los archivos de la fiscalía.

La Fiera dijo: “Que ellos recibían los tiquetes, y como que había algún convenio con esa aerolínea, porque a nosotros nos dieron los tiquetes y nos dijeron ‘apréndanse estos nombres y listo’”. Subrayo que al llegar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en la población de Palmaseca y que le sirve a la ciudad de Cali, apenas les pedían los pasajes de inmediato los dejaron pasar.

Refrendando esta versión, alias Tomate le dijo a la Fiscalía, en versión libre del 3 de febrero de 2010, que los paramilitares tenían derecho a una decena de cupos semanales en los vuelos de Satena que salían de Cali a Puerto Asís: “Teníamos diez cupos para sacar a nuestra gente”, aseveró.

Los paramilitares viajaban “como un ciudadano común y corriente”. En ocasiones llegaron a ir en botas al aeropuerto, lo cual —según Tomate— les causó fuertes llamados de atención. Asimismo expresó que el encargado de conseguir los pasajes era Héctor de Jesús Monroy, alias Darío, y que, incluso, hubo ocasiones en las que sacaron cadáveres del Putumayo en viajes comerciales. Esta misma versión fue publicada por el periódico El Espectador el 10 de febrero del 2013,  bajo el titulo ¿Ayudó Satena a los ‘paras’ de Putumayo?

Tomate también habló de una posible vinculación de la empresa Aires: “En un tiempo se trabajó con Satena. Después se pusieron los tiquetes más baratos en Aires. Entonces se pasaron para Aires. Creo que Satena nos atendió por ahí seis o siete meses y el resto fue con Aires. Además, Satena ponía mucho problema para sacar los muertos”.

En versión libre del 2 de febrero de 2011, alias El Médico le aseguró a la Fiscalía que llegó a Putumayo con otros nueve paramilitares en un vuelo de Satena, y que sus acompañantes viajaron con un mismo nombre; es decir, que al menos en esa ocasión se expidieron diez pasajes a nombre de una misma persona y nadie les puso problema.

El presidente de Satena, para el año 2013 general Carlos Eduardo Montealegre, aseguró que nunca se recibido denuncias sobre empleados de la aerolínea vinculados a los paramilitares. Añadió que en el período en cuestión no había funcionarios de Satena en Cali, sino de una empresa subcontratada para representar a la compañía en esa ciudad y que, además, Satena no tiene digitalizados los registros de esa época, lo que dificulta verificar la información entregada por los desmovilizados.

Las declaraciones de estos tres desmovilizados fueron el punto de partida para que la Fiscalía pueda establecer o descartar la versión de que Satena y luego Aires facilitaron la llegada de los paramilitares a Putumayo. Satena no tiene archivos de la época; Lan recibió de Aires los registros desde el año 2000.

Consultada la Fiscalía General de la Nación, sobre el tema; manifestaron que el señor Hiller de Jesús Paniagua, dejó de cooperar con la justicia en el 2013 y que su último registro de ubicación fue en Bogotá, donde vivía como cualquier otro ciudadano.

Ante esta situación la investigación no ha podido avanzar como se esperaba acoto la misma fiscalía.-

La fosa común más grande de Colombia, estaría en Puerto Asís Putumayo

Mas de 3 mil personas habrían sido asesinadas por los paramilitares en el Putumayo, según la Fiscalía General de la Nación./Foto Colprensa

Puerto Asís/Colprensa

Por: German Arenas Usme.

En la finca Villa Sandra a la entrada del municipio de Puerto Asís, Putumayo, los paramilitares al parecer enterraron a más de 800 personas que fueron asesinadas por el frente Sur del Putumayo.

Los restos de las víctimas se encontrarían en la finca llamada Villa Sandra, donde precisamente las AUC instalaron una de las bases de operaciones en su llegada al sur de Colombia en enero de 1998.

Así lo hizo en versión John Jairo Renteria Zuñiga, ante fiscales de la unidad de Justicia y paz en Medellín, los días jueves 15 y viernes 16  de octubre de 2009.

John Jairo Rentaría Zuñiga, conocido con el alias “Betún”, quien integró el frente Sur del Putumayo creado en 1998 con integrantes del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) por orden del jefe paramilitar de la época Carlos Castaño Gil y comandado por Antonio Londoño Jaramillo alias ‘Rafa Putumayo’.

Alias “Betún”, hizo parte de las AUC desde 1.997 al 2004, hasta que se desmovilizo en la vereda Esperanza de Puerto Asís, junto con 504 hombres más el 1 de marzo del 2006.

“En esa finca había un grupo permanente de nosotros y allí los urbanos llevaban la gente que iban a matar, se la entregaban a ellos, las ejecutaban y las enterraban por allá. Hay muchísima gente en fosas, yo creo que unas 800 personas”, dijo alias ‘Betún’.

Según relató el ex paramilitar, ese predio fue donado por su dueño a las Accu, para que instalaran allí su base de operaciones. Indagado por qué tomaron la decisión de enterrar allí a sus víctimas, ‘Betún’ explicó que fue por sugerencia de la policía de Puerto Asís: “nos pidieron el favor que no matáramos más gente en el pueblo porque ellos tenían problemas, entonces dieron la orden de que todo aquel que quisieran matar lo llevaran a la finca y lo enterraran allí”.

Decenas de las víctimas que fueron asesinadas a manos de los paramilitares fueron señaladas de ser presuntamente milicianos de la guerrilla de las Farc o informantes por los comerciantes de Puerto Asís: “ellos sabían dónde vivíamos nosotros y tenían nuestros números de teléfonos. Nos llamaban cada rato para informarnos que había milicianos en el pueblo, entonces nosotros lo capturábamos y lo llevábamos a Villa Sandra. La mayoría de gente que se murió en Puerto Asís fue por la misma gente del comercio”.

Una de las acciones más macabras de este frente paramilitar era el cumplimiento, sin discusión, de la orden de descuartizar a sus víctimas. “Había que desmembrar  a la gente. Primero se le mochaban las manos, luego los pies y por último la cabeza. Muchas veces se hizo eso con gente viva. No se podía enterrar a nadie entero”, relató este ex patrullero de las Accu.

En su versión ante la Unidad de Justicia y Paz, Rentería Zúñiga reconoció que no sólo en la finca Villa enterraron víctimas, también lo hicieron en el cerro San Isidro, ubicado cerca de la inspección de El Placer, municipio del Valle del Guamuez, y en el sitio conocido como El Cilindro, cerca de la cabecera municipal del municipio de San Miguel, la Dorada.

De acuerdo con cálculos de la Fiscalía General de la Nación, se estima que en el Putumayo hay enterradas en fosas comunes por lo menos 3.000 personas, asesinadas por los paramilitares desde enero de 1998, fecha en la que llegaron estructuras de las Accu al departamento por orden de Carlos Castaño Gil, decisión que se tomó durante la tercera cumbre de las Accu, en 1996.

Ex paramiliatares señalan que recibieron apoyo del ejército, armada y policía. “Tenían un enemigo común”./Colprensa

Los nexos con la fuerza pública

La expansión del frente Sur del Putumayo, de acuerdo con la versión de Rentería Zúñiga, contó con la ayuda de la fuerza pública acantonada en el departamento. Según el desmovilizado, policía, ejército y armada se involucraron durante varios años con los paramilitares con el argumento de que “tenían la misma causa”.

Para demostrar su afirmación, narró que días después de que él y un grupo de por lo menos 75 hombres incursionaran en la Inspección de El Placer, cerca de La Hormiga en el sur del departamento, y en algunas veredas como La Dorada, Las Brisas, El Empalme y El Vergel, en la que asesinaron a 29 personas, el grupo que perpetró la masacre regresó al caserío de El Placer y se ubicaron en una casa en las afueras del pueblo. “Eso lo empezamos el 7 de noviembre de 1999. Cuando entramos a matar la gente, allá no había ni policía, pero cuando regresamos, como a los diez días, había tropa del Ejército”, agregó ‘Betún’.

“Nosotros entonces decidimos coordinar con ellos, Inicialmente, nos dijeron que nos quedáramos alrededor del pueblo, luego nos dijeron que nos podíamos quedar en el pueblo y llegábamos uniformados. Además, ellos subían a la base de nosotros y andaban en los carros de nosotros y nosotros en los de ellos, y así”, explicó el versionado, quien sostuvo durante la diligencia que no recordaba nombres de oficiales o de suboficiales, así como tampoco de batallones o unidades militares.

Durante sus movilizaciones, aseguró, los retenes del Ejército eran levantados para que transitaran sin problemas y “cuando necesitábamos algún apoyo ellos estaban ahí y si ellos necesitaban apoyo nos lo pedían. Se hacían reuniones con los comandantes de ellos y los comandantes de nosotros, y teníamos coordinadas las frecuencia de radio”.

Uno de los hechos relatados por este desmovilizado involucró a dos helicópteros, al parecer del Ejército, que varias veces los abasteció de armas, municiones y uniformes a cambio de cocaína: “Eso ocurrió en La Hormiga. Llegaron dos helicópteros y yo fui a prestarles seguridad. Bajaron fusiles, munición y uniformes camuflados y se los entregaron al comandante Bacalao, quien era el jefe financiero del frente y el encargado de comprar todo eso. Luego llegaron dos camionetas y entregaron la droga”.

Además, agregó, que en esas aeronaves, sobre las cuales se ratificó que eran del Ejército, transportaban paramilitares heridos y enfermos, así como aquellos que tenían algún tipo de permiso.

Pero las acciones conjuntas, siguiendo el relato de ‘Betún’, involucraba a la Armada, que patrullaba los afluentes cercanos a Puerto Asís, y a la Policía Antinarcóticos, que adelantaba operaciones en la zona. Eran constantes los retenes conjuntos de paramilitares y fuerza pública no sólo en las carreteras, sino en los ríos.

“Una vez nos atacó la Armada. Teníamos uniformes nuevos y estábamos en el río Guamuez y pasó una lancha de ellos y nos cogió a tiros. Nosotros nos protegimos de las balas, pero nos alcanzaron a retener y a quitarnos los fusiles porque pensaron que éramos de la guerrilla, pero luego que se aclaró el asunto y nos devolvieron las armas”, indicó el versionado.

 

Centenares de familias buscan a sus seres queridos en el Putumayo/ Foto tomada en el Placer Putumayo, tras una masacre perpetrada por paramilitares/Colprensa

La Búsqueda e identificación de cuerpos

Ante la versión entregada por alias “Betún”, quien fue asesinado a finales del 2010, y la declaración de otros ex paramilitares que operaron en el Putumayo, la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas  UBPD, ya inicio con el proceso de la búsqueda y ubicación de dichas fosas comunes en Puerto Asís, Putumayo, donde serían varias las fincas donde los paramilitares habrían enterrado a sus víctimas. Igualmente en los cementerios locales de Puerto Asís, Puerto Caicedo y de algunas veredas.

“Son varias las informaciones que tenemos sobre fosas comunes que los ex paramilitares, testigos y familiares de desaparecidos nos están suministrando para poder realizar esas búsquedas y la posible identificación de las víctimas”, señalo un vocero de la UBPD, quien pidió reserva de su identidad.

Igualmente la Agencia Colombiana de Prensa  COLPRENSA, pudo establecer que la finca Villa Sandra, se encuentra en un proceso de reclamación de tierras en la sede de la URT en Putumayo.

Otra fuente informo que la finca en mención nunca fue donada por el dueño a los paramilitares sino, que estos se la quitaron bajo amenaza de muerte.

Será tarea de las autoridades investigar

Será tarea de la justicia investigar la veracidad de la confesión de este desmovilizado.

Llego la energía pero la violencia no se borra en el bajo Putumayo

Jaime Congote, habitante de Villa Leyva Putumayo/Colprensa

Mocoa/Colprensa

 Aún las huellas de lo que fue la violencia en el bajo Putumayo no se han borrado de los recuerdos de muchos de los habitantes que tuvieron que convivir con el miedo y el temor que generaban los grupos armados ilegales que querían imponer su ley en estas selváticas tierras al sur de Colombia.

Jaime Congote, es uno de esos hombres que recuerda como si fuese ayer esos momentos por el cual, él y su familia tuvieron que padecer por culpa del conflicto armado en su vereda Villa Leyva jurisdicción del municipio de Orito, donde apenas este año llego la energía eléctrica gracias al Gobierno Nacional.

Este hombre de 68 años originario de Cali, cuya profesión era sastre, llegó a la vereda en 1990 porque unos familiares suyos vivían allí y él venía a visitarlos. “Me quedé por aquí porque conseguir dinero en la ciudad es difícil. Entonces me encapriché y me quedé en el monte. Pero me arrepiento, allí la vida era buena”. Agrega que “aquí el gobierno nos da muy duro… Siempre es críticas, humillaciones, fumigaciones, grupos al margen de la ley y  paramilitares”. 

Jaime, vivió el secuestro de su hermano tres veces. La primera fue la guerrilla, le sacaron 500 millones de pesos que, según la familia,  fue por vacuna. “Fuimos lo rescatamos, se vendió el carro, se pasó plata en Cali y se pagaron los 500 millones de pesos. Luego llegaron los paramilitares, lo cogieron y le dijeron que si tenía plata para pagarle a las FARC, a ellos les debía el triple. “2.000 millones de pesos nos sacaron”.

Y la última, en 2008, cuando paramilitares y otros grupos armados al margen de la ley se organizaron para delinquir. Entonces, desaparecieron a su hermano  en Santo Domingo de Corabas. “Me decían ‘usted sabe, paga o lo matamos’. Pero ya no teníamos más plata, aquí es un abuso con la gente civil”. Congote duró tres años buscando a su hermano por cielo y tierra. Él vive solo, tiene su tienda y su casa, su esposa vive aún en Cali. Tiene un hijo en Orito y una hija en Pitalito. La guerra poco a poco fue separando  su familia.

Dice que el posconflicto no les ayudó en nada, que la guerra siempre les arrebata lo que tienen, que sus ranchos y veredas son trajeadas por el estado. “Con la firma de paz se acabó un grupo, pero quedan otros, aquí han venido a chantajearme,  a decir que ellos son los que mandan, que les tengo que dar esto o les desocupo el lugar. Entonces uno siempre está bajo su dominio”.

“Los impuestos siempre los termina pagando el campesino. Ya que si un grupo al margen de la ley cobra impuestos, el agricultor le sube a la papa, a la yuca y por ende los supermercados aumentan sus precios, Le suben por una vacuna, esa es la excusa, pero siempre la plata sale del pobre campesino”.

La economía del Putumayo depende del ganado y el cultivo de coca. Don Jaime siembra pimienta, plátano y cacao, pero eso no le da para comer. Por eso miles de familias se dedican a cultivar coca, porque les genera mayores ganancias. “Un tipo se puede echar tres arrobas y en 3 meses saca 400.000 pesos, que es lo que da una hectárea de cacao al año. Pero cuando los ‘paras’ vienen, le piden a uno lo de dos arrobas. Siempre bajo el dominio del más fuerte”.

Las zonas que rodean la vereda Villa de Leyva son tropicales, en las que el sol y la lluvia aparecen de forma constante. La coca es un producto que no da racimo, como el plátano o el cacao, sino que da hojas como la hierba.  “Usted nunca espera un racimo, sin embargo del plátano llegan miles de enfermedades a largo tiempo.  En cambio la coca, usted como la cultiva cada dos meses, únicamente le arranca la hojita y ya está”. El clima convierte al departamento en un buen terreno para el ganado y la coca.

Los campesinos necesitan energía y recursos. Sacar racimos de plátano no es rentable, ya que  les toma 3 o 4 horas de camino traerlos y les cobran 30 mil pesos por cada uno, y en el pueblo los venden a 50 mil. Les sale mejor no sembrar nada, porque no hay forma de transportarlo. “Antes había mucha gente, entonces consumían, había trabajo y así la gente consume. ¿Qué se hace hoy en día si no hay gente pa’ trabajar? La única forma son los cultivos y por eso la gente se está desplazando”.

Congote, que no encuentran trabajo aquí, ha sido testigo de cómo su vereda se convirtió en un pueblo fantasma desde cuando se fumigó coca por primera vez, hace cerca de 20 años. “Yo no me he ido y aquí he bregado a sobrevivir, ya me acostumbré a estar acá, a mí la humanidad me quiere bastante, yo aquí soy don Jaime y uno como que se encariña, además ya estoy viejo, pero yo me voy a ir, este año estoy haciendo un rancho en Orito y me voy para allá”.

No contar con servicios básicos y vivir en constante amenaza por cuenta de la seguridad de la zona, ha hecho que las personas se vayan de estas veredas. Don Jaime cuenta que antes había un promedio de 60 alumnos, 3 profesores y buenas aulas de clase. Pero hoy, usted va y hay 6 alumnos “la gente por medio de la erradicación se fue a Nariño, Cauca, esa población quedó desolada”.

“Nosotros vimos como el Ejército quemó una casa y les dijimos por qué hacen eso y ellos dijeron ‘nosotros no fuimos’. Es un abuso, pero como es la ley, uno no puede decir nada o lo callan. Entonces uno tiene que irse desplazando por que qué más, así la ART traiga sus plantas solares, ahí les quedará tirado, porque uno qué se va a poner a cargar eso si en el pueblo ya hay forma de sobrevivir”.

Este caleño hace parte de esos campesinos que andan con una escopeta en su cuarto. Pero también es de los que confían en que algo bueno llegue a la vereda y les cambie la vida. Sin embargo, de tanto esperar ya van tres décadas al cabo de las cuales, apenas tuvo acceso a la luz eléctrica.

Alumbrar con velas o utilizar mecheros para cocinar, ir al baño y ver en la oscuridad parece la trama de una película del siglo XIX, donde los servicios básicos son lujos para la comunidad. Pero no, es la realidad de 43 familias rurales en dos veredas de Putumayo a quienes, como paliativo al olvido estatal, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) les instaló paneles solares.-

Aprobados los recursos para las obras de mitigación en Mocoa

 La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez supervisa la reconstrucción de Mocoa por orden del presidente Iván Duque/Colprensa

Mocoa/Colprensa

La capital del departamento del Putumayo fue devastada en un 40 por ciento a consecuencia de una avalancha que se registró en la noche del 30 de marzo del 2017 dejando un número superior a los 350 muertos y 17 barrios afectados directamente de los cuales cuatro desaparecieron totalmente.

El pasado fin de semana, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión –OCAD-  dio vía libre a los recursos de Regalías, por 238 mil 68 millones de pesos, destinados a los trabajos de mitigación en el casco urbano. El objetivo es evitar que se repitan tragedias como la causada por la avalancha de 2017.

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien supervisa la reconstrucción de la capital del Putumayo, por encargo del Presidente Iván Duque Márquez, señaló que la apuesta del Gobierno Nacional siempre ha sido entregar soluciones definitivas para la ciudad.

«Por fin vamos a superar la condición de riesgo, beneficiando directamente a habitantes de Mocoa, así como a los habitantes del Putumayo, toda vez que su capital será más competitiva y segura», dijo.

Y es que con esta intervención, se reduce significativamente el riesgo de desastres, pero la tarea va más allá: «Sabemos que debemos llegar incluso a mitigar el riesgo de una avalancha y, para ello, se requieren las obras de la cuenca alta. En este sentido, ya estamos trabajando con Corpoamazonia, que está haciendo los estudios y diseños fase III, para saber el costo y la cantidad de obras que se necesitan. Una evaluación preliminar, arrojó que tienen un costo aproximado  de $400 mil millones», puntualizó la Vicepresidente.

Entre las obras contempladas están las de mitigación, POMCA (Plan de Manejo y Ordenación de una Cuenca) y faja paralela, con un costo de $ 198.252.349.601; Pavimentos por un valor de $ 39.816.440.002; y pavimentos con recursos Regalías-Alcaldía, por $ 3.766.091.926.

«Entendemos la reconstrucción de Mocoa como una oportunidad histórica para proyectar la ciudad con mejores estándares de urbanismo, planeación, seguridad, turismo, comercio y como un corredor de conexión estratégico entre Ecuador y Colombia», indicó la Vicepresidente.

Desde 1998 se han presentado más de 20 desastres en Mocoa, en el año 2017, centenares de personas perdieron la vida y muchas familias resultaron damnificadas, por causa de una avalancha.

En la foto: La vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, y los compromisos para la reconstrucción de Mocoa/Colprensa

Avances en la reconstrucción de Mocoa

El Gobierno Nacional ha trabajado en diferentes líneas para la reconstrucción de Mocoa, con 122 proyectos, bajo el liderazgo de la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades locales: Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión del Riesgo; Infraestructura Social, Conectividad e Integración Regional, y Desarrollo Económico, social e institucional.

Una de las obras más importantes tiene que ver con el acceso al agua potable para la población. «La entrega del acueducto la haremos a inicios del próximo año, así como de 100 casas urbanas en el primer trimestre del 2020», explicó la Vicepresidente. La meta es entregar un total de las 1.209 viviendas hasta diciembre de 2020, que beneficien  a 3.868 ciudadanos.

Entre las intervenciones adelantadas está la adecuación y dotación de instituciones educativas así como de escenarios deportivos; la construcción de la casa lúdica, la biblioteca, un Centro de Desarrollo Infantil; una placa deportiva, un centro comunitario; vías, andenes y zonas verdes, entre otras.

En el área de transporte, se han reconstruido los puentes vehiculares sobre los ríos Mulato y Sangoyaco. Así mismo, se ejecutan tres proyectos: la construcción de la variante San Francisco –Mocoa, un puente a la altura de la terminal y otro en la quebrada San Antonio.

Las inversiones de reconstrucción alcanzan los 647 mil millones de pesos, sumados al monto de las obras de mitigación, que se gestionó con el fin de garantizar la tranquilidad a los pobladores y escribir una nueva historia para esta ciudad, fuertemente golpeada por los embates de la naturaleza.-

 

URT al cien por ciento comprometida con las comunidades indígenas del Putumayo

Las cartillas, traducidas a las lenguas Inga y Siona, contienen las órdenes dictadas por los jueces en las sentencias de restitución de tierras proferidas a favor de las comunidades indígenas Selvas del Putumayo y Tëntëyá, del municipio de Orito./Alexandra Rodriguez/URT

Puerto Asís/Colprensa

El Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, fue el encargado de hacer la entrega de los textos. En las sentencias la justicia ordenó restituir los derechos de ambas comunidades; y en el caso de la URT, cumplir con cinco órdenes, entre ellas, la entrega de las cartillas.

Al evento asistieron representantes de ambas comunidades indígenas quienes, para agradecer el apoyo de la entidad, realizaron un acto de armonización y la presentación de uno de sus bailes típicos.

 

En la foto: Comunidad Inga Selvas del Putumayo, recibiendo sus cartillas./Alexandra Rodriguez/URT

“Agradecemos a la Unidad su compromiso y empeño por sacar adelante los procesos de las comunidades étnicas. Para nosotros no ha sido fácil; en cada una de las etapas siempre nos han acompañado y el cumplimento de las ordenes en la sentencia es muestra de ello”, afirmó Jorge Muchavisoy, gobernador de la Comunidad Inga Selvas del Putumayo.

Como compromiso con la construcción de una sociedad en paz y la restitución étnica en el departamento, a través de las mesas temáticas de restitución de tierras con enfoque colectivo, la Unidad seguirá siendo la promotora del cumplimiento de cada una de las órdenes dictadas en las sentencias.

“El cumplimiento de estos fallos es una gran muestra de nuestro compromiso con las comunidades indigenas y este instrumento les va a permitir contarles a sus hijos y a las nuevas generaciones cómo fue este proceso, cómo tomaron valor, cómo les afectó este tema de la violencia y cómo la Unidad de Restitución los apoyó para que tuvieran su sentencia”, concluyó el Director Castro.

 

Sionas en el Putumayo continúan en su lucha por la defensa de su pueblo

En la foto: autoridades del pueblo Siona y sus representantes juridicos./LBM

Puerto Asís/Plataforma de Derechos Humanos

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

En el despacho del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa, Putumayo, reposa una solicitud de restitución de su territorio ancestral y ampliación del resguardo Buenavista. El propósito, señalan miembros de esta comunidad, en riesgo de exterminio físico y cultural, no es otro que proteger una zona de alto valor espiritual de los intereses de empresas petroleras y de grupos armados que buscan desarrollar en ella actividades ilícitas.

Mucho antes de que llegaran a las selvas del Bajo y Medio Putumayo los conquistadores españoles, los misioneros franciscanos, los caucheros, los colonos campesinos, los cocaleros, las empresas petroleras, la guerra y sus actores armados, estaba el pueblo Zio Bain, conocido después como Siona.

Sus dominios, según testimonia una caracterización realizada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), se extendían desde lo que hoy se conoce como Orito, pasando por el Valle del Guamez y Puerto Asís, hasta Puerto Leguizamo. Históricamente, el pueblo Siona también ha poblado las riberas tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano del río Putumayo, que sirve de línea divisoria entre ambas naciones.

“Nuestros mayores recorrían todo ese territorio por el río”, explica Mario Erazo Yaiguaje, líder indígena Siona, cuyo segundo apellido en lengua nativa (Mai coca) significa “hombre del jaguar”. De mirada atenta, piel marrón y correcto español, recuerda que el tiempo de sus ancestros “se vivía en armonía con la selva, con el río. Nuestros mayores se movían con toda libertad por el territorio. Pero, entonces, por allá en los (años) setenta resultó un día que teníamos que crear un resguardo y eso, claramente, era para acorralarnos, para evitar que tuviéramos posesión de la tierra”.

Durante La Colonia, la Corona Española creó la figura de los resguardos con el fin de garantizar la mano de obra indígena en los cultivos y las minas, permitiéndoles vivir en un territorio especial de acuerdo con sus costumbres y creencias. Algunos, incluso, llegaron a contar con títulos otorgados en aquellas épocas. Pero, tras el surgimiento del Estado colombiano, dichas propiedades colectivas tuvieron que iniciar un proceso de reconocimiento, formalización y legalización ante las entidades estatales respectivas.

Es el caso del resguardo Buenavista, a donde se llega tras dos horas de viaje remontando las aguas del río Putumayo desde Puerto Asís.

“Cuando nuestros mayores crearon el resguardo, ellos ‘echaron mano’ de

Fue así como el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) creó, mediante Resolución 053 del 24 de abril de 1974, la Reserva Indígena Buenavista. Pero, en 1983, la misma entidad, esta vez mediante Resolución 045 del 21 de julio de ese mismo año, modificó su categoría a la de resguardo.

“En ese tiempo se creía que era mucha tierra”, continúa el líder indígena. “En ese tiempo tampoco había ‘brazos’ para hacer el trabajo de instalar mojones más allá y delimitar un área más amplia. Tampoco se pensaba que se necesitaba proteger el territorio de otros actores. Lo que pensaron nuestros mayores fue: delimitemos esto, pero el territorio sigue siendo nuestro”.

Sin embargo, muchas cosas cambiaron desde aquella decisión de los mayores. Al territorio Siona arribaron colonos campesinos buscando un pedazo de tierra dónde vivir. Luego llegaron los grupos armados al margen de la ley con intenciones de imponer bajo la fuerza del fusil su modelo de dominación. También aparecieron las empresas petroleras atraídas por el oro negro que se esconde bajo las selvas del Medio y Bajo Putumayo, tierras que también encierran valores sagrados para los pueblos indígenas como los Siona.

Movidos por la necesidad de proteger una zona que han ocupado históricamente, sobre la que pesan intereses extractivos por parte de empresas petroleras y codiciado por grupos armados que buscan desarrollar lucrativos negocios ilegales, el pueblo Siona radicó en 2017 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa, Putumayo, una solicitud de restitución del territorio étnico ancestral, incluido el resguardo titulado que se solicita en ampliación, de 52.029 hectáreas, que haga parte, además, de su proceso de reparación colectiva por ser víctimas del conflicto armado.

Por los términos de la solicitud, las oposiciones que enfrenta y la desatención a la petición que desde 2010 vienen “patinando” los Siona ante diversas entidades estatales, sin respuesta satisfactoria alguna, será la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali la que dirima este caso. Su tarea no será fácil, pues además de decidir sobre la solicitud de ampliación del resguardo, tendrá la última palabra en una controversia planteada por una comunidad indígena del pueblo Nasa, asentada desde hace más de cuatro décadas en tierras de los Siona.

Esta sala especializada también deberá valorar los argumentos esgrimidos por colonos campesinos que alegan habitar, desde hace varios años, predios dentro del territorio solicitado por los indígenas; y decidir finalmente sobre las explotaciones petroleras, actuales y futuras, a cargo de la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda. En tierras que los Siona consideran sagradas y propias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en el asunto y para proteger esas tierras decretó el 14 de julio de 2018 medidas cautelares de salvaguarda territorial en favor de “las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del pueblo Indígena Siona”, que el Estado colombiano está obligado a cumplir. A ellas se suman las decretadas por el Juzgado de Restitución de Tierras de Mocoa el 21 de agosto de 2018 en favor de la comunidad indígena del Resguardo Buenavista.

Pueblo en riesgo

El resguardo Buenavista es la capital del pueblo Siona. Un censo elaborado en 2017 por sus autoridades evidenció que allí viven 167 familias (unos 700 indígenas aproximadamente) de los 2.600 Siona que aún quedan. Además de Buenavista, existen otros cinco resguardos, seis cabildos y doce comunidades. Cuentan con un total de 19.600 hectáreas, unas adjudicadas por el Estado colombiano y otras adquiridas con recursos propios.

Puerto Asís, Puerto Leguizamo y Orito continúan siendo municipios con presencia ancestral del pueblo Siona. En otros, como Mocoa, aparecieron relativamente hace poco, como consecuencia directa del conflicto armado. Registros de las autoridades del resguardo Buenavista señalan que, durante los años más cruentos de la confrontación armada, es decir, durante buena parte de la década de 2000, más de 50 familias debieron abandonar a la fuerza el resguardo y reanudar sus vidas en tierras ajenas, lejos de sus costumbres.

Para los Siona, cuyas características culturales se encuentran tan arraigadas al territorio por cuanto en él reside su esencia espiritual y su espacio sagrado, el desplazamiento forzado supone una seria amenaza para su existencia como pueblo. De hecho, la cruenta guerra librada por los frentes 32 y 48 de la extinta guerrilla de las Farc, el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional en pleno corazón de su tierra sagrada, los puso en peligro de extinción.

Con ocasión de los hechos de violencia que afectaron a la comunidad del resguardo Buenavista, la Unidad de Atención a Víctimas les incluyó como sujeto colectivo de reparación integral el 2 de junio de 2016 mediante la Resolución 2016-108678.

Pero su situación de vulnerabilidad venía de tiempo atrás. De hecho, quedó consignada en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado de pueblos indígenas que adelanta este alto tribunal, mediante el cual reconoció a los Siona como una de las 34 etnias en peligro inminente de extinción física y cultural, “víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

De acuerdo con la Corte, las incursiones de los grupos armados así como la militarización y los bombardeos de los territorios de los indígenas (muchos de ellos considerados sagrados en su cosmogonía); el padecer largos periodos de confinamiento por cuenta de la siembra indiscriminada de minas antipersonal; el éxodo forzado; el reclutamiento forzado de decenas de jóvenes; las amenazas contra sus autoridades y líderes y el asesinato selectivo de ellos, “constituyen los troncos principales de la confrontación que se cierne sobre los pueblos indígenas del país”.

Ante ello, el alto tribunal ordenó a diversas entidades estatales que, en el término máximo de seis meses contados a partir de la notificación del Auto, formularan e implementaran planes de salvaguarda étnica para cada uno de los 34 pueblos identificados en “peligro de extinción física y cultural”.

Sin embargo, según la defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, coordinadora legal de Amazon Frontlines, organización no gubernamental que acompaña al pueblo Siona, el Estado colombiano no ha ejecutado acciones contundentes tendientes a la protección de este pueblo nativo. La situación tiende a agravarse por cuanto un año después del pronunciamiento de la CIDH, no hay concertación alguna.

Los Siona, apoyados por las organizaciones Amazon, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), solicitaron una audiencia a la CIDH para septiembre próximo en Washington, que está pendiente de aprobación, para denunciar que el Estado colombiano incumple el plan de salvaguarda étnica ordenada por la Corte Constitucional en 2009 y las medidas cautelares proferidas por ese organismo internacional.

Continúa la amenaza

El riesgo de exterminio físico y cultural del pueblo Siona continúa tan vigente como dos décadas atrás. Debido al deterioro de la seguridad en la región, el resguardo Buenavista cuenta en la actualidad con medidas de protección colectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que entregó radios de comunicación y dotación para la Guardia Indígena (chalecos y distintivos), y se comprometió a aportar dos motocicletas que aún no llega.

De otra parte, dos líderes de este resguardo cuentan con esquemas individuales de protección provisto por esa entidad estatal. Uno de ellos es Mario Erazo Yaiguaje, el otro es Sandro Piaguaje, actual gobernador del resguardo.

Para los Siona, ni la desmovilización colectiva de los grupos paramilitares que operaron en todo el país, incluido el departamento de Putumayo, que finalizó en agosto de 2006, ni la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc tras la firma del Acuerdo Paz, en 2016, se ha traducido en paz y tranquilidad para ellos. “Sólo fue un calmante a la contaminación auditiva del plomo que se echaban en los combates”, responde una autoridad espiritual Siona cuando se le pregunta por los efectos del reciente Proceso de Paz.

Tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo a través de las Alertas Tempranas 008-16 de marzo de 2016 y 024-18 de febrero de 2018, luego que la extinta guerrilla de las Farc dejara sus armas aparecieron en toda la región del Bajo y Medio Putumayo nuevas estructuras armadas, algunas identificadas simplemente como ‘los mafiosos’ o los ‘paramilitares’, otras que responden al nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), y otras conformadas por guerrilleros disidentes ‘farianos’.

Estos nuevos grupos han hecho sentir su presencia mediante la difusión de panfletos donde anuncian la imposición de restricciones a la movilidad por el río (prohibiendo la navegación después de las 6 de la tarde) y el inicio de acciones de “limpieza social”. También han ingresado a los resguardos del pueblo Siona (Buenavista y Piñuña Blanco), convocando a reuniones obligatorias a sus miembros.

“El año pasado ingresó este grupo que dice que son Farc, diciendo que no querían ver a los paramilitares por aquí. Luego ingresó ese grupo de los mafiosos diciendo que si ven a los disidentes les echan bala. Nosotros hablamos con ellos, diciéndoles que no permitimos personas armadas en el territorio y demás, pero es muy complicado porque estamos en medio de dos grupos”, cuenta un líder Siona, quien pidió se omitiera su nombre por protección.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, los indígenas de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco se encuentra en serio riesgo de ruptura del tejido social, cultural y de su identidad colectiva debido a la persistencia de problemáticas como el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de estas nuevas estructuras armadas, además del constante peligro que significa la presencia de minas antipersonal a lo largo y ancho del Bajo y Medio Putumayo. A lo anterior se suma las amenazas proferidas contra autoridades, líderes y miembros de la Guardia Indígena durante 2018, situaciones que podrían derivar en nuevos desplazamientos forzados, individuales o colectivos.

El interés de estos grupos, advierte el SAT, es el control militar y social del territorio, así como de las economías ilegales que se desarrollan en él, principalmente el cobro de extorsiones a todas las actividades comerciales, minería ilegal y el narcotráfico. Al respecto, mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) señalan que mientras en 2010, el departamento de Putumayo contaba con 4.780 hectáreas sembradas con hoja de coca, en 2017 la cifra se ubicó en 29.580, siendo el municipio de Puerto Asís el más afectado por presencia de cultivos ilícitos, con 9.644 hectáreas.

Pese a la gravedad de todo lo anterior, para los Siona, la amenaza más seria contra su integridad como pueblo indígena proviene de la explotación petrolera que desde 2012 viene realizando la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda, filial colombiana de la multinacional británica Amerisur, en el bloque denominado Platanillo, en los límites del resguardo Buenavista.

Tierra de petróleo

Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda. Cuenta con 33 contratos vigentes para exploración y explotación de hidrocarburos en la llamada Cuenca Caguán-Putumayo.

De ellos, 17 se encuentran en jurisdicción del departamento de Putumayo. De estos, actualmente se encuentran en fase de explotación tanto el contrato 154, que corresponde al Bloque Platanillo, un área de 12 mil hectáreas ubicadas en el municipio de Puerto Asís; y el contrato PUT-9, de 49.150 hectáreas que abarcan jurisdicción tanto de Puerto Asís como de Puerto Caicedo.

Ambas explotaciones están contiguas al resguardo Buenavista. Si bien para el inicio de estas operaciones no se surtió proceso de consulta previa por cuanto no estaban dentro del resguardo como tal, la comunidad indígena Siona sostiene que desde que la empresa comenzó a extraerle petróleo a la tierra, muchas cosas han cambiado para mal..

“Son varias las afectaciones. Una de ellas es la contaminación del río”, explica Sandro Piaguajé, actual gobernador del resguardo Buenavista, cuyo apellido en lengua nativa significa “gente del ají”. Y agrega: “La empresa alega que la contaminación es por la minería ilegal y los laboratorios para producir cocaína. Y no vamos a negar que en el territorio hay coca y que, para Puerto Caicedo (municipio) , hay minería, pero también es cierto que hay contaminación por parte de la petrolera, que ellos han vertido residuos de sus operaciones en las aguas del río. Los niños no se pueden bañar en el río porque les puede dar enfermedades en la piel. Para corroborarlo, autoridades del pueblo Siona solicitarán una comisión de verificación de afectaciones e impactos socioambientales para que tanto las entidades del sector minero-energético, como las autoridades ambientales, el Ministerio Público y las organizaciones acompañantes y garantes, visiten la zona y realicen las respectivas muestras que determinen qué tan contaminadas están las fuentes hídricas. “Aún no tenemos fechas, pero estamos en esas, definiendo para cuándo vamos a solicitar esa comisión”, expresa el gobernador indígena..

La toma de yajé es parte fundamental de la cosmogonía Siona. Este bebedizo, extraído de la savia de una liana que crece en tierra, trepa por los troncos de los árboles hasta alcanzar sus partes altas, donde se ramifica, es fuente de su espiritualidad. Como señala Mario Erazo Yaiguaje, “el yajé es nuestra medicina. Es lo que nos ha permitido mantenernos fuertes, unidos, enfrentando todas las amenazas que tenemos en nuestra contra”.

Para los Siona, el yajé les permite conectar los planos de mundos que nos son perceptibles por medio de los sentidos. Despeja dudas, entrega respuestas. A esta práctica ancestral y cultural agradecen, por ejemplo, el resultado más reciente que han logrado para frenar, de momento, el avance de Amerisur Exploración Colombia Ltda. por su territorio.

Se trata de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa, proferida el 21 de agosto de 2018 en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales del resguardo Buenavista. En la medida, se le ordenó a la empresa petrolera “abstenerse, de manera inmediata, de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el bloque PUT-12”, un bloque de 55 mil hectáreas que comprende áreas de los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo y que se solapan con parte de las tierras solicitadas en ampliación.

“La empresa realizó un proceso de consulta previa en 2014, que no contó con el acompañamiento ni de la Dirección de Asuntos Étnicos (del Ministerio del Interior) ni de la Defensoría ni Procuraduría. Prácticamente lo que nos dijeron fue: ‘Venimos a notificarlos de los trabajos que vamos a realizar, no a pedirles permiso, porque alegaban, las tierras donde iban a hacer la sísmica, no estaban tituladas legalmente a nombre del resguardo”, recuerda Mario Erazo Yaiguaje, quien era gobernador del resguardo Buenavista para aquel entonces. “Pues nos tocó realizar todo tipo de acciones para oponernos a eso, porque como le manifestamos a la empresa, no queremos explotación de recursos naturales en nuestro territorio”.

Pese a la orden del Juzgado Primero, “ellos (la empresa) siguen realizando trabajos. El año pasado se metieron 1.200 metros adentro del resguardo, para abrir nuevos caminos para sus máquinas, sin consultarnos”, señala Mario.

Al momento, no es clara la postura de Amerisur Exploración Colombia Ltda. respecto a la solicitud de ampliación. Abogadas de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes representan judicialmente al pueblo Siona del resguardo Buenavista en este proceso, plantearon que “la empresa inicialmente contestó la demanda en calidad de opositor al proceso judicial. Sin embargo, este año a través de memoriales radicados ante el juez, han variado su estrategia señalando que no se oponen a la pretensión de restitución, pues les es indiferente para su proyecto petrolero quién sea el dueño del territorio”.

Para Jhenifer Mojica, subdirectora de la CCJ, es indiscutible que hay una fuerte controversia en el proceso de restitución de tierras que tiene que ver con la suspensión y la prohibición de adelantar actividades extractivas petroleras dentro del territorio ancestral Siona por las afectaciones que estas labores generan.

«Es muy controversial la postura de la empresa de no presentarse al proceso, igual es un derecho que tienen a definir su estrategia jurídica de defensa, pero la discusión sobre esa agenda de desarrollo claramente se va a debatir y se tiene que enfrentar al momento de resolver las peticiones de restitución y reparación integral de tierras de las comunidades», precisa Mojica.

Con el cambio de postura,  la petrolera ha tratado de presentarse neutral y buscando limpiar su nombre y desvincularse del proceso de restitución de tierras, lo cual es imposible por dos razones, precisa la subdirectora de la CCJ.

«La primera, porque no es posible hacer el aprovechamiento del petróleo sin hacer una afectación directa que dañe distintos niveles de los derechos territoriales de las comunidades ancestrales Siona, ya que la industria extractiva es de altas afectaciones, no solamente medioambientales, sino también sociales, alterando las culturas, las tradiciones y las creencias, y recursos importantes para la subsistencia de la comunidad como el agua, la vegetación y el paisaje», dice Mojica.

Y la segunda razón, agrega, «es porque no solamente en el proceso de restitución se discuten los derechos sobre la propiedad o la titularización de la tierra;  en el caso étnico también se reclama la reparación del territorio, no solamente por la relación que sus habitantes y sus pueblos tienen en él, sino por el valor en sí mismo del territorio ancestral, lo que ha sido aclarado por varias sentencias de las altas cortes que han indicado que el territorio ancestral es, en sí mismo, un sujeto de protección de los derechos étnicos».

Pueblo Nasa y colonos

La Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali también tendrá la última palabra en la controversia surgida luego de la solicitud de una porción de tierra hecha por una comunidad del pueblo Nasa asentada en territorio ancestral Siona, para la constitución de su propio resguardo. Se trata de una historia que comenzó finalizando la década de los setenta, cuando por lo menos nueve familias de esta etnia llegaron al departamento de Putumayo huyendo de la violencia que para aquel entonces se vivía en tierras caucanas.

Los Nasa le pidieron refugio a los Siona y estos les concedieron una franja de tierra en el norte del resguardo Buenavista, un sector conocido como Chorro Largo. Allí, los nuevos pobladores “echaron raíces”. La comunidad creció, conformaron su propia autoridad de gobierno para conservar su autonomía como pueblo indígena y solicitaron ante el Incoder la titulación de una parte del territorio. Pero dado que la solicitud de los Nasa abarcaba las tierras que los Siona pretenden para la ampliación del resguardo, ambos pueblos debieron iniciar un proceso de concertación.

Así, entre 2016 y mayo del presente año, ambos pueblos indígenas sostuvieron sendas reuniones en las que discutieron cuánta tierra entregarían los Siona a los Nasa y dónde estaría ubicada. Al respecto, Sandro Piaguajé señala que a principios de este año ambos pueblos llegaron a un acuerdo según el cual, ellos entregarían poco más de seis mil hectáreas del área solicitada en ampliación al pueblo Nasa.

“Y a pesar de que ya habíamos llegado a ese acuerdo, tanto así que íbamos a ir con topógrafos de la Agencia Nacional de Tierras (antiguo Incoder) para delimitar coordenadas, para medir el territorio, en mayo de este año los compañeros Nasa dijeron que ese no era el acuerdo y que ellos estaban solicitando eran unas 10 mil hectáreas en total. Ahí estamos en desacuerdo con los Nasa, porque lo que ellos solicitan incluye territorio sagrado para nosotros”, dice.

Dado que ya se cumplieron los tiempos de conciliar las diferencias entre estos pueblos indígenas, la decisión final la deberá tomar la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali. Intentamos conocer la versión del pueblo Nasa. Pero pese a las múltiples consultas ante el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric); y la Organización Indígena Zonal del Putumayo (Ozip), y las conversaciones sostenidas con varios indígenas Nasa residentes en Putumayo, ninguno de ellos quiso atender el llamado de este portal. Este medio continua atento y dispuesto a conocer su versión.

No es el único asunto traumático que encierra la solicitud de ampliación. El proceso tiene como opositores unas 300 familias campesinas que, alegan, llevan viviendo en tierras que hoy están siendo solicitadas y sobre las que pesa la medida cautelar.

“La verdad es que hay Juntas de Acción Comunal (JAC) que están sobre el río Mecaya que hacen parte del área de ampliación. Hay otras que están sobre el río Piñuña Blanco que también quedan adentro”, explica Mario Erazo Yaiguaje, quien añade: “Hay parte del campesinado que entiende nuestra lucha, nuestra mirada. Ellos lo que dicen es: ‘Ustedes amplían, nos acogen, y nosotros ayudamos a conservar. Con esas JAC estamos buscando crear alianzas, para demostrarles para qué queremos el territorio”.

El problema, según varios líderes indígenas consultados por VerdadAbierta.com, está en los colonos que han ingresado al área solicitada en ampliación durante el último año, quienes están dedicados a la siembra de hoja de coca y a tumbar selva para convertirla en potreros para ganado, situación que amenaza con salirse de las manos de las autoridades indígenas. Sin duda una preocupación más que se suma a una larga lista de tareas pendientes que debe llevar a cabo el pueblo Siona para proteger un territorio ancestral, portador de su espiritualidad.

El pasado 17 de diciembre varias entidades de orden nacional y regional se reunieron con las autoridades Siona y sus juristas en Puerto Asís,  para definir el cumplimiento de las propuestas materiales que se deben cumplir como medidas cautelares.

 

 

Resguardo Inga de Calenturas, en Putumayo, reclaman las 3.066 hectáreas de su territorio

La demanda fue radicada por el Director General de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro. Una decisión positiva beneficiaría a cerca de 190 personas del Resguardo, ubicado en el municipio de Puerto Guzmán./Foto: Alexandra Rodriguez B. URT

Mocoa

Con la demanda se busca  la reparación integral de la comunidad del Resguardo Inga de Calenturas; el reconocimiento de sus integrantes como víctimas de la violencia; y el restablecimiento de sus derechos sobre el territorio.

De ser proferida una sentencia favorable, la decisión beneficiaría a 45 familias conformadas por 187 personas. “Desde la Unidad de Restitución de Tierras, trabajamos por recuperar no solo el territorio sino todo lo que por ley conlleva la restitución para esta comunidad, y la reparación a partir de su reconocimiento como víctimas del conflicto”, afirmó el Director Castro.

El documento establece principalmente 42 pretensiones, entre las que se cuentan el diseño del Plan Integral de Reparación Colectiva; la implementación de medidas para recuperar y restablecer el medio ambiente y los ecosistemas fragmentados por la minería ilegal; la aplicación de medidas de seguridad; programas de proyectos productivos; y la promoción de las actividades de acción integral de minas antipersona.

“Sentimos por primera vez una luz de esperanza; llegó el momento que tanto esperaba la comunidad y agradecemos a la entidad por el esfuerzo y la dedicación que han prestado a este proceso”, aseguró Jaime Jojoa, gobernador indígena del Resguardo Inga de Calenturas.

El desplazamiento de la comunidad fue producto del conflicto entre los grupos armados ilegales sucedido  a finales de los años noventa en Putumayo, situación que se agravó dejando como resultado la ruptura de su tejido social y la relación con su territorio. La gestión para beneficiar al Resguardo fue realizada a través de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, área que avanzó en la construcción de la demanda socializada ante la comunidad.

CORPOAMAZONIA da claridad frente a los trámites de extracción de minerales en la jurisdicción.

 

En la foto: Río Rumiyaco/David Gaviria

Mocoa/LBM

CORPOAMAZONIA como máxima autoridad ambiental en el Sur de la Amazonia Colombiana (Amazonas, Caquetá y Putumayo), ha informado el procedimiento que implica la obtención de licencias ambientales mineras acorde con la normatividad nacional existente, para lo cual resalto lo siguiente:

La ley 1955 de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, estableció un pacto por la sostenibilidad que busca consolidar acciones que permitan un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la Nación, y establece la legalidad como pilar fundamental del Plan Nacional de Desarrollo.

“Legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la Ley”

Dentro de las obligaciones legales de la corporación está la de proteger las riquezas naturales de la Nación, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos fines, es por ello que CORPOAMAZONIA rechaza todo tipo de actividades ilícitas que vayan en contra de la protección de la diversidad e integridad del ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana.

El acceso al aprovechamiento de los recursos naturales debe basarse en el cumplimiento de la normatividad ambiental establecida con el fin de garantizar la protección de los recursos, y la administración de los recursos naturales está a cargo de la Autoridad Ambiental CORPOAMAZONIA, y es su misión dar trámite y otorgar o negar las solicitudes para tal fin, a través de un procedimiento establecido.

Desde el punto de vista legal, el procedimiento para explotar materiales de construcción mediante la figura de la Autorización Temporal, según el artículo 116 de la Ley 685 de 2001, es el siguiente:

Art. 116. “Autorización temporal. La autoridad nacional minera o su delegataria, a solicitud de los interesados podrá otorgar autorización temporal e intransferible, a las entidades territoriales o a los contratistas, para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales mientras dure su ejecución, para tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a dichas obras y con exclusivo destino a éstas, con sujeción a las normas ambientales, los materiales de construcción, con base en la constancia que expida la Entidad Pública para la cual se realice la obra y que especifique el trayecto de la vía, la duración de los trabajos y la cantidad máxima que habrán de utilizarse.”

Si la Autorización Temporal es otorgada y posteriormente inscrita en el Registro Minero Nacional, el titular está obligado a obtener, de no poseerla, la aprobación de una Licencia Ambiental y a indemnizar todos los daños y perjuicios que causen a terceros por dicha operación, en los términos del artículo 117 del Código de Minas.

Es decir, que el titular de la Autorización Temporal, deberá presentar ante esta corporación la solicitud de trámite de evaluación del Plan de Manejo Ambiental para la licencia ambiental, cumpliendo con documentación y requisitos legales establecidos en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015; para lo cual CORPOAMAZONIA adelanta procedimiento de evaluación ambiental y emite diferentes actos administrativos y remitirá a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA para que realice evaluación del trámite, posteriormente la ANLA recepciona la información y adelanta las acciones que considere pertinentes pronunciándose por medio de un concepto técnico, con el fin de que CORPOAMAZONIA adelante las correcciones, sugerencias o recomendaciones y se continúe con el procedimiento de evaluación ambiental, para determinar si se otorga o niega la Licencia Ambiental.

En este sentido, la Alcaldía Municipal de Mocoa presentó solicitud a la autoridad ambiental de la Amazonía para el trámite de licencia ambiental para la explotación de material de construcción proveniente del río Rumiyaco, que corresponde a una Autorización Temporal otorgada por la Agencia Nacional Minera, que actualmente se encuentra en trámite, cuyo objetivo es el de “suministrar el material necesario para el desarrollo del proyecto Mejoramiento y pavimentación de las vías urbana y rurales del municipio de Mocoa”.

Es necesario aclarar que los aprovechamientos no se realizarán en todo el polígono minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería, sino que se definirán sectores alejados de los puentes y balnearios; no obstante, se esclarece que el aprovechamiento de materiales en el río Rumiyaco está siendo evaluado.

Por último, reitero la disposición de ofrecer la información técnica necesaria que permita argumentar y/o aclarar a la comunidad, como parte del compromiso constante con la democratización de la información, en el marco del cumplimiento de la normativa vigente y la pertinencia con la región Amazónica.

 

Mocoa, un ejemplo de resiliencia

 

 

 

Karen Abudinen, Consejera Presidencial para las Regiones/Presidencia de la República

Mocoa/Colprensa

Karen Abudinen, Consejera Presidencial para las Regiones, en entrevista con la agencia Colombiana de Prensa COLPRENSA, hizo un estricto resumen de lo que ha sido el compromiso del Gobierno Nacional, para el aporte de la reconstrucción de Mocoa, luego de la tragedia natural del 31 de marzo del 2017.

Uno de los puntos y ejemplo para mostar ante Colombia y el mismo mundo es la resiliencia y la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, y la población de Mocoa,  sí que es resiliente, porque luego de haber sido afectados en varias ocasiones por los designios de la naturaleza, la capital del departamento se ha fortalecido para salir adelante y empezar de nuevo.

“La tragedia de Mocoa fue ya hace más de dos años, y desde que inició el Gobierno del Presidente Iván Duque, hemos trabajado en equipo con todas las entidades nacionales y territoriales para continuar con la reconstrucción de esta ciudad. Hoy nos alegra ver el resultado de estos avances”, señalo la consejera presidencial Abudinen.

Luego del Taller Construyendo País que se realizó en Mocoa este año, se ha venido trabajando en el cumplimiento de los compromisos que se adquirieron para que la region siga progresando. Hasta el momento, se han ejecutado 31 acciones, de las 61 que pactamos junto a la ciudadanía, y estan trabajando 24/7 para finalizar las 30 restantes. Para este fin, se han destinado $1.678 millones.

La Unidad de Gestión del Riesgo adicionó al fondo de inversión colectiva abierto de Alta liquidez de Fiduprevisora S.A., recursos por valor de más de $1.100 millones al municipio de Mocoa, para que la Alcaldía Municipal continúe con las actividades de construcción de la bocatoma.

Mocoenses como Fabian Pérez y Manuel Ramos nos pidieron trabajar en obras de mitigación en la Mesa de Reconstrucción de Mocoa. Por eso, en articulación con la Corporación Autónoma del Departamento y la alcaldía de Mocoa se invirtieron $203.678 millones en 56 obras de mitigación para que 44.631 habitantes se vieran beneficiados.

Algunos ciudadanos que participaron en la Mesa de Vivienda y Servicios Públicos del taller, como Fernando Bedoya Salas, señalaron la importancia de superar el déficit y hacer mejoras en la vivienda urbana y rural. Ante esta petición, se entregaron 300 viviendas urbanas como parte del megaproyecto Los Sauces, con una inversión cercana a $19.000 millones que impactó a 300 familias.

La resiliencia también permite fortalecer la capacidad de prevención ante situaciones inesperadas. Por eso, ahora están más alertas con el suministro e instalación de dispositivos para el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana por avenida torrencial y crecientes súbitas causadas por precipitaciones en la microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita, que realizó la Unidad de Gestión del Riesgo con una inversión de $2.073 millones.

Son muchos los proyectos los que el Gobierno ha venido desarrollando para darle otra cara a la capital, por ejemplo, se invirtieron $15.249 millones en 8 proyectos de infraestructura y hábitat. También se mejoró el 4 Km del Corredor Sur (San Miguel- Putumayo) con una inversión de $123.608 millones. Así respondimos a una petición realizada por Diego Andrés García, en la Mesa de Transporte e Infraestructura, quien resaltó la importancia de gestionar el mejoramiento y pavimentación de las principales vías del Departamento.

A través del Ministerio de Educación se invirtieron más de $6.122 millones para 20 proyectos que proporcionaron a Putumayo 54 aulas y espacios complementarios para beneficiar a a 2.160 estudiantes.  Así mismo, se entregaron 6.158 unidades de mobiliario escolar que tuvo una inversión de $415.351.188.

Es importante que lo niños y niñas cuenten con una alimentación escolar propicia para sus jornadas escolares. Por eso, este año el Gobierno asignó  casi $17 mil millones para implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE para 53.361 raciones contratadas.

Orlando Ariza, uno de los participantes de la Mesa de Educación, señaló las necesidades en materia de educación superior y solicitó el acompañamiento del ministerio para satisfacer la demanda en el departamento. Frente a esta solicitud, se trabaja para que los jóvenes del Putumayo tengan más oportunidades a futuro con el Programa de Generación E, con el que 1.108 estudiantes han accedido a la educación superior, gracias a una inversión de más de $1.300 millones.

Con el Ministerio de Vivienda, a través del Programa Casa Digna Vida Digna, se inició en mayo del 2019 la construcción de un parque recreodeportivo con una inversión $882 millones, en el municipio de Colón que beneficiará a cerca de 1.000 habitantes.  Así dimos respuesta a la solicitud que hizo Franklin Ortega en la mesa de Deporte, cuando señaló la falta de escenarios deportivos para diferentes y nuevas disciplinas deportivas y la importancia de hacer mantenimiento de los existentes.

Adicional, Gabriel Alejandro Palacios resaltó su preocupación por la falta de cobertura para la atención a la primera infancia en el Putumayo. Como respuesta, se entregó en Mocoa el Centro de Desarrollo Infantil con capacidad para 300 niños entre 0 y 5 años, que beneficia a cerca de 4.110 personas del proyecto de vivienda los Sauces, el cual tuvo una Inversión superior a los $5.110 millones.

En cuanto a la salud de los habitantes de este departamento, el Gobierno cofinanció con $3.000 millones la adquisición de equipos biomédicos para el Hospital José María Hernández, y con $100.000 millones la adquisición de una ambulancia básica para el Hospital Alcides Jiménez del municipio de Puerto Caicedo. De esta forma, respondimos a la solicitud de Neyiet Garreta, quien señaló la debilidad en la infraestructura, dotación y funcionamiento para la prestación del servicio de salud en la red pública hospitalaria del departamento.

 Todos estos proyectos permiten que Mocoa y otros municipios del Putumayo no solo se siga destacando por su resiliencia, sino que se destaque por garantizar mejor calidad de vida para toda su población.

La señora Karen Abudinen, invito a todos a que hagan parte de este diálogo social y que visiten a través de la página web https://www.construyendopais.gov.co/.-