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Ecopetrol, Ejército y alcaldías entregan parques infantiles en Putumayo

 Ecopetrol promueve la construcción de parque s en Putumayo/Ecopetrol

 

Orito/Colprensa

Ecopetrol, el Ejército Nacional y las alcaldías de Valle del Guamuez, San Miguel y Orito trabajan de forma articulada en la instalación de 12 parques infantiles en zonas estratégicas de estos tres municipios del Putumayo.

Las instituciones se integraron en la estrategia ‘Fábrica de Sonrisas’, que lleva alegría a los niños del departamento mediante la adecuación de estos espacios de recreación.

Los juegos son construidos por soldados del Batallón Especial Energético y Vial Número 9 del Ejército Nacional, con tubería que ya no es utilizada por la operación y facilitada por Ecopetrol. Una vez elaborados, son pintados e instalados con el apoyo de las administraciones municipales y los comerciantes de las tres localidades.

Hasta el momento van ocho parques entregados, de un total de 12 que comprende el programa. Las inauguraciones más recientes fueron este 26 de noviembre en los barrios La Piscina y La Alameda, del municipio de Orito, que ya cuentan con nuevos espacios de diversión e integración familiar.

 Ever Mueces, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Ángeles, en Valle del Guamuez ve en estos parques una alternativa de recreación “que trae mucha felicidad para los niños”.

Por su parte, el coronel Cristian Orozco, comandante del Batallón Energético y Vial Número 9, explicó que este trabajo colectivo cumple una “linda misión y es poder generar sonrisas en nuestros niños”.

Mauricio Mora, jefe regional de Entorno de la Gerencia Andina de Ecopetrol indicó que este tipo de programas hacen parte de las acciones enmarcadas en la gestión de Ecopetrol que comprende actividades favorables para generar condiciones de desarrollo sostenible en los territorios.

GAULA de la policía promueve el no pago a extorsiones.

 

 

“BIP”

 GAULA PUTUMAYO REALIZÓ EL TERCER CURSO VIRTUAL ANTIEXTORSIÓN ¡YO NO PAGO, YO DENUNCIO! DIRIGIDO A LAS DIFERENTES DROGUERIAS DEL DEPARTAMENTO

La Policía Nacional a través del GAULA Putumayo, dictó el tercer Curso Virtual Antiextorsión con énfasis en Ciber delitos, con el fin de incrementar la cultura de la denuncia a los comerciantes y que no sean afectados por este delito, teniendo en cuenta que a raíz de la emergencia sanitaria se incrementó la extorsión por medio de las redes sociales y la internet. Las modalidades más usadas por los delincuentes son el Sexting, Sextorsión, casos de estafas como tío tío, falsas ofertas de empleo y falsos servicios de transportes.

Se beneficiaron las droguerías de los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Villagarzón, Santiago, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Leguizamo. El Departamento de Policía Putumayo invita a la ciudadanía a denunciar el secuestro y la extorsión a la línea gratuita de emergencia 165.

 

Indígenas Kofán demandan recuperar su territorio ancestral en el sur del Putumayo

En representación de la comunidad indígena Villanueva, del pueblo Kofán, la Unidad de Restitución de Tierras, radicó de forma virtual la demanda que pretende el restablecimiento de más de 420 hectáreas de su territorio ancestral, comprendido entre los municipios del Valle del Guamuez y Orito, en el Putumayo./Alexandra Rodriguez B URT

Mocoa/Colprensa

Gracias a la implementación de la demanda virtual en los procesos étnicos de restitución de territorios, en un breve tiempo se logró terminar el trámite en la plataforma establecida por la rama judicial, para la radicación de la solicitud mediante la cual la Unidad de Restitución de Tierras, en representación de la comunidad indígena Villanueva, del pueblo Kofán, pretende la restitución de las 420 hectáreas que comprenden su territorio en los municipios de Orito y Valle del Guamuez, Putumayo.

El proceso beneficiará a 48 familias conformadas por 165 personas: 92 hombres y 83 mujeres, originarios del Amazonas, quienes después de ser víctimas de desplazamiento y confinamiento esperan recibir a través de la sentencia, la restitución jurídica y material de su territorio; y el reconocimiento como víctimas del conflicto armado interno y la garantía de la pervivencia física y cultural de su comunidad.

Para el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Putumayo, Mario Fernando Coral Mejía, “la reparación colectiva es un reto que hemos asumido, de esta manera ratificamos nuestro compromiso con las comunidades que han sufrido afectaciones en su territorio a causa del conflicto”.

El funcionario explicó que en el Putumayo la entidad adelanta procesos con la comunidad que integra el Consejo Comunitario Los Andes y con las comunidades indígenas Siona, Inga, Murui y Kichwa. Además, en este departamento hay dos sentencias étnicas que favorecen a comunidades indígenas Inga y Siona, y existen otras ocho demandas en curso radicadas en el despacho del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa.

De fallar a favor de la comunidad de Villanueva, la sentencia podría establecer algunos beneficios para ellos, entre los que figuran la constitución de su resguardo indígena; plan de retorno y de reparación colectiva; medidas de atención y asistencia humanitaria para fortalecer su proyecto de vida; la garantía de pervivencia cultural de la comunidad; seguridad alimentaria; planes de generación de ingresos o incluso la solicitud de entidades del gobierno de definir estrategias para mejorar el acceso, movilidad y comunicación de la comunidad víctima.

Defensoría del Pueblo enciende alarmas por ola de violencia en Putumayo

 

Defensoria del Pueblo en Putumayo, enciende las alarmas por ola de violencia/Colprensa

Mocoa/COLPRENSA

El defensor regional del Pueblo en el departamento del Putumayo, Carlos Chindoy, hablo de las advertencias que ha venido haciendo por el recrudecimiento de la violencia en el Bajo y Medio Putumayo que en el 2020  han sido el escenario permanente de asesinatos, principalmente de campesinos entre ellos algunos líderes sociales y excombatientes de las Farc hoy inmersos en el proceso de Paz.

¨La Defensoría del Pueblo tiene la facultad legal de alertar sobre los escenarios de riesgo que atentan contra la vida¨. Argumento Chindoy.

En ese sentido la Defensoría, advierte de manera preventiva al Estado colombiano, al Gobierno, a las entidades nacionales, departamentales, locales, para que se actúe de manera preventiva.

En tal sentido el representante del Ministerio Público recalcó en que la respuesta de la institucionalidad ante estas advertencias, que incluso han sido estipuladas en alertas tempranas, “ha sido baja” situación que preocupa a la entidad.

El mismo defensor argumenta que se ha agudizado los homicidios sistemáticos de campesinos y  líderes en los territorios dispersos y con una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

El funcionario citó que la situación más crítica se registra en los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Valle del Guamuez, aunque no desestimó algunos otros casos violentos en otros municipios.

Cifras

A la fecha del día de hoy en el departamento del Putumayo se contabilizan 153 homicidios en 135 hombres y 18 mujeres de los cuales 135 en zona rural y 18 en zona urbana según el reporte de la Policía Nacional.

Igualmente el mes más violento es marzo con 21 hechos y le sigue julio con 19 y noviembre con 17. Puerto Asís es el municipio más afectado con 37 casos seguido por Leguízamo con 22, Puerto Guzmán con 19, Orito 15, Valle del Guamuez  12, mientras que Mocoa capital con 7 y sin casos San Francisco, Santiago y Colón.

Para cometer estos homicidios se han usado arma de fuego en 127 casos, 14 con arma blanca y 8 con objeto contundente.

Amenazas

Las organizaciones sociales y la Red de Derechos Humanos del Putumayo han denunciado mediante comunicados a la opinión pública que vienen siendo objeto de amenazas de muerte por denunciar la violación de los Derechos Humanos por parte de los grupos armados inmersos en el conflicto y por denunciar las amenazas que son objeto las comunidades campesinas del medio y bajo Putumayo.

Ante esta situación dichas organizaciones y la misma Red han adoptado por mantenerse de informar ante la opinión pública dichas acciones de los violentos mientras no se les garantice a los miembros de las mismas una seguridad por parte de los organismos de seguridad del Estado, ya que varios de ellos tienen amenazas directas de muerte que los ha obligado a que se les implemente esquemas de seguridad y reubicación de sus lugares de residencias.

Por ende ya se han realizado pronunciamientos oficiales de la situación ante el Gobierno Nacional y donde esperan unas prontas acciones en defensa de los Derechos Humanos y la integridad de los componentes de estas organizaciones sociales y de la Red de DD.HH.

 

 

 

“En Mocoa se ejecutan obras de mitigación por más de 216 mil millones de pesos”; Martha Lucía Ramírez

 

 

Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez/Colprensa

Mocoa/Colprensa

 La vicepresidenta de la Republica y gerente de la reconstrucción d Mocoa Martha Lucia Ramírez indico que el Gobierno Nacional mantiene sus compromisos para la reconstrucción de la ciudad capital del Putumayo y el desarrollo social y económico de sus habitantes.

La gerente de la reconstrucción Ramírez asevero que  la reconstrucción de Mocoa está en marcha al igual que el plan de acción trazado para la recuperación; a la fecha se han construido y entregado 300 viviendas, se ha avanzado en un 27% en la construcción del Megacolegio y en un 92% en obras del acueducto.

Actualmente se adelantan 57 procesos de contratación por más de 216 mil millones, para la construcción de obras de mitigación del casco urbano, vías y alcantarillado municipal. Así mismo, en un 40% avanza la construcción de un muro de contención en el barrio Modelo de Mocoa para proteger las laderas del cauce del río Sangoyaco, beneficiando a los barrios Centro, José María Hernández y Modelo.

Entre las intervenciones de este plan, que contiene seis líneas de acción estratégica con 122 proyectos, se realizó la adecuación y dotación de instituciones educativas y escenarios deportivos; la construcción de la casa lúdica, la biblioteca, un Centro de Desarrollo Infantil; una placa deportiva, un centro comunitario; puentes vehiculares sobre los ríos Mulato y Sangoyaco, andenes y zonas verdes y dotación de herramientas, material vegetal e insumos para proyectos productivos.

La gerente de la reconstrucción de Mocoa martha Lucía Ramírez y el corresponsal de Colprensa para el Putumayo Germán Arenas Usme/Colprensa

Ramírez reafirmó el compromiso de culminar la reconstrucción antes de que finalice el Gobierno del Presidente Iván Duque. “Tenemos que lograr que la tragedia se convierta en una oportunidad para darle un avance superior a Mocoa, ya que tiene el potencial para convertirse en todo el eje articulador del Putumayo”, concluyó.

Con relación a las 909 viviendas urbanas, el nuevo contratista cuenta con la aprobación por parte de la Alcaldía, de los permisos de movimiento de tierras, reiniciando las actividades de obra.

Además, finalizó la etapa de estudios y diseños para la construcción de 252 viviendas rurales y se están adelantando los trámites precontractuales para la publicación del proceso.

En el acueducto, quedaron terminados y en operación los componentes de la bocatoma principal, la planta de tratamiento y las bocatomas para captación de fuentes alternas en el río Chontayaco y la quebrada Mulatico.

El proyecto del Megacolegio, con el cual se beneficiarán alrededor de 960 niños está adelantado en un 27%. En la plaza de mercado, se finalizaron las obras complementarias y los estudios y diseños para la contratación de la galería de la plaza.

Con el fin de apoyar la reactivación económica de las familias afectadas en el municipio, se realizó la entrega de una retroexcavadora y una excavadora hidráulica. Asimismo, se garantizó la puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana, así como la remodelación y mantenimiento de más de 4.000 metros cuadrados del parque principal de Mocoa “General Santander”, entre otros.

Continúa la caravana de la muerte en Putumayo

Asesinado líder social Edgar Hernández/Colprensa

Mocoa/Colprensa

En lo que va corrido del año en el departamento del Putumayo han sido asesinadas 148 personas de las cuales 53 son campesinas, según la Policía Nacional y la Red de Derechos Humanos del Putumayo.

La última acción se registró en la noche de ayer en la  vereda El Coqueto jurisdicción del municipio de Puerto Caicedo cuando sujetos dispararon contra la humanidad de Edgar Hernández en momento que se movilizaba en una moto-taxi en la vía San Pedro-Arizona de dicho municipio; en la acción también perdió la vida el motociclista.

La Red de Derechos Humanos a través de uno de sus voceros Yuri Quintero informo  que Hernández era un reconocido líder social, miembro de Marcha Patriótica y el año pasado se había desempeñado como presidente de junta de la vereda Independencia del municipio  de Puerto Caicedo.

Quintero argumento que Hernández  venía participando activamente en varios procesos sociales en el territorio y se encontraba dentro del proceso PNIS.

En estos momentos el Putumayo afronta una delicada situación en lo administrativo y en lo social  tras la ausencia total de su gobernador Buanerges Rosero Peña que tiene la casa por cárcel y que él Gobierno Nacional 12 días después de la detención del mandatario no ha nombrado un encargado y esto se suma la ola de asesinatos presentados durante el 2020 que llega a los 148 casos. Se incluye el asesinato de 19 ex combatientes de las Farc.

Hay que anotar que la disputa territorial de las disidencias de las Farc más los grupos dedicados al narcotráfico son la gasolina que mueve el motor de la violencia en este apartado departamento enclavado en la selvas  al sur de Colombia.-

 

Autoridades del Ecuador dejan en libertad a líder indígena del Putumayo

 

 

Lucy Vargas, líder indígena que recobró su libertad hoy en Ecuador/Opiac

Mocoa/Colprensa

Esta mañana autoridades y miembros de la asociación, de los diferentes pueblos de las comunidades del municipio de San Miguel y Valle del Guamuez y de la guardia indígena recibieron en el puente internacional San Miguel en Putumayo a Lucy Vargas, quien fue capturada por el ejército  ecuatoriano el pasado 4 de febrero en la zona del resguardo indígena Yarinal San Marcelino del pueblo Quichua, lado colombiano en los límites del río San Miguel.

En su momento las autoridades acusaron a la señora Vargas de promover cultivos ilícitos en territorio ecuatoriano y por ello fue retenida y trasladada a la localidad de Sucumbíos Ecuador donde se surtió efecto su proceso de judicialización por parte de las autoridades de ese país y con rechazo de la autoridades colombianas.

Lucy Vargas, pertenece a la comunidad, miembro del cabildo Kichwa, resguardo de San Marcelino es subdirectora de la organización de la mesa permanente de trabajo por el pueblo cofán y se ha desempeñado como líder comunitaria, acompañando procesos de restitución de derechos territoriales, procesos de elaboración de plan retorno y de reparación colectiva a las víctimas del conflicto ya que su comunidad ha sido desplazada en tres ocasiones.

Este es el comunicado que entregó la OPIAC a la Agencia Colombiana de Prensa –Colprensa-

Putumayo, 22 de noviembre de 2020 El pasado 20 de Noviembre, después de 292 días privada de su libertad, el Tribunal de Garantías Penales de Sucumbios, Ecuador declaró nulidad del proceso y otorgó la libertad a la hermana Lucy Vargas, quien fue retenida de manera irregular por autoridades del vecino país en febrero de este año, cuando según el comunicado oficial de la asociación de autoridades tradicionales mesa permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas «las autoridades ecuatorianas incursionaron en territorio colombiano, ingresando al Resguardo Indígena Yarinal – San Marcelino de los
pueblos Cofán y Kichwa ubicados en el municipio de San Miguel – Departamento
de Putumayo – Colombia, allanando la propiedad colectiva, reteniendo a cuatro
personas, entre ellas un menor de edad, siendo llevadas mediante engaño a
territorio Ecuatoriano, capturadas y judicializadas, con lo cual violaron la
soberanía nacional, quebrantando de manera grave los contenidos del
Convenio No. 169 de la O.I.T., suscrito y ratificados por el Gobierno de Colombia
y Ecuador, así como otros estados de Latinoamérica, sobre la soberanía,
independencia y autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio»

No hubo atención ni se adelantaron acciones por parte del gobierno nacional, para lograr la libertad de la líder Lucy, a pesar de los constantes llamados al Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio del interior, dirección de asuntos indígenas, minorías y rom; Defensoría del Pueblo, así como a la embajada y consulado de Colombia en Ecuador.

Todas las gestiones necesarias fueron adelantadas por la asociación indígena.

 

“20 años esperando a mi hijo”; María Dilsa

 

Maria Dilsa Espinoza madre de Didier/Semana

Mocoa

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

María Dilsa Espinoza es una mujer campesina que habitó en el lejano municipio de San Miguel al sur del Putumayo en límites con el país del Ecuador.

Su vida cambió un miércoles 13 de julio del 2000 cuando la guerrilla de las Farc se lo arrebató del seno de su hogar cuando jugaba billar con un grupo de amigos en la vereda El Sábalo municipio de San Miguel.

Didier el mayor de sus 5 hijos le gustaba la plata y con lo que se ganaba en la calle le ayudaba a sostener el hogar, recuerda Dilsa mientras seca un par de lágrimas que brotan de sus oscuros ojos.

Oscar Lin Troches padre y quien trabajaba como conductor de camionetas de servicio público entra La Hormiga y San Miguel no dudo un minuto al enterarse  del reclutamiento forzado  de su hijo. De inmediato se desplazó hasta la vereda El Sábalo para buscarlo, pero su intento fu en vano, nadie le daba una razón certera solo especulaciones.

En una de esas búsquedas se entrevistó con un miliciano quien le dijo que el domingo venidero le daría razón de su hijo y los cito en un punto en medio de la selva.

Ese domingo, Dilsa se despertó lo más temprano que pudo. Junto a su esposo emprendió aquel camino hacia la vereda a la que su hijo llegó en busca del trabajo prometido. Las contadas charlas con milicianos de la zona no arrojaron ningún indicio. Fue un día perdido, pues la información era escasa y la única probabilidad era que se encontrara con el comandante en la cordillera. La semana pasó sin noticias nuevas. Dilsa no esperó más y recorrió todo San Miguel recogiendo 300 firmas con las que pediría la liberación inmediata de su Didier.

Después de un viaje en chalupa y de atravesar el río, Dilsa conoció por primera vez el Frente 48 de las Farc. La separaron de su esposo y la postraron sobre una butaca para que dejara de llorar. Los guerrilleros empezaron a hablar con Oscar, quien en un intento de “abrirles el corazón”, explicaba cuán duro sería la pérdida de un hijo para Dilsa. No consiguió remover ni un pedacito de lástima, ternura o valentía. Poco a poco, llegó el momento en el que Dilsa tomó la vocería y fue  escuchada por los guerrilleros. En la memoria de sus captores, Didier solo era un joven llorón que fue tratado como “nena” y “marica”, pues sus lágrimas representaban debilidad.

En su travesía, Dilsa conoció a alias ‘Lucho’, el  comandante del Frente 48.

En ese instante, alias ‘Lucho’ increpó a la madre de ser una maltratadora. Ella, con sus cinco hojas atiborradas de firmas y las lágrimas en sus ojos, dejó atrás cualquier sentimiento de miedo. Sabía que su fuerza y valentía le permitirían regresar con su hijo a su casa de madera en el pequeño San Miguel. Allí verían a sus otros cuatro hermanos.

Fue tanto la valentía de la madre que le dijo de frente a los guerrilleros que su hijo no debería estar en el monte escondiéndose como cualquier delincuente sino, estudiando junto a su familia para ser alguien en el futuro un profesional y ayudarle a la comunidad y ser orgullo de patria y no de la subversión.

Palabras que retumbaron en toda la selva ante la mirada atónita del comandante “Lucho” y sus comandados. “Estoy viva de vaina”, recuerda Dilsa.

Los días pasaron y a los dos meses, la guerrilla le dejó ver a su hijo. Dilsa fue acorralada por un centenar de guerrilleros y, a lo lejos, venía Didier, uniformado y con fusil al hombro. Primero le pidió la bendición que tanto necesitaría. Después miró a su hermana, una pequeña de un año que era la luz de sus ojos. La abrazó y le dijo “algún día nos volveremos a ver”. Luego, le habló a Dilsa.

Caminaron hacia unas bancas de madera en la cancha de reuniones guerrilleras. Se sentaron e inició una conversación que no debía ser escuchada.  Mirando a su madre, Didier le dijo que saliera del Putumayo y, por el bien de la familia, se llevara a sus hermanos lo más lejos posible: “Escóndanse porque yo pienso desertar. Ellos me dan papaya y yo me vuelo”.

Fue la última vez que Dilsa lo vio. Ese día se llamaba ‘Nelson’, como el alias que le habían designado. Tiempo después, Dilsa descubrió que el apellido de aquel nombre era de carácter relevante, pues ese nombre era común en aquel grupo. Desde allí recuerda las tantas veces que escuchó bombardeos o los veía en las noticias. Para ella esos días eran grises, pues en su corazón siempre vivía la incertidumbre de que su hijo pudiese estar allí donde habían matado o donde había muchos muertos.

Hoy Dilsa vive en Cali. Salió de San Miguel por el recrudecimiento de la guerra y por las amenazas de la guerrilla, que la amenazó con que perdería a dos de sus hijos si no se marchaba.

Acción Social la ayudó a conseguir su casa en Cali, además de comida y los utensilios que necesitaba. El programa de reparación a víctimas le dijo que podrían pagarle por su hijo después de que se firmase la paz, siempre y cuando él estuviera muerto. Aquella no era la respuesta que quería escuchar, pues en su corazón no hay dinero que logre subsanar lo que representa una pérdida y una  vida llena de enigmas.

Dilsa entró a trabajar en servicios generales en una entidad del gobierno y no dejaba de mirar las noticias con la esperanza de algún indicio que le revelara dónde se encontraba su hijo: vivo o muerto. Lamenta que, si Didier vuelve algún día, encontrará a su familia reducida, pues su padre y una de sus hermanas ya no están para recibirlo.

El proceso de paz con las FARC en la Habana fue algo alentador y todavía hay una esperanza para esta mujer que dejó de peregrinar tras sus rastros. Hoy hay algo que la inquieta: ¿quién es Didier ahora?

No sabe si su hijo trigueño, de ojos café y pelo ondulado  será el mismo que ella conoció. Ese es su miedo más grande. Y su mayor preocupación porque no ha regresado a casa si ya se acabó el conflicto armado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.-

 

Coca, disidencias y corrupción, la pandemia en el Putumayo

Disidencias frente “Carolina Ramirez”/Colprensa

Mocoa/Colprensa

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

El departamento Putumayo es un territorio ubicado al sur de Colombia con una extensión territorial de 24,885 km² y con una población de 283.197 según el censo DANE. Población  que sobrevive de una economía ficticia entre la legalidad y la ilegalidad; debido al contexto socio-económico que se deriva de la actividad cocalera pero también de los pequeños y medianos cultivos lícitos, turismo y de la actividad petrolera.

Un departamento donde los campesinos desde Puerto Leguizamo hasta Mocoa y, que se encuentran dentro del programa PNIS han cumplido su promesa de erradicar voluntariamente 9547 hectáreas de matas de coca. A pesar de estos avances, hay preocupación por el incumplimiento del Gobierno Nacional, la reactivación del narcotráfico y la presencia de las disidencias de las Farc sumado a la corrupción administrativa.

Antes de iniciar la erradicación manual voluntaria 2018 el departamento del Putumayo contabilizaba 29 mil hectáreas sembradas pero restando la erradicación PNIS se debería estar en 20 mil hectáreas aproximadamente, pero el reporte oficial es que en el Putumayo al día de hoy dan cuenta de 26 mil hectáreas.

La policía al día de hoy ha erradicado 15.483.763, ejército 3.799,58

Implica entonces que hay resiembra por los campesinos PNIS y no PNIS, además de otros agricultores beneficiarios de programas nacionales del medio y bajo Putumayo?; pregunta que se formulan las mismas autoridades nacionales.

Disidentes Farc frete Carolina Ramírez/Colprensa

Disidencias

La disidencia del frente primero columna “Carolina Ramírez” de las Farc con más de 100 hombres cubre los bordes fronterizos de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en límites con los departamentos de Cauca y Caquetá y el 48 con incidencia en los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Leguizamo llevan a cabo una disputa territorial para asumir el control total del territorio y el control al cien por ciento del negocio de la coca.

Estos dos  sectores disidentes, en compañía del grupo delincuencial La Constru, han resurgido a partir del narcotráfico, el reclutamiento forzado a menores y las alianzas para la explotación de la minería ilegal, los cultivos de coca y la tala ilegal de madera.

La Constru, que históricamente ha hecho presencia en el Bajo y medio Putumayo, está relacionada de forma directa con la comercialización de la base de hoja de coca y el clorhidrato de cocaína. Este grupo renaciera con facilidad a pesar de la captura de sus altos mandos, debido a sus alianzas con otras organizaciones.

En Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguizamo se encuentran alrededor de 149 personas de la disidencia del frente 48 que estarían al mando “Araña”, “Bonito”, “Gárgola” entre otros, por el control de las rutas del narcotráfico por el Pacífico y hacia Brasil. Esta disidencia también se mueve por las zonas norte de Ecuador y Perú, según el general Jorge Hernando Herrera comandante de la Sexta División del ejército.

“Fuerza Comando del Sur”, otro nombre empleado por la disidencia 48, busca un control territorial entre los ríos Putumayo y Caquetá, que han cobrado un alto número de muertos entre las dos disidencias que llega a los 27 según el reporte del ejército.

La Red de Derechos Humanos da cuenta que en este año han sido asesinados 40 campesinos del medio y bajo Putumayo a manos de estos grupos armados ilegales.

Según el reporte de la Policía Nacional al día 19 de noviembre del 2020 han sido asesinadas 145 personas de los cuales 19 en sector urbano y 126 sector rural. 139 colombianos, 5 venezolanos y un ecuatoriano.

El sicariato ocupa el primer lugar con un 92%, el resto son relacionados con riñas, enfrentamientos armados, minas antipersonal y feminicidios entre otros.

Buanerges Rosero Peña gobernador del Putumayo y Jorge Molina exsecretario de salud del Putumayo/Colprensa

Corrupción

Otro de los males que aqueja a este selvático departamento es la corrupción en el sector público que hoy tiene con serios problemas al gobernador Buanerges Rosero Peña, quien cumple una detención domiciliaria solicitada por la fiscalía delegada ante La Corte Suprema por presunto sobrecosto en un contrato para la compra de 10 ambulancias al inicio de la pandemia de La Covid-19.

La fiscalía por este mismo contrato investiga también al exsecretario de salud departamental Jorge Molina, al jefe de contratación departamental Julián Moreno, y dos funcionarias más de la misma secretaria de salud departamental.

Igualmente los entes de control han iniciado apertura a una investigación en el hospital José María Hernández, donde presuntamente se tiene trabajando a 430 personas sin contrato de prestación de servicios; y la destitución laboral de forma ilegal del gerente Manuel Zúñiga.

Otra anomalía detectada el intento de realizar contratos con fecha extemporáneas luego de la salida del gerente Zuñiga y que se opuso la jefe jurídica del hospital, la abogada Maharay Hidalgo y por la cual renunció al cargo como lo expresó en su carta de renuncia.

Similar situación se refleja en el hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio Valle del Guamuez, donde la gerente Mayely Martos también fue separada del cargo en forma irregular.

Molina, afronta una sanción ante la Superintendencia de salud  por: << Por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la financiación, prestación de servicios para la toma de muestras, incluidas las de COVID-19 y el oportuno manejo de la capacidad instalada y del talento humano de los laboratorios de salud pública>>.

Pero la fiscalía viene investigando al gobernador desde campaña por otros presuntos delitos. En primer lugar, él fue alcalde de Puerto Caicedo en 2012. Durante ese mandato, Rosero Peña, intentó contratar a su cuñado el abogado John Pardo Narváez hoy prófugo de la justicia para que fuera asesor en el despacho, pero la tarjeta profesional del abogado Pardo Narváez estaba suspendida. Entonces decidió contratar al padre del abogado Horacio Pardo. El señor Horacio murió semanas después de firmar el contrato y aun después de muerto aparece firmando cuentas de cobro y cheques. En otras palabras, le pagaban a un muerto.

La corrupción en el Putumayo ha sido por años de años, a  fecha han desfilado por la gobernación 13 mandatarios entre 1.995 a la fecha de los cuales todos asumen investigaciones ante la Corte, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, varios de ellos destituidos, sancionados inhabilitados y otros tras las rejas como el exgobernador Jimmy Díaz Burbano hoy preso en la Picota por hechos cuando fue gobernador en el periodo 2012-2015; de igual manera dos exalcaldes de la capital de Mocoa también se encuentran privados de su libertad también por delitos de corrupción.

 

Mindefensa ofreció recompensa por información para esclarecer muerte de concejal de Puerto Guzmán, Putumayo

En lo foto:  Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo/ Ministerio Defensa

Neiva/COLPRENSA

 Al término de un consejo de seguridad virtual realizado desde Neiva (Huila), presidido por el ministro de Defensa, en el que participaron los altos mandos Militares y de Policía y las autoridades civiles del departamento de Putumayo, en atención a los hechos condenables y dolorosos ocurridos el 15 de noviembre en el municipio de Puerto Guzmán, se establecieron las siguiente conclusiones:

  1. Se ofrece una recompensa de $50 millones de pesos, para las personas que brinden información que conduzca al esclarecimiento y captura de los responsables del homicidio de la señora Concejal del municipio de Puerto Guzmán, Nerie Penna Rosas y su esposo Enod López Bejarano, en donde también resultaron lesionados sus dos hijos. El Esclarecimiento de estos hechos es una prioridad para el Gobierno nacional.
  2. La Policía, con el apoyo del Ejército Nacional, realizó los actos urgentes en el lugar de los hechos, con el fin de recolectar los elementos materiales de prueba y atender las actividades propias de investigación criminal.
  3. El Ejército Nacional enviará tropas a la inspección Galilea, del municipio de Puerto Guzmán, lugar en donde ocurrieron los hechos, para mantener el control territorial y la seguridad en la zona. También se reforzará la seguridad con un destacamento del Gaula Militar que hará presencia en este municipio.
  4. La Unidad Nacional de Protección revisará las condiciones de seguridad personal del alcalde del municipio de Puerto Guzmán. El Ejército Nacional prestará también el acompañamiento de seguridad necesario.
  5. El próximo 27 de noviembre se realizará un Consejo de Seguridad en el municipio de Puerto Guzmán, con el propósito de evaluar las acciones para el mantenimiento del orden público en el departamento de Putumayo.