Coca, disidencias y corrupción, la pandemia en el Putumayo

Disidencias frente “Carolina Ramirez”/Colprensa

Mocoa/Colprensa

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

El departamento Putumayo es un territorio ubicado al sur de Colombia con una extensión territorial de 24,885 km² y con una población de 283.197 según el censo DANE. Población  que sobrevive de una economía ficticia entre la legalidad y la ilegalidad; debido al contexto socio-económico que se deriva de la actividad cocalera pero también de los pequeños y medianos cultivos lícitos, turismo y de la actividad petrolera.

Un departamento donde los campesinos desde Puerto Leguizamo hasta Mocoa y, que se encuentran dentro del programa PNIS han cumplido su promesa de erradicar voluntariamente 9547 hectáreas de matas de coca. A pesar de estos avances, hay preocupación por el incumplimiento del Gobierno Nacional, la reactivación del narcotráfico y la presencia de las disidencias de las Farc sumado a la corrupción administrativa.

Antes de iniciar la erradicación manual voluntaria 2018 el departamento del Putumayo contabilizaba 29 mil hectáreas sembradas pero restando la erradicación PNIS se debería estar en 20 mil hectáreas aproximadamente, pero el reporte oficial es que en el Putumayo al día de hoy dan cuenta de 26 mil hectáreas.

La policía al día de hoy ha erradicado 15.483.763, ejército 3.799,58

Implica entonces que hay resiembra por los campesinos PNIS y no PNIS, además de otros agricultores beneficiarios de programas nacionales del medio y bajo Putumayo?; pregunta que se formulan las mismas autoridades nacionales.

Disidentes Farc frete Carolina Ramírez/Colprensa

Disidencias

La disidencia del frente primero columna “Carolina Ramírez” de las Farc con más de 100 hombres cubre los bordes fronterizos de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en límites con los departamentos de Cauca y Caquetá y el 48 con incidencia en los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Leguizamo llevan a cabo una disputa territorial para asumir el control total del territorio y el control al cien por ciento del negocio de la coca.

Estos dos  sectores disidentes, en compañía del grupo delincuencial La Constru, han resurgido a partir del narcotráfico, el reclutamiento forzado a menores y las alianzas para la explotación de la minería ilegal, los cultivos de coca y la tala ilegal de madera.

La Constru, que históricamente ha hecho presencia en el Bajo y medio Putumayo, está relacionada de forma directa con la comercialización de la base de hoja de coca y el clorhidrato de cocaína. Este grupo renaciera con facilidad a pesar de la captura de sus altos mandos, debido a sus alianzas con otras organizaciones.

En Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguizamo se encuentran alrededor de 149 personas de la disidencia del frente 48 que estarían al mando “Araña”, “Bonito”, “Gárgola” entre otros, por el control de las rutas del narcotráfico por el Pacífico y hacia Brasil. Esta disidencia también se mueve por las zonas norte de Ecuador y Perú, según el general Jorge Hernando Herrera comandante de la Sexta División del ejército.

“Fuerza Comando del Sur”, otro nombre empleado por la disidencia 48, busca un control territorial entre los ríos Putumayo y Caquetá, que han cobrado un alto número de muertos entre las dos disidencias que llega a los 27 según el reporte del ejército.

La Red de Derechos Humanos da cuenta que en este año han sido asesinados 40 campesinos del medio y bajo Putumayo a manos de estos grupos armados ilegales.

Según el reporte de la Policía Nacional al día 19 de noviembre del 2020 han sido asesinadas 145 personas de los cuales 19 en sector urbano y 126 sector rural. 139 colombianos, 5 venezolanos y un ecuatoriano.

El sicariato ocupa el primer lugar con un 92%, el resto son relacionados con riñas, enfrentamientos armados, minas antipersonal y feminicidios entre otros.

Buanerges Rosero Peña gobernador del Putumayo y Jorge Molina exsecretario de salud del Putumayo/Colprensa

Corrupción

Otro de los males que aqueja a este selvático departamento es la corrupción en el sector público que hoy tiene con serios problemas al gobernador Buanerges Rosero Peña, quien cumple una detención domiciliaria solicitada por la fiscalía delegada ante La Corte Suprema por presunto sobrecosto en un contrato para la compra de 10 ambulancias al inicio de la pandemia de La Covid-19.

La fiscalía por este mismo contrato investiga también al exsecretario de salud departamental Jorge Molina, al jefe de contratación departamental Julián Moreno, y dos funcionarias más de la misma secretaria de salud departamental.

Igualmente los entes de control han iniciado apertura a una investigación en el hospital José María Hernández, donde presuntamente se tiene trabajando a 430 personas sin contrato de prestación de servicios; y la destitución laboral de forma ilegal del gerente Manuel Zúñiga.

Otra anomalía detectada el intento de realizar contratos con fecha extemporáneas luego de la salida del gerente Zuñiga y que se opuso la jefe jurídica del hospital, la abogada Maharay Hidalgo y por la cual renunció al cargo como lo expresó en su carta de renuncia.

Similar situación se refleja en el hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio Valle del Guamuez, donde la gerente Mayely Martos también fue separada del cargo en forma irregular.

Molina, afronta una sanción ante la Superintendencia de salud  por: << Por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la financiación, prestación de servicios para la toma de muestras, incluidas las de COVID-19 y el oportuno manejo de la capacidad instalada y del talento humano de los laboratorios de salud pública>>.

Pero la fiscalía viene investigando al gobernador desde campaña por otros presuntos delitos. En primer lugar, él fue alcalde de Puerto Caicedo en 2012. Durante ese mandato, Rosero Peña, intentó contratar a su cuñado el abogado John Pardo Narváez hoy prófugo de la justicia para que fuera asesor en el despacho, pero la tarjeta profesional del abogado Pardo Narváez estaba suspendida. Entonces decidió contratar al padre del abogado Horacio Pardo. El señor Horacio murió semanas después de firmar el contrato y aun después de muerto aparece firmando cuentas de cobro y cheques. En otras palabras, le pagaban a un muerto.

La corrupción en el Putumayo ha sido por años de años, a  fecha han desfilado por la gobernación 13 mandatarios entre 1.995 a la fecha de los cuales todos asumen investigaciones ante la Corte, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, varios de ellos destituidos, sancionados inhabilitados y otros tras las rejas como el exgobernador Jimmy Díaz Burbano hoy preso en la Picota por hechos cuando fue gobernador en el periodo 2012-2015; de igual manera dos exalcaldes de la capital de Mocoa también se encuentran privados de su libertad también por delitos de corrupción.