Ni el Coronavirus detiene la erradicación en Putumayo

Continuan la erradicaicion en Putumayo a pesar de la Pandemia/Foto archivo/COLPRENSA

Mocoa/LBM

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para contrarrestar la expansión del Coronavirus por el territorio nacional y donde se pide aislamiento de la misma comunidad para evitar el contagio, en varias veredas del medio y bajo Putumayo se observa como erradicadores contratados por el Gobierno Nacional y acompañados por policías y ejército arrancan las matas de coca y en otros lugares fumigan con glifosato bajo el método manual con bombas.

Campesinos de estos lugares vienen denunciado el hecho ante la Red de Derechos Humanos del Putumayo, que emitió un comunicado de alerta a la opinión pública mediante un comunicado.

Una de las veredas donde hay erradicación  es Nueva Granada,  la misma donde el pasado 19 de marzo desconocidos asesinaron al dirigente social Marcos Rivadeneira. Según la Red de DD.HH los erradicadores entraron 24 horas después del suceso con el líder social.

Textualmente un habitante de la vereda le escribe  a la Red y le manifiesta: “Aproximadamente a las 9:30 am un grupo de uniformados de la Policía antinarcóticos llegó a predios de la vereda Nueva Granada, en zona rural de Puerto Asís, Putumayo realizando fumigación de glifosato a cultivos de coca, con motobombas.

 

A esta hora campesinos y campesinas de la vereda realizamos cerco humanitario protegiendo los cultivos de los cuales dependen nuestra subsistencia”. Escribió el labriego.

Según este medio pudo establecer que en los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo, se están realizando las erradicaciones.

Hasta la fecha no se ha podido obtener información por parte de la policía  para escuchar su versión.

Por su parte Yuri Quintero, vocera de la Red de DD.HH del Putumayo, ha manifestado: Que como Red advertimos que esta situación puede desembocar en enfrentamientos en el transcurso de los días que dure la erradicación.

Seguimos insistiendo al Gobierno Nacional, Departamental y municipal, iniciar diálogos con el campesinado que permita lograr acuerdos para impedir salidas violentas a la crisis social generada alrededor de los cultivos de uso ilícito.

Este diálogo debe empezar por aceptar por parte del Gobierno Nacional, el incumplimiento generalizado e integral del Programa Nacional Integral de Sustitución PNIS que ha desembocado en la continuidad de este cultivo en el departamento y la región.

Hacemos un llamado a las agencias internacionales presentes en el territorio, la Defensoría del Pueblo, Procuradoría General de la Nacional y organizaciones defensoras de DDHH a realizar seguimiento a los hechos acá informados instando a diálogos que permitan salidas pacíficas a esta problemática”. Puntualizo la vocera.