A 8 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

 

Andrés Castro Forero

Director General de la Unidad de Restitución de Tierras.

 

Han pasado ocho años desde que nació la Ley 1448 de 2011 y por eso hoy, a dos años de que la Ley termine, tiene todo el sentido hacer una pausa y revisar cuáles son los avances, los retos y las preguntas de esta política pública. ¿Qué pasará con las solicitudes que están a la espera de recibir respuesta? ¿Debe ampliarse el plazo de la Ley? ¿Cuáles son los mecanismos disponibles para que los reclamantes puedan reconstruir un futuro productivo?

Hace unos años, resultaba prematuro realizar un análisis riguroso de la implementación de la Ley. Pero hoy, luego de sortear de alguna manera muchas de las dificultades que fueron apareciendo en el camino, tenemos unos resultados contundentes, que demuestran que les estamos cumpliendo a la víctimas: la política de restitución, hasta la fecha, ha beneficiado a más de 45 mil personas, lo que en términos de territorio quiere decir que hemos restituido más de 342 mil hectáreas a lo largo y ancho del país, casi la misma superficie del departamento del Atlántico.

Sin embargo, no desconocemos que todavía queda mucho por hacer. Hemos identificado varios desafíos a la luz de lo que viene con la terminación de la vigencia de la Ley 1448: sabemos que hay zonas del país a las que la restitución no ha podido llegar por temas de seguridad; tenemos un aumento en el número de las solicitudes y además estamos analizando las solicitudes no inscritas para establecer las causales de la decisión. Para enfrentar estos desafíos, hemos diseñado un plan de choque para que, al finalizar la vigencia, todas las solicitudes, al menos en la etapa administrativa, queden resueltas. Nos hemos puesto en la tarea de hacer un seguimiento juicioso de las demandas que la entidad radica ante los jueces y magistrados que deciden sobre el proceso de restitución.

Estamos decididos a avanzar hacia las zonas que no han sido intervenidas por razones de seguridad. Vamos a abrir nuevos esquemas para que, de la mano de la Fuerza Pública, todos los reclamantes del país puedan acceder a los beneficios de esta política incluyente. Seguiremos fortaleciendo nuestros semilleros de líderes sociales y la ruta de atención a reclamantes de tierras amenazados.

Por otro lado, la renovación de la Ley es una de las opciones que está siendo analizada. El árbitro será el Congreso de la República que revisará, en junio de 2020, la implementación de la política y le dirá al Gobierno qué debe hacer con ella. Nosotros acataremos lo que dicte el Congreso y, mientras se resuelve el tema, seguiremos metiéndole el acelerador al proceso.

Muchos tal vez no saben pero esta entidad, además de devolver la tierra, ofrece alternativas para que los restituidos puedan arrancar un proyecto de vida sostenible, sin deudas. Hasta la fecha, hemos implementado cerca de 4 mil proyectos productivos, que han impactado a igual número de familias con resultados tangibles como la exportación a Japón y Estados Unidos de café orgánico cultivado por familias restituidas en la vereda La Secreta, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Seguiremos poniendo el énfasis en el emprendimiento con el programa Coseche y Venda a la Fija, que cada día acoge a más beneficiaros de restitución. Nuestra apuesta es que cada vez existan más restituidos comercializando sus productos sin intermediarios, que los campesinos se queden en sus tierras y que se desarrollen como sujetos activos de la economía nacional e internacional. Ya no es un sueño que un restituido se convierta en un empresario del campo.