CIDH otorga medidas cautelares al pueblo indígena Siona en Putumayo en riesgo de extinción en Colombia

 

El 14 de julio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares en favor de autoridades y familias integrantes del Pueblo Siona de Putumayo Colombia.

Foto/ Comunidad Siona/Colprensa

Mocoa/Colprensa

 

Mocoa/Colprensa

El 14 de julio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares en favor de autoridades y familias integrantes del Pueblo Siona de Colombia.  Esto, en respuesta a la persistente situación de gravedad y riesgo de exterminio físico y cultural que enfrenta este pueblo por distintas acciones de grupos armados operando en el marco del pos-conflicto armado colombiano.

“A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, para los y las líderes indígenas no ha llegado la paz e incluso, tal y como ha ocurrido con otros grupos en Colombia, se mantiene un alto nivel de riesgo. Ahora, el Estado debe implementar medidas eficaces, sistemáticas y duraderas para salvaguardar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y proteger la vida e integridad de los Siona”, declaró Francisco Quintana, director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para la Región Andina, Norte America y el Caribe.

A través de su decisión, la CIDH constató que las personas beneficiarias se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia”, sobre la base de las amenazas y hostigamientos en su contra, la limitación de su desplazamiento en el territorio por parte de actores armados, el reclutamiento de jóvenes del pueblo y la existencia de minas antipersona en el territorio. Estos factores, además de poner en riesgo la vida e integridad de los miembros del pueblo Siona, también afectarían las formas de autogobierno de la organización indígena y la vida comunitaria.

Por ello, el órgano interamericano ordenó al Estado colombiano la adopción de medidas culturalmente adecuadas para garantizar la vida e integridad de los y las integrantes del Pueblo Siona identificados en la decisión, de modo que puedan vivir de forma segura en su territorio y seguir con sus actividades culturales y de subsistencia. También ordenó la implementación de medidas para proteger a los líderes Siona de modo que estos puedan cumplir sus mandatos de gobierno indígena, así como investigar los hechos denunciados. Algunas de estas acciones podrían incluir el retiro de materiales explosivos; evitar el reclutamiento de jóvenes; y posibilitar los desplazamientos de los beneficiarios, entre otras.

Ante esta decisión, el Gobernador del Resguardo Siona de Buenavista Putumayo Mario Erazo Yaiguaje indicó que es importante que a la brevedad, los representantes del Estado Colombiano tomen contacto con las autoridades políticas y tradicionales del Pueblo Siona de los resguardos Gonzaya (Buenavista Putumayo) y Po`Piyuya (SantaCruz de Puñuña Blanco) para concertar la implementacion urgente, efectiva e integral de las medidas dispuestas por la CIDH. Asimismo, señaló que será necesario que, durante el período de empalme y transición gubernamental, los responsables de las carteras de estado saliente y entrante garanticen que se destinaran los recursos humanos, financieros y técnicos suficientes e idóneos para la implementación de las medidas dispuestas.

“Es necesario que se implementen las medidas de manera urgente y completa, si actúan rápido y de manera concertada con nosotros, están a tiempo de proteger nuestra vida y nuestro territorio”, expresó el dirigente.

El Pueblo Siona se encuentra en las riberas del río Putumayo. Cuenta con una población de aproximadamente 2.578 personas distribuidas en seis resguardos y cabildos a través de 194.000 hectáreas entre los municipios de Puerto Asis, Puerto Leguizamo, Orito, Mocoa y la zona fronteriza con Ecuador.  Desde el 2009, la Corte Constitucional de Colombia declaró en riesgo de exterminio físico y cultural a 36 pueblos, entre ellos los Siona, por actos derivados el conflicto armado interno. Si bien el Estado colombiano ha dictado sentencias y promulgado leyes para proveer medidas integrales de reparación y restitución de derechos territoriales,  hasta la fecha la implementación de estas iniciativas ha sido insuficiente. Este hecho fue constatado durante el 168 Período de Sesiones de la CIDH el pasado mayo. A su vez, la situación de violencia en contra de dirigentes indígenas ha incrementado.

Por su parte la abogada y defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, de la organización Amazon Frontlines y asesora del Pueblo Siona, indica que: “recibimos con satisfacción esta decisión de la CIDH aunque lamentamos que el Estado Colombiano haya hecho caso omiso a las múltiples denuncias y reclamos que ha realizado el Pueblo Siona, especialmente desde el Resguardo Buenavista, durante los últimos años; ahora el Estado debe mostrar el compromiso con la vida y la integridad del Pueblo Siona e implementar de manera urgente las medidas dispuestas, previo proceso de concertación con el Pueblo. Estaremos vigilantes a la implementación eficaz de las medidas”.