Puerto Asís contara con dos nuevos defensores públicos en los próximos días

 

Esneider Fabian Vargas, defensor regional del pueblo

El anuncio lo hace el defensor regional tras la solicitud de la comunidad

Mocoa/COLPRENSA

El defensor regional del pueblo Fabián Vargas, anuncio que después que se levante la ley de garantías por el tema de elecciones presidenciales la Defensoría del Pueblo, iniciara el proceso de ley para contratar dos nuevos defensores públicos para el municipio de Puerto Asís.

“En estos momentos lo que faltan son defensores púbicos para lo penal”, señalo Vargas, al tiempo que subrayo que con la contratación de dos más para quedar con un grupo de 4 para atender a las personas que lo requieran.

En estos momentos se duplican esfuerzos con el personal que se cuenta para atender el tema de lo penal de muchos sujetos inmersos en delitos  penales no solo de Puerto Asís, sino, de otros municipios del bajo Putumayo como Orito, La Hormiga, San Miguel y Caicedo.

La población de Puerto Asís, en estos momentos supera los 80 mil habitantes según informo el alcalde Omar Guevara, donde muchas de sus habitantes por situaciones diversas de la vida caen en líos judiciales en su mayoría por el tema de narcotráfico.

La ley de garantías entro en vigencia el 27 de enero del 2018 y hasta la fecha del que sea elegido como presidente de la República, todas las entidades del Estado, de las ramas del poder público no podrán contratar directamente.

Se recuerda que estas restricciones no aplican a las entidades sanitarias y hospitalarias. Además, durante la vigencia de la ley se podrán celebrar contratos con modalidad de selección como la licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada.

Desde el 11 de noviembre, los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal.

Tampoco se podrán crear nuevos cargos ni proveer vacantes definitivas, salvo que se trate de renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo que se vuelvan indispensables en la administración de la función pública.