Venezolanos viven momentos difíciles por culpa del Coronavirus en Putumayo

Venezolanos en Putumayo en difíciles condiciones por culpa del Coronavirus/COLPRENSA

Mocoa/COLPRENSA

Por: German Arenas Usme

@gerperiodista

Julio Sifontes, es un ciudadano venezolano que hace un par de años llego al segundo pueblo más importante del amazónico departamento del Putumayo, ubicado al sur de Colombia; llego como muchos huyendo del problema político-social de su país.

Este hombre viendo la complicada situación de sus compatriotas decidió crear una fundación llamada FUNVECOL, Fundación de venezolanos en Colombia, cuya finalidad es brindar ayuda a los migrantes que requieran de ayudas para subsistir en este departamento.

Desde hace dos años comenzaron a realizar una caracterización de venezolanos residentes en el Putumayo logrando un ceno parcial de aproximadamente 7 mil ciudadanos que equivale a 2 mil 800 familias de las cuales 700 se encuentran en el municipio de Puerto Asís.

Según el diagnóstico los extranjeros están ubicados en los 4 municipios del Alto Putumayo (San Francisco, Sibundoy, Colón, Santiago) y otros en los municipios de Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel.

En su mayoría de estos venezolanos viven del trabajo informal, del rebusque diario y otros inclusive del raspe de la hoja de coca, según el vocero de la fundación.

En la foto: Julio Sifonte, representante de la fundación venezolanos en Colombia/COLPRENSA

“La situación para mis panas, no ha sido la mejor, les ha tocado sufrir mucho en estas tierras para sobrevivir y ahora con la llegada de la pandemia peor”; argumento Sifontes.

Según lo que han establecido desde la fundación es que hay muchas familias que ya no tienen alimentos para sostenerse y en su mayoría son familias con menores de edad y adultos mayores.

Sifontes, está haciendo un llamado al gobierno departamental, y municipales como a entidades como la ACNUR, Cruz Roja Internacional entre otros para que le brinden ayudas a estas personas en estos momentos  de emergencia sanitaria.

Igualmente hizo un llamado a todos sus paisanos para que acaten las medidas dispuestas por las autoridades colombianas en el aislamiento social voluntario y el toque de queda, y no vayan  a protagonizar alteraciones en el orden público.

Se pudo establecer que está circulando un audio por WhatsApp, dirigido a ciudadanos venezolanos en Putumayo, en especial en Puerto Asís y La Hormiga, para que entren rebeldía y protagonicen desmanes con saqueos en supermercados tiendas y almacenes.

Ante esto los voceros de la fundación FUNVECOL, solicitan no atender ese llamado ilegal.-

 

 

Unidad de Restitución de Tierras garantiza atención a víctimas, en medio de contingencia por el COVID-19

 

Esta foto del Director Territorial Mario Coral,atendiendo las necesidades de la entidad de su casa./Alexandra Rodriguez B.

Mocoa

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, está comprometida con el bienestar de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado por esta razón, la entidad está cumpliendo con los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional y está tomando medidas, como el trabajo en casa, para evitar la propagación del virus COVID – 19.

La Dirección Territorial Putumayo cuenta con 617 sentencias que han restablecido 3.572 hectáreas a campesinos de diferentes municipios del departamento; y 2 sentencias colectivas que reconocen los derechos territoriales étnicos a los resguardos Selvas del Putumayo y Tëntëyá.

En esta misma oficina, a la fecha hay más de 1.900 solicitudes que se encuentran vigentes y están en etapa administrativa y otras 950 están en proceso judicial en territorio.  Como respuesta a todos estos casos, la política de restitución no para y con el objetivo de garantizar la atención, la Unidad de Restitución de Tierras ha dispuesto diferentes canales, que les permitirán a los usuarios conocer información general sobre la entidad y la oferta institucional; además, podrán acceder a orientación sobre el estado de sus solicitudes.

Los canales virtuales y telefónicos a nivel nacional serán atendidos por profesionales de la entidad que están capacitados para resolver las dudas de los campesinos y las comunidades indígenas y afrodescendientes que buscan la restitución de sus predios o territorios ancestrales.

En la foto: Director territorial Mario Coral Mejia, con beneficiaria Afro/Alexandra Rodriguez B.

Canales virtuales:

 

 

  • El chat interactivo y las videollamadas estarán disponibles a través de la aplicación WhatsApp a la que pueden acceder a través del siguiente vínculo: https://wa.link/d68qpl.

 

  • A través de las cuentas en las redes sociales: en Twitter como @URestitucion; en Facebook como Unidad de Restitución de Tierras; y en Instagram como @restituciondetierras, la ciudadanía puede conocer todas las novedades acerca del proceso restitutivo y consejos útiles para evitar la propagación de la epidemia.

Líneas telefónicas:

 

  • Por medio de las líneas de celular: 322 3463483, 314 4397404 y 322 3463504, profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras, del nivel central en Bogotá, estarán prestos a resolver cualquier duda.

 

  • La Dirección Territorial Putumayo también cuenta con las siguientes líneas telefónicas activas para la atención al público:

 

TERRITORIAL SEDE NOMBRE NÚMERO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO
Putumayo Mocoa Isolina Narváez 311 5614807

310 2193641

Isolina.narvaez@restituciondetierras.gov.co

La participación y la atención a las víctimas es primordial, por esta razón la entidad continuará promoviendo la participación de los líderes de restitución de las diferentes regiones, a través de los canales virtuales que fueron mencionados anteriormente.

La Unidad de Restitución de Tierras no abandonará a las víctimas y les pide comprensión frente a las medidas de prevención establecidas, que son necesarias para garantizar la integridad de los solicitantes y para contener la propagación del virus, que representa un desafío para todos los colombianos.

San Miguel, Putumayo un pueblo de coca, y esperanza

 La esperanza d un pueblo llamado San Miguel/SEMANA

San Miguel

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

No es raro decir que en Colombia la guerra se nos volvió paisaje, pero especialmente aquí, en San Miguel, Putumayo, si los ríos y los árboles pudieran hablar, nos ayudarían a reconstruir una historia de sangre, injusticia y explotación que no muchos se atreven a contar.

Si nos damos a la tarea de buscar en Google ‘San Miguel’ o ‘La Dorada’, que es el nombre de su cabecera municipal, los resultados son tan escuetos que uno concluye que no todo está en el superpoderoso buscador. A duras penas encontramos su posición geográfica, en el sur oriente del departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador.

De allí surge la necesidad de crear un espacio para contar la historia de sus habitantes, los cambios que envuelven a su tierra, cómo avanza el llamado posconflicto y si algún día florecerá la esperanza. Este es un primer acercamiento a San Miguel a través de algunos de sus habitantes: Ricardo, Margarita y Freddy*.

La historia de San Miguel empieza en los años 50, cuando empezaron a llegar colonos de Nariño a estas tierras de Putumayo.

Casas en San Miguel sector rural donde familias quieren borrar las huellas de un pasado/SEMANA

Huellas de horror

En la segunda mitad del siglo XX, la apertura de la trocha entre Puerto Asís y San Miguel marcó el inicio en los procesos de colonización del segundo.

Así lo recuerda don Ricardo, un hombre sabio, que se le mide a cualquier trabajo, de unos ojos verdes y una mirada dócil que reflejan su carácter: afable y perseverante. Él llegó de Ecuador a sus 5 años, en 1969, cuando el pueblo ni existía, se trataba de un área rural extensa, llena de fincas, naturaleza infinita y una tranquilidad que hoy en día produce nostalgia. “Todo el mundo vivía de la agricultura. Si a usted le hacía falta el arroz, el vecino le daba. A pesar de que las casas quedaban distantes había mucha unidad”.

Con el inicio de las exploraciones y explotaciones petroleras, las cosas cambiaron pues se generaron importantes movilizaciones, especialmente de familias nariñenses. Pero lo que realmente marcó un precedente fue la bonanza cocalera desde mediados de los setenta, cuando grandes migraciones se asentaron en su cabecera municipal y a sus alrededores.

Esta población dejó su vocación petrolera con la llegada de la bonanza cocalera. 

Manos de un hombre dedicado al raspe d ela hoja de coca en San Miguel/SEMANA

«Con los cultivos ilícitos comenzó el peligro. Esto generó platica, la gente comenzó a comprar armas, ya no se resolvían los problemas hablando sino a tiros. Eran problemas dentro de la misma comunidad, pero también había ya presencia de algunos grupos armados y de narcotraficantes».

Precisamente esa época marcó la infancia de Freddy, quien nació en San Miguel en el 86 y en la actualidad es trabajador público: “Antes, los sábados y domingos había tres, cuatro muertos. Sonaban los tiros y nosotros como niños salíamos corriendo a ver quién era el muerto”.

Por esa época, además, ya sostenía una estrecha relación con el producto de moda: “Mi papá vendía coca, mejor dicho, todos los que somos de aquí estamos relacionados con la producción. A nosotros nos enseñaban cómo hacer la pasta para la cocaína”, agrega.

Cuentan que, por esos años, en los fines de semana no se podía caminar de la cantidad de gente que había. La plaza central, los mercados, tomaderos y alrededores estaban repletos, pues la coca estaba en furor y con esto llegó una excesiva demanda de personal, tanto así que algunos finqueros llegaban a tener entre 15 y 18 trabajadores diarios.

Dada la ausencia del Estado y el avance de una economía extractivista, surgió una riqueza sin desarrollo. San Miguel se convirtió en un pueblo donde abundaba la plata en los bolsillos y se disfrutaba de lujos como motos de alta gama, televisores último modelo, ropa de marca y grandes festejos, pero se carecía de hospitales, electricidad y vías.

Fue en ese vacío de gobernabilidad y boom cocalero que el frente 48 de las FARC vio una oportunidad de asentamiento. En los noventas, los negocios, la justicia, las decisiones administrativas y hasta cotidianas, como decidir lo que es ético o no, pasaban por sus manos.

Esto fue así hasta la aparición del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 1999 llegaron con su ‘bautizo de fuego’, es decir, cuando entraron oficialmente a tomarse San Miguel y El Placer, convirtiendo este último en su base militar. De La Dorada se fueron, pero no por mucho tiempo, pues al siguiente año volvieron para quedarse.

Entre los habitantes de San Miguel está Margarita, madre y líder comunitaria, quien mantiene vivos los recuerdos de la guerra, con fechas exactas y descripciones detalladas:

“Llegamos con las niñas desde Pitalito (Huila) a San Miguel el 17 de agosto del 2000. Nos habían dicho que aquí era muy bueno, nos pusimos a trabajar con cartón y vidrio, pero cuando llegamos, mi esposo, que se había venido 15 días antes, me dijo: ‘usted no puede salir’. Y yo: ‘¿Cómo así que no puedo salir?’ Yo no sabía nada sobre los paramilitares”, recuerda Margarita con una perplejidad que contagia.

“Llegaron golpeando a todas las casas, sonaba una plomacera. A nuestra puerta llegó un hombre afro, grande, con un arma grandísima, preguntó cuántos éramos y nos mandó a todos para el parque. En esa salida nosotros estábamos preocupados, porque claro, nadie nos conocía aquí,  apenas llevábamos un mes completico, ¿quién iba a abogar por nosotros?”.

Don Ricardo también recuerda ese día con claridad: “Ese día mataron como a 60 personas, nosotros escuchamos los tiros, todo el mundo lloraba, no se sabía quién era quién. Luego salieron unos a pintar las paredes y toda esa vaina. Mataron a mucha gente, yo recuerdo que vinieron unos señores en busca de trabajo de Ecuador, con maleticas y todo, y cuando vieron que estaban matando gente salieron a correr, los cogieron a tiros por detrás”, asegura.

Llegó el año 2000. Un cambio de siglo que no significaba esperanza ni mucho menos progreso. Eran los tiempos de la guerra, de su crudeza, de la vida sin garantías. Según el boletín del censo general del 2005, San Miguel tenía una población de 15.245 personas, y en la actualidad registran 10.350 víctimas del conflicto armado, 6.541 desplazados y 597 homicidios, según datos abiertos de la Unidad para las Víctimas.

En medio de la hegemonía de las AUC, La Dorada se convirtió en un pueblo fantasma.  A partir de las 6 de la tarde no se veía a nadie. “Uno no tenía a quién pedir ayuda. Si llegaba un campesino con una herida, la Policía de una vez lo reportaba, llegaban los paras pensando que era un guerrillero que se había escapado y entonces lo mataban, así sin averiguar. Había mucha complicidad”, sentencia don Ricardo, herido en cuerpo y alma por la guerra.

“Un man de esos se enamoró de la mujer que yo tenía y me iba a matar por eso. Él llegaba a la casa como si fuera el dueño, con armamento y todo. Yo me fui”.

Desde el 11 de junio de 2001, Ricardo carga en su pierna izquierda con un peso de más: “Salí desplazado del lugar donde trabajaba, un ranchito en la vereda de Agua Blanca, donde tenía animalitos y cultivos. Siempre cruzaba por ahí gente armada, a veces paramilitares, a veces guerrilla. Un día que yo estaba ahí comenzaron a disparar de un lado y del otro y yo quedé en el medio, ahí recibí el disparo”.

<<Nunca fui donde un doctor porque era peligroso. Me hice la curación y comencé a sanarme, aunque todavía siento la bala>>.

Como es sabido en muchos pueblos de Colombia que pasaron por la misma historia, no bastaba con quedarse encerrado en la casa y no hacer nada para provocar a los paramilitares, acá ellos imponían el ritmo de vida. Los citaban a reuniones y el que no estuviera presente lo planeaban (golpes con la parte plana de un machete). Incluso obligaban al alcalde a declarar día cívico según su antojo.

Freddy recuerda las órdenes del comandante Blanco: “Me traen 50 gallinas, tal barrio hace un sancocho comunitario, los otros barrios cortan la maleza y limpian todo”. Y ni hablar de diciembre cuando las casas y calles tenían que relucir con el espíritu navideño según las exigencias de las AUC.  “Las calles tenían que estar todas arregladas, eran luces por todas partes, daban premios por eso. En esa época era bonito porque era bastante luminoso”, agrega.

A otros la guerra nunca les dio una tregua. Sin importar que fuera primero de enero, que estuvieran en medio de una reunión familiar, sin importar la edad, si eran culpables o inocentes. Este es el caso de las hermanas Galárraga: Yenny Patricia, de 22 años; Nelsy Milena, de 18; Mónica Liliana, de 18 y María Nelly, de 13 años, quienes fueron secuestradas, abusadas sexualmente, torturadas y asesinadas por miembros de las AUC por ser supuestas colaboradoras de la guerrilla.

La historia de esta familia es una prueba más del completo abandono en el que vivían sus habitantes, pues una vez raptadas de su casa, la madre de las jóvenes y otra de sus hijas reportaron el caso a las autoridades, las cuales temían involucrarse en el caso por miedo a represalias.

Tuvieron que pasar diez años para conocer la verdad y pasar de soñar con un reencuentro a añorar una sepultura. Hoy se rinde memoria a estas mujeres con una placa que lleva sus nombres ubicada en el parque Jacinto Torres de La Dorada.

En San Miguel, la gente sabe que el pueblo está rodeado de fosas comunes, algunas de las que aún no han sido exhumadas.

Margarita recalca en la necesidad de construir memoria. Para ella es necesario que el país conozca lo que esta guerra dejó: familias fracturadas, camposantos donde ahora crece la maleza, casas abandonadas, trincheras y hasta almas en pena.

El temor ronda por el pueblo en silencio y por eso algunos se van./SEMANA

Zozobra disfrazada de paz

¿Qué tanto cambió el panorama en San Miguel después de la desmovilización de las AUC en el 2006 y del acuerdo de paz con las FARC? La respuesta es ambigua, es como describir un rostro compuesto por dos caras: por un lado, se respira mejor que antes, muchísimo mejor, pero por el otro, se sigue escuchando un murmullo letal que te hace dormir con un ojo abierto.

“En comparación con los tiempos que hemos vivido, San Miguel está muy tranquila. La gente está ampliando su mirada, ya no solo está en los cultivos ilícitos, están buscando otras salidas sembrando cacao, panela, caña”, expresa don Ricardo.

“Aunque, siendo honestos, la coca disminuyó en la parte más cercana, pero aumentó en las partes más lejanas. Allá se van los grupos armados detrás del dinero y allá es donde llega la guerra”, sentencia.

Para nadie en San Miguel es un secreto que en el Bajo Putumayo constantemente circulan panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Águilas Negras, quienes encuentran en ese método maneras efectivas de amedrentar, imponiendo toques de queda y el terror.

La incertidumbre también la comparte Freddy, quien vivió en carne propia las fumigaciones aéreas del Plan Colombia: “La gente tiene incertidumbre sobre la manera en que van a acabar los cultivos. En la época de la fumigación con glifosato daba pena salir al campo, uno miraba micos en los árboles y ni una sola hoja”, recuerda. Pero el problema va más allá, pues a pesar de que Putumayo es el sexto municipio con mayor producción de petróleo en Colombia, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos: “a la fecha las vías están en pésimo estado, tanto urbanas como rurales. La electricidad también falta, la parte oriental del municipio está a oscuras”, agrega.

¿Se vale soñar?

Margarita, Ricardo y Freddy reaccionan de la misma manera cuando se les pregunta sobre el futuro de su municipio: inhalan profundo, elevan su mirada y se toman su tiempo.

Margarita pone la política como base; para ella, que ha sido amenazada y víctima de extorsión, las estrategias que utilice el nuevo gobierno será lo que marque el rumbo de San Miguel.

Don Ricardo, por su parte, se aferra al presente, a lo que escucha y ve a diario: “Como van las cosas puede que se vuelva a dañar. Dentro del pueblo se ve el comercio, sin embargo, la gente tiene miedo, se ve entrar gente armada”. Aún así, él seguirá en la tierra donde después de décadas de trabajo por fin está construyendo su sueño más grande: su “ranchito”.

“Creo que La Dorada está creciendo y de buena manera. Soy uno de los que nació, creció aquí y espero morirme aquí”, termina Freddy. Un pensamiento que muchos comparten, como don Ricardo: “San Miguel es un sitio hermoso, aquí hay diversidad de plantas, de animales y de costumbres porque aquí se encuentra gente de todo lado (paisas, pastusos, caucanos, costeños, ecuatorianos) de todo lado”.

Esto a fin de cuentas es San Miguel, un pueblo que quiere volver a nacer con los que nunca se fueron, y gracias a la tranquilidad que hoy se vive, también con los que están retornando, reencontrándose con los suyos y con sus raíces. Aunque la esperanza penda de un hilo, la gente se sabe aferrar bien.

*Los nombres verdaderos fueron modificados para proteger la identidad y seguridad de los entrevistados.

 

Frontera porosa en San Miguel Putumayo

Uno de los pasos clandestinos en la frontera entre Ecuador y Colombia en la región de Putumayo/SEMANA

Audio alcalde: beyer peña gamba

Mocoa/COLPRENSA

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

A pesar de las disposiciones adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para contrarrestar la pandemia del COVID 19 y el cierre total de fronteras, en la población de San Miguel al sur del departamento del Putumayo en frontera con el país de Ecuador, la situación es distinta.

Según lo manifestado por el alcalde de esa localidad selvática y fronteriza, Beyer Peña Gamba, existen un número no determinado de pasos fronterizos clandestinos que están siendo usados por personas que quieren ingresar al país en forma ilegal y burlando las medidas preventivas del Coronavirus.

Peña Gamba, indico que a pesar que hay presencia de ejército y policía y un control departamental en salud, son cientos los viajeros, que llegan del vecino país del Ecuador, al municipio de San Miguel, en su afán de continuar su viaje a otros municipios del Putumayo inclusive del país para pasar la cuarentena.

“Encontramos a diario hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad caminando por las trochas del municipio procedentes del Ecuador, evadiendo los controles migratorios”; señalo el mandatario.

El mismo alcalde manifestó que en estos momentos no se tiene la capacidad para practicarles los controles en salud en el tema de Coronavirus a estas personas que pueden ser portadoras del virus ya que provienen de una zona donde hay varios casos reportados como lo es la provincia de Sucumbíos Ecuador.

La primera autoridad municipal  hizo un llamado casi de ruego al Gobierno Nacional, para que le envíen los elementos necesarios para practicar los exámenes a los cientos de personas que a diario están ingresando a su municipio y que en ocasiones ha tenido que devolver.

“Muchos de ellos y por la medidas en el departamento les toca quedarse en el municipio y otros logran llegar a La Hormiga, donde quedan varados porque allí es más fácil ejercer el control ya que solo hay un solo paso vial”; puntualizo el mandatario.

Sigue siendo San Miguel una frontera porosa ya que no son únicamente los viajeros, sino, una gran cantidad de mercancías y alimentos que ingresan de forma clandestina desde el Ecuador por estos pasos clandestinos.

El coronel Francisco Gelvez Alemán, comandante de la policía del Putumayo, admitió esa debilidad que existe en ese punto de la geografía del departamento la cual calificó de grave a pesar de la presencia de sus unidades y del ejército, pero que para él son varios los pasos clandestinos difíciles de controlar.-

 

 

 Ni el Coronavirus detiene la erradicación en Putumayo

Continuan la erradicaicion en Putumayo a pesar de la Pandemia/Foto archivo/COLPRENSA

Mocoa/LBM

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para contrarrestar la expansión del Coronavirus por el territorio nacional y donde se pide aislamiento de la misma comunidad para evitar el contagio, en varias veredas del medio y bajo Putumayo se observa como erradicadores contratados por el Gobierno Nacional y acompañados por policías y ejército arrancan las matas de coca y en otros lugares fumigan con glifosato bajo el método manual con bombas.

Campesinos de estos lugares vienen denunciado el hecho ante la Red de Derechos Humanos del Putumayo, que emitió un comunicado de alerta a la opinión pública mediante un comunicado.

Una de las veredas donde hay erradicación  es Nueva Granada,  la misma donde el pasado 19 de marzo desconocidos asesinaron al dirigente social Marcos Rivadeneira. Según la Red de DD.HH los erradicadores entraron 24 horas después del suceso con el líder social.

Textualmente un habitante de la vereda le escribe  a la Red y le manifiesta: “Aproximadamente a las 9:30 am un grupo de uniformados de la Policía antinarcóticos llegó a predios de la vereda Nueva Granada, en zona rural de Puerto Asís, Putumayo realizando fumigación de glifosato a cultivos de coca, con motobombas.

 

A esta hora campesinos y campesinas de la vereda realizamos cerco humanitario protegiendo los cultivos de los cuales dependen nuestra subsistencia”. Escribió el labriego.

Según este medio pudo establecer que en los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo, se están realizando las erradicaciones.

Hasta la fecha no se ha podido obtener información por parte de la policía  para escuchar su versión.

Por su parte Yuri Quintero, vocera de la Red de DD.HH del Putumayo, ha manifestado: Que como Red advertimos que esta situación puede desembocar en enfrentamientos en el transcurso de los días que dure la erradicación.

Seguimos insistiendo al Gobierno Nacional, Departamental y municipal, iniciar diálogos con el campesinado que permita lograr acuerdos para impedir salidas violentas a la crisis social generada alrededor de los cultivos de uso ilícito.

Este diálogo debe empezar por aceptar por parte del Gobierno Nacional, el incumplimiento generalizado e integral del Programa Nacional Integral de Sustitución PNIS que ha desembocado en la continuidad de este cultivo en el departamento y la región.

Hacemos un llamado a las agencias internacionales presentes en el territorio, la Defensoría del Pueblo, Procuradoría General de la Nacional y organizaciones defensoras de DDHH a realizar seguimiento a los hechos acá informados instando a diálogos que permitan salidas pacíficas a esta problemática”. Puntualizo la vocera.

 

En Putumayo fiscalía crea unidades especiales para contrarrestar la especulación

Acciones del CTI en control de precios en droguerías/COLPRENSA

Mocoa/COLPRENSA

Debido a la serie de especulaciones que se han registrado en los últimos días en varios supermercados, tiendas, droguerías, y otros establecimientos públicos la Fiscalía General de la Nación, decidió crear las Unidades Destacadas para los delitos de orden económico para las especulaciones de los productos de la canasta familiar.

Para el departamento del Putumayo  se ha designado una de estas unidades para que la comunidad denuncie cuando se presente especulaciones en los precios de los productos de la canasta familiar y de primera necesidad igualmente cuando se registren acaparamientos.

 

Campaña para denunciar especuladores y acaparadores

Voceros oficiales de la fiscalía en este departamento recomendaron a la ciudadanía  denunciar los abusos de los precios y a las personas que también estén incurriendo en acaparamiento, denuncias que las pueden hacer a la policía, en las alcaldías y en la misma fiscalía.

Desde hay acciones conjuntas entre la Policía Nacional, gobernación, alcaldías municipales y personal del CTI de la Fiscalía, para ubicar a los comerciantes que estén especulando con los precios y las personas que estén acaparando en los 13 municipios del Putumayo.

En algunos municipios como Puerto Asís, el alcalde ha diseñado una estrategia para que las personas pueden hacer sus comprar para evitar aglomeraciones y es una especie de Pico y Placa, teniendo el número final de la cédula de ciudadanía.

 

 

 

 

Comisión de la Verdad pide que se haga justicia tras el asesinato del líder social Marcos Rivadeneira

 

En la foto: Francisco De Roux presidente de la Comision de la Verdad/COLPRENSA

Mocoa/COLPRENSA

Por: Germán Arenas Usme

@gerperiodista

Sobre el asesinato de Marco Rivadeneira el pasado 19 de marzo en una apartada vereda selvática del Putumayo, Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad manifestó: “En estos tiempos del Coronavirus apreciamos las medidas extraordinarias del Gobierno Nacional y local para proteger la vida”.

Según el padre De Roux, se constató que sí es posible actuar con poder de Estado, cuando hay voluntad al tiempo que solicito  que se actúe de la misma manera extraordinaria ante la violencia política unida al narcotráfico que ya acabó con centenares de miles de personas en Colombia y continúa matando líderes y destruyendo comunidades.

Marco Rivadeneira, líder social histórico del departamento del Putumayo, líder campesino nacional y vocero de La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Coeuropa), fue asesinado por tres hombres armados en la Vereda Nueva Granada, al sur de Puerto Asís Putumayo. Hacía parte de la Mesa sobre Cultivos de Uso Ilícito de Aso-Puerto Asís (Putumayo) de las comunidades de Puerto Vega y Teteyé que habían quedado por fuera del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y que habían sido víctimas de múltiples violaciones de Derechos Humanos.

Con larga trayectoria en defensa de los DD.HH, Marco y la organización que presidía, ASO-PUERTOASIS, comprometidos con el Acuerdo y la construcción de Paz, habían llegado a un acuerdo el 6 de agosto de 2019 con el Ministerio del Interior con el fin de crear e impulsar sus propias iniciativas de sustitución de la coca y se oponían a la erradicación forzada, en un contexto de crítica confrontación entre grupos armados.

ASO-PUERTOASIS participó el pasado 3 de marzo en la Mesa por la Vida efectuada en Puerto Asís convocada por la Procuraduría, la Defensoría y la Comisión de la Verdad y donde los líderes sociales denunciaron la grave situación de inseguridad, los incumplimientos e insuficiencias del gobierno en los compromisos con la sustitución de cultivos y los conflictos socio ambientales por la explotación de proyectos minero energéticos.

De Roux expreso literalmente: “El asesinato de Marco Rivadeneira ha generado terror en la región donde otros líderes sociales están en riesgo y deben ser protegidos cuanto antes. Es urgente conformar una misión humanitaria que se desplace al territorio”.

La Comisión de la Verdad lamento el asesinato intolerable de un líder de irremplazable valor para las comunidades, al tiempo que le solicita  al Estado que se haga justicia plena, expresa solidaridad con la familia y el campesinado del Putumayo y reitera la decisión de seguir trabajando por la no-repetición de la tragedia del conflicto armado interno.

Líder social Marcos Rivadeneira/Archivo particular

Un extranjero que amaba la paz para Colombia

En una forma paralela la Procuraduría General de la Nación emitieron un comunicado conjunto a la opinión pública donde rechazan con vehemencia  el atentado contra una persona que fue esencial para cohesionar a las comunidades campesinas del Putumayo en torno a la sustitución de cultivos y el tránsito a alternativas productivas sustentables.

Marcos Rivadeneira, a pesar de no haber nacido en Colombia, dedico generosamente sus días a buscar un porvenir para esta región del país que históricamente ha sido golpeada por el conflicto armado, lo cual expreso en varios encuentros y diálogos con el Ministerio Público.

En el mismo comunicado le manifiestan a los responsables materiales e intelectuales su repudio al uso de la violencia arbitraria contra los liderazgos más importantes del país, al tiempo que anunciaron comprometer todos los esfuerzos institucionales para que las autoridades judiciales los investigue, juzgue y sancione.

Fernando Carrillo Procurador General de la Nación    y Carlos Negret Mosquera Defensor del Pueblo concluyeron en el comunicado manifestando que el asesinato de Marcos Rivadeneira no puede ser en vano, como no lo fue su vida. A las autoridades le requieren una acción urgente, no solo para investigar lo acontecido sino, además, para proteger a las comunidades del Putumayo que fueron acompañados por Rivadeneira. Este proceso organizativo  debe ser priorizado   para emprender acciones de protección colectiva y no permitir que se resquebraje por el actuar violento de quienes están detrás de este homicidio finalizan diciendo en el comunicado.-

 

Toque de queda en Putumayo por culpa del Coronavirus

Gobernador Buanerges Rosero Peña y secretario de Salud del Putumayo Jorge Molina/COLPRENSA

Mocoa/COLPRENSA

El gobernador del Putumayo Buanereges Rosero Peña, en conferencia ofrecida en la tarde de hoy en la sala de juntas del despacho leyó el decreto 0181 del 20 de marzo del 2002 donde se adoptan medidas para contrarrestar la llegada de la pandemia del Coronavirus al territorio.

En uno de los apartes del 0118 se decreta ordenar el toque de queda, en todo el territorio del departamento  del Putumayo, prohibiéndose la libre circulación de personas desde el día 20 de marzo del 2020 hasta el día 20 de abril del 2020 dentro del siguiente horario de 9 pm hasta 5 de la mañana del día siguiente.

Igualmente limitar totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del  departamento del Putumayo, entre el día sábado 21 de marzo de 2020 a las 12 del mediodía hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 5 a, exceptuando las personas y vehículos estipulados en el literal  C del artículo segundo del mismo decreto, se exceptúa de esta medida, las vías de orden nacional.

El mandatario también indico que queda prohibido el ingreso de ciudadanos de nacionalidades extranjeras a este territorio y los que ya se encuentran deben de realizarse los exámenes de rigor y someterse a un aislamiento como lo mandan los protocolos de salud.

El mandatario reitero que entre todas las personas que habitan en el Putumayo deben de ayudar para contrarrestar la presencia del COVID 19,  y por ello se adoptan las medidas que sean necesarias para lograr ese fin.

El decreto tiene otras medidas de igual importancia que las anteriores.-

Asesinado el líder social de Puerto Asís Putumayo Marcos Rivadeneira

 

 

 

 

 

 

En la foto Marcos Rivadeneira

Puerto Asís/COLPRENSA

La Red d DDHH del Putumayo, Piamonte – Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos, Ipiales – Nariño, denuncia el homicidio del dirigente social  y político Marcos Rivadeneira

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2:30 de esta tarde 19 de marzo  mientras participaba en una reunión de campesinos en la vereda Nueva Granada, Corredor Puerto Vega – Teteyé, jurisdicción de Puerto Asís Putumayo, 3 hombres de civil y armados se acercaron y lo sacaron del lugar para llevárselo con rumbo desconocido.

Aproximadamente media hora después llegó información en el sentido de que habría sido asesinado.

Marcos era un reconocido dirigente político y social integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís *ASOPUERTOASÍS, quien venía gestionando ante el Gobierno Nacional para que los campesinos no PNIS fueran incluidos en ese programa presidencial o por lo menos quedaran dentro de un proyecto piloto.

Sobre este nuevo hecho de violencia las autoridades no se han pronunciado.

 

Noticia en desarrollo.

 

 

Mujer desplazada por la violencia recibe casa nueva en compensacion

 

En la foto: Mario Coral Mejía director territorial URT y María Rosario beneficiaria del Putumayo/Alexandra Rodriguez B.

Mocoa/COLPRENSA

Maria Rosario, una mujer de piel de ébano curtida por el sol de las selvas del Putumayo, un día cualquiera del año 2002 tuvo que salir de su pueblo natal Puerto Limón jurisdicción de Mocoa, huyendo de la violencia que por esos días campaba en este departamento al sur de Colombia.

Fueron casi 530 kilómetros de distancia que la separaban der su terruño y de sus familiares. Su salida fue tan repentina como los vientos de otoño y con un ligero equipaje lo dejo todo atrás y todo por las intimidaciones de que fue víctima por los paramilitares que disputaban el territorio con la entonces guerrilla de las Farc.

Su nombre, como el de muchos en el departamento, había estado circulando en panfletos, en medio de una lista de personas a las que el grupo delincuencial deliberadamente iba asesinando. Por esta razón, decidió establecerse en el centro del país, radicándose en Girardot, Cundinamarca.

Dos años antes, había gestionado un préstamo bancario, con el que pudo cumplir uno de sus más grandes sueños: comprar su propia casa de 112 m2 totalmente construidos, en Mocoa; pero la difícil situación económica que tuvo que enfrentar toda su familia hizo que por no pagar la deuda perdiera el vínculo jurídico con su inmueble.

Después de sobrevivir a muchas situaciones adversas, María del Rosario decidió volver a Putumayo y solicitar a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la reparación por todos los daños causados por su desplazamiento en el marco de la violencia.

“Su caso es uno de los más inusuales en esta territorial, puesto que se trataba de asuntos administrativos desatendidos a causa de su situación violenta, aun así, con gran destreza, logramos representarla y obtener una sentencia a favor. La reparación se consiguió a través de compensación, el avaluó definió uno de los valores más altos que se han adjudicado, $111.000.000, que se invirtieron en la compra de una casa similar en Villagarzón y su posterior entrega a la beneficiaria”, mencionó el Director Territorial, Mario Fernando Coral Mejía.

En la foto: Mario Coral Mejía director de la URT Putumayo y la señora María Rosario/Alexandra Rodriguez B.

“Encontré personas muy buenas en el camino. Es una gran satisfacción que esta institución hiciera todo para devolverme lo que con gran esfuerzo había empezado a construir antes de irme de acá”, dijo María del Rosario, después de firmar las escrituras de su nueva vivienda.

De esta manera, a través de la política de restitución de tierras, la entidad trabaja para que los derechos los solicitantes sean reparados genuinamente, fortaleciendo su núcleo familiar y logrando la transformación de sus vidas.

Hoy esta mujer luchadora de la vida y madre de 5 hijos con ojos de color azabache y con sonrisa a piel de flor celebro que a través del Banco Agrario y con la orden del juzgado de Restitución de Tierras de Mocoa, el Estado la reparó por un inmueble avalaudo en 111 millones de pesos.

 

 

 

Blog Germán Arenas Usme